El Congreso de los Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley de Formación Profesional con la que el Gobierno pretende rediseñar una oferta formativa adaptada a las necesidades del mercado laboral y recortar con ello la tasa de desempleo, especialmente del juvenil. El texto, que pasará al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, fue aprobado por mayoría absoluta, con 180 votos a favor (PSOE, UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV), 75 abstenciones (Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís) y 88 votos en contra de los diputados del Partido Popular.

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La norma -que fue aprobada en la Comisión de Educación del pasado 1 de diciembre con ningún 'no'- forma parte de la estrategia de modernización iniciada por el Ejecutivo en el ámbito educativo, también con la LOMLOE, con el fin de impulsar la formación como palanca para el mercado laboral y el desarrollo económico. Llegó al Congreso tras un largo camino de negociación con los agentes implicados, por lo que la previsión del Ministerio de Educación era que se diera luz verde a la iniciativa "sin ni un voto en contra", lo que la habría convertido en la ley educativa con más apoyos conseguidos en la democracia. 

No obstante, y ante la sorpresa del hemiciclo, el rechazo del PP ha frustrado ese hito. Su voto en contra se debe, según manifestó la diputada popular, Beatriz Jiménez, a un consenso que considera que Educación ha abanderado, pero que no ha trasladado a las mesas de negociación con su partido. "Se han presentado 83 enmiendas, de las cuales se han aceptado cuatro. ¿Ese es el consenso y la unanimidad?", reprochó Jiménez durante su intervención previa a la votación.

Entre las principales novedades que presenta la nueva FP destaca que no se dirige únicamente a estudiantes, sino al conjunto de la población (tanto empleados como desempleados) para facilitar la formación a lo largo de la vida profesional. Además, toda la oferta pasará a ser dual, lo que significa que se ancla la enseñanza entre las aulas y las prácticas en empresas.

Una oferta más atractiva para aumentar el nivel de cualificación

La idea es doblar el número de trabajadores formados en España facilitando la acreditación de las competencias profesionales, y ofrecer un sistema más atractivo para que un mayor número de jóvenes elijan este camino. ¿El motivo? Pese a que la evolución de los últimos años denota una tendencia al alza, España presenta una tasa de matrícula (12%) notablemente inferior a la media de la OCDE (29%) o de la Unión Europea (25%). Asimismo, el 48% de la población activa española (11 millones de personas) no tiene un título que verifique sus competencias profesionales, aunque acumulen años de experiencia laboral.

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La iniciativa tiene una vista a largo plazo, con el horizonte puesto en lograr que la población con baja cualificación descienda del 35% al 15%, ya que las previsiones apuntan que se reducirán considerablemente los empleos de estas características. Así, el esfuerzo irá dirigido a duplicar la población con cualificación intermedia, los técnicos y técnicos superiores. Para ello, el Gobierno ya aprobó una partida inicial de casi 852,5 millones de euros, con los que Educación calcula que se podrán acreditar las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años.

Tal y como adelantó el Ejecutivo en septiembre, la norma contará con una dotación de 5.474 millones de euros a desplegar en cuatro años, de los que unos 1.550 millones proceden de las ayudas europeas.

Claves de la norma: aprendizaje a lo largo de la vida y carácter dual

Uno de los aspectos de los que más eco se ha hecho el Ministerio es la creación de un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E); un nuevo abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que contempla desde unidades más pequeñas o microformaciones (grado A) hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (grados D y E). De este modo, los nuevos niveles formativos quedarían de la siguiente manera: 

Los grados A, B y C, a los que únicamente podrán acceder los mayores de 16 años y que contemplan el sistema de reconocimiento de ciertas competencias: el A, de menor tamaño, conduce a la obtención de una acreditación parcial; el B ofrece un certificado de módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional.  

Ministerio de Educación

En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional, mientras en el E ya se integrarán los cursos de especialización que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado Medio) o Máster Profesional (Grado Superior).

Toda la oferta, independientemente de su tamaño y duración, será acumulable, certificable, y acreditable; y se irá acumulando la información en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a todos los ciudadanos obtener una Vida formativa-profesional actualizada. 

Por otro lado, para asentar el carácter dual del que han dotado este proyecto de Ley, la formación de los Grados C y D deberán incluir un periodo obligatorio de prácticas en empresas, que será de dos tipos: 

Otro aspecto relevante es que se tiende un puente con las universidades para facilitar la conexión entre ambas vías. Así, se propone una convalidación directa de asignaturas (hasta un 25% de los créditos de un grado similar), con el objetivo de que los estudiantes puedan transitar entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Es decir, un universitario podrá impartir enseñanzas de FP, y un alumno de FP podrá hacer lo mismo con la Universidad. 

"Nos vamos dando cuenta que la FP no solo permite el acceso a un empleo de calidad, sino que es una fórmula para continuar la formación. El éxito está tanto en la Universidad como en la FP. Es una opción de primera y de éxito asegurado", destacó la secretaria de Formación Profesional, Clara Sanz, a mediados de noviembre.