El Gobierno facilita que los menores migrantes sin familia puedan trabajar y que no pasen a ser ilegales a los 18 años

  • Seguridad Social reforma la ley de extranjería para facilitar el permiso de residencia y trabajo a estos jóvenes, tutelados e instruidos por el Estado.
  • Actualmente, a estas personas se les exigen ingresos de hasta 2.200 euros al mes para el permiso de residencia y, al mismo tiempo, no se les deja trabajar.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
J.J. GULLEN / EFE
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El Gobierno aprobó este martes un decreto para acabar con la paradoja que supone que, en la actualidad, los menores migrantes sin familia que están tutelados por el Estado hasta los 18 años pierdan ese apoyo al cumplir la mayoría de edad y, a la vez, se les pongan condiciones casi imposibles para obtener el permiso para trabajar y residir en España. Esta reforma de la ley de extranjería entrará en vigor a principios de noviembre y, según el Ministerio de Seguridad Social -impulsor de la medida-, beneficiará a 15.000 jóvenes: unos 8.000 menores migrantes no acompañados y otras 7.000 personas de entre 18 y 23 años que estuvieron tutelados y ahora residen de forma irregular.

El decreto fue aprobado este martes en Consejo de Ministros, aunque fuentes de Seguridad Social concretan que entrará en vigor el próximo 9 de noviembre, 20 días después de su publicación en el BOE. Básicamente, la nueva norma trata de simplificar el proceso de documentación de los menores migrantes que llegan a España sin familia para que no alcancen los 18 años sin estar filiados y, una vez conseguida esta documentación, les facilita los trámites para conseguir los permisos de residencia y trabajo. La idea es acabar con la "rigidez" de la actual normativa, que provoca que muchos de estos jóvenes, en cuya formación las comunidades invierten recursos públicos, queden de golpe en situación irregular al cumplir la mayoría de edad.

En la actualidad, cuando un menor llega a España de manera irregular sin una familia que lo acompañe, el Estado no lo documenta hasta nueve meses después de acogerlo, con la inseguridad jurídica que ello conlleva. La nueva normativa reduce a tres meses este plazo a partir del cual el menor tendrá derecho a estar filiado, aunque eso no significa, explican fuentes de Seguridad Social, que el Estado renuncie a repatriarlo. Para expulsar a un menor que ha accedido a España de manera irregular, no obstante, primero hay que localizar a su familia en su país de origen, y el Estado debe comprobar que se trata de un entorno estructurado, lo que no siempre es sencillo.

La reforma deja claro que estos menores acogidos por el Estado tendrán derecho a trabajar -como cualquier español- a partir de los 16 años, un extremo que la actual norma no concretaba. Pero la principal novedad está en el tratamiento legal que reciben estos jóvenes tutelados una vez cumplen los 18 años, porque la inusitada dureza de los requisitos que actualmente se les exigen para conseguir el permiso de residencia o el de trabajo provoca que menos de un 10% de los menores no acompañados logren trabajar regularmente un año después de cumplir la mayoría de edad, según datos de Seguridad Social.

Altas exigencias económicas sin derecho a trabajar

Ahora, cuando un menor migrante tutelado por el Estado cumple los 18 años, la única vía que tiene es solicitar la residencia no lucrativa. Para conseguir un permiso provisional por el plazo de un año, estos menores deben acreditar tener ingresos de al menos 565 euros mensuales, algo improbable. Eso no es todo: una vez pasado este año, si quieren extender su estancia en España, se les exige que garanticen tener ingresos de más de 2.200 euros al mes. Y todo ello sin que puedan legalmente trabajar, ya que este permiso de residencia no lucrativa no incluye un permiso de trabajo y la única manera de conseguirlo para estos jóvenes es, paradójicamente, encontrar un empleo con una duración mínima de un año.

Esos requerimientos son la clave del actual agujero legal que provoca que, en muchas ocasiones, menores que han sido tutelados y formados por el Estado hasta los 18 años pasen a la irregularidad de golpe al convertirse en mayores de edad. Y lo que hace la reforma aprobada este martes es reducirlos muy notablemente: a partir de ahora, cuando una de estas personas cumpla los 18 años mantendrá el permiso para trabajar que le otorgará la ley desde su decimosexto cumpleaños, y solo tendrá que acreditar tener ingresos de 469 euros mensuales para mantenerse en España. Además, estos ingresos podrán provenir de un empleo, pero también del sistema de protección social o de ayudas proporcionadas por entidades privadas.

El decreto aprobado este martes también modifica la situación de los menores migrantes no acompañados que cumplen los 18 años en suelo español sin tener ningún tipo de documentación, en muchas ocasiones porque los trámites burocráticos y la actual legislación dilatan este proceso de filiación. El nuevo sistema establece que tendrán derecho a ser documentados siempre que cumplan los mismos requisitos de ingresos establecidos para los menores que sí están filiados y que alcanzan los 18 años, mencionados en el párrafo anterior. Y a esa autorización también podrán acceder temporalmente los jóvenes extutelados que tengan ahora entre 18 y 23 años y se encuentren indocumentados.

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