El PSOE y Unidas Podemos rechazan la ley de Cs para prohibir homenajes a etarras y penarlos con cárcel y multas

El Grupo Socialista ovaciona en pie a Patxi López tras su intervención en el Pleno de este martes.
El Grupo Socialista ovaciona en pie a Patxi López tras su intervención en el Pleno de este martes.
EFE

El PSOE y Unidas Podemos rechazaron este martes apoyar la ley presentada por Ciudadanos para imponer penas de entre uno y tres años de prisión a los organizadores de los llamados ongi etorri, los homenajes a etarras que salen de prisión, con el argumento de que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ya trabaja en este sentido. Además, los partidos de la coalición celebraron el comunicado publicado este lunes por el colectivo de presos de ETA en el que pedían sustituir los homenajes públicospor "recepciones discretas y en privado". En un tenso debate en el Congreso, Ciudadanos acusó al PSOE de haber llamado a los presos de ETA para que publicaran el comunicado; el PP llamó les definió como "inmorales"; y Vox dijo que los socialistas "tienen las manos manchadas de sangre".

“Los recibimientos nos repugnan porque son una humillación a las víctimas y para el conjunto de la sociedad, que no puede tolerar el recibimiento de un asesino como un héroe”, lanzó el diputado socialista Patxi López, quien fuera lehendakari cuando la banda terrorista anunció que dejaba las armas, desde la tribuna del Congreso. López aseguró que el comunicado de los etarras es “una buena noticia” y “una victoria de las víctimas”.

Además, justificó la negativa de su grupo, que fue adelantada horas antes de la celebración del Pleno, en que Marlaska ya estaría trabajando en la disuasión de los recibimientos. No es la primera vez que los socialistas rechazan iniciativas similares -ya pasó recientemente en el Senado- con este argumento, pese a que aún no se ha materializado ninguna medida de Interior pese a que fuentes del Ministerio llegaron a señalar en septiembre que lo “deseable” era aprobar multas para los organizadores de estas marchas antes de que comenzase 2022. 

La propuesta de Interior es incluir sanciones económicas en la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este texto, de hecho, fue sacado a colación por López, que criticó a la derecha “la carrera por ser el mejor del mundo en atender a las víctimas de ETA” cuando el PSOE, según añadió, ha sido quien aprobó esa ley y quien instauró el 10 de noviembre como el día de las víctimas, llamado Día de la Memoria.

Desde Unidas Podemos, la diputada Pilar Garrido señaló que la ley de Cs “llega tarde y mal” al entender que sus objetivos, entre los que también está la ampliación de condición de víctima a los perseguidos y desplazados y la preservación de la memoria de las víctimas, ya están recogidos en la ley de 2011. Además, señaló que el texto de la formación de Inés Arrimadas lleva, en su opinión, “ideas malintencionadas” porque no cita ni a las víctimas “del terrorismo de Estado” ni a las del terrorismo yihadista. “No es ético reconocer solo el dolor de las víctimas que notamos como nuestras”, añadió a renglón seguido la diputada de UP, que definió como “importante” el comunicado de los presos etarras y pidió “poner en valor las miradas diversas” para construir “una sociedad inclusiva”.

Antes de que subieran al estrado PSOE y Unidas Podemos lo hizo Bildu, cuya diputada Mertxe Aizpurua reprodujo literalmente extractos del comunicado del lunes. “Creo que queda poco por añadir a sus palabras”, defendió después, antes de poner en valor este escrito y el que hizo público el coordinador general de su formación, Arnaldo Otegi, en el que aseguró que sentía el dolor de las víctimas de ETA y señaló que los atentados “nunca debieron haberse producido”, aunque sin pedir perdón de forma expresa. Para Aizpurua ambos comunicados “suponen un paso histórico” porque dijo creer que para avanzar en la “necesaria reconciliación” hay que luchar “por la reparación de todas las víctimas” y reconocer “el sufrimiento generado”, además de “no utilizar el dolor de unas [víctimas] y olvidar el de otras”.

Un encendido debate con aplausos entre bancadas

Con todo, el bronco debate protagonizado por los grupos en el Congreso provocó que apenas se tratara a fondo lo propuesto en la ley de Ciudadanos. “Se ha hablado de todo menos de la ley”, resumió un diputado de Vox, Antonio Salvá, con una frase que fue recibida entre aplausos en su bancada, pero también en la de Ciudadanos, cuyos diputados hicieron recíprocas las muestras de apoyo que les dedicaron los del Partido Popular y los de Vox, que incluso llegaron a ponerse de pie para recibir a Guillermo Díaz, el diputado ponente. Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros inclusive.

“Entre el partido de Miguel Ángel Blanco y el de Otegi, siempre con el de Blanco. Entre el de Ortega Lara y el de Otegi, siempre con el de Lara”, añadió Díaz en su intervención, en la que acusó al PSOE de ser el instigador del comunicado de los presos de ETA y de elegir “el secuestro” de entre “la libertad y el secuestro” y “al verdugo” de entre “la víctima y el verdugo”. “Se quedarán sin poder y se quedarán sin honra”, llegó a espetar mientras miraba a la bancada socialista. No fue, sin embargo, el ataque más duro al PSOE. El diputado de Vox les llegó a decir a los socialistas que “tienen las manos manchadas de sangre”. “Es una forma lamentable de entender la política, no todo vale”, reprochó después López.

Por su parte, el diputado del PP Jaime Mateu reprochó al Ejecutivo haber recibido el apoyo de Bildu para aprobar los Presupuestos de 2022 y criticó la “inmoralidad” de los socialistas. Llegó, incluso, a ofrecer los votos de su grupo para que el Gobierno no negocie con Bildu. Además, dijo compartir el proyecto de ley de Ciudadanos, pero recordó que los populares ya presentaron una ley similar que todavía está en tramitación.

Reconocer a los perseguidos

El texto presentado por Ciudadanos proponía castigar la organización de homenajes a etarras mediante la modificación del artículo 578 del Código Penal, para poder penar con entre uno y tres años de cárcel la organización y preparación de los ongi etorri y con sanciones económicas de hasta 250.000 euros a las administraciones públicas que no actuasen para evitarlos.

También buscaba el articulado ampliar la protección a las víctimas del terrorismo para empezar a considerar como tal a las personas que tuvieron que huir del País Vasco por aparecer en las listas de ETA. En este sentido, se establecía el reconocimiento como tal no solo a los afectados, sino también a sus parejas y a sus hijos. La ley contemplaba otorgarles la posibilidad de volver al lugar de residencia y una indemnización económica.

Asimismo, Ciudadanos quería establecer obligaciones a las administraciones sobre la "preservación de la memoria" con actos en los lugares donde se cometieron los atentados. En este caso, fijaba como infracción la no colocación de placas conmemorativas y explicativas donde se perpetraron los crímenes. También fijaba la obligación de conservar y catalogar los fondos documentales existentes sobre las víctimas y que el Estado asumiera "la defensa de la dignidad de las víctimas".

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