El Tribunal Constitucional celebró esta semana el que será, casi con toda seguridad, su último Pleno con los magistrados actuales. Cuatro de ellos tienen el mandato caducado y abandonarán su puesto en breve, tras pactar Gobierno y PP su renovación. Sus sustitutos, de hecho, pasarán el martes por el Congreso, que certificará su idoneidad para el cargo. En paralelo, el Alto Tribunal ha intensificado su actividad en los últimos meses, lo que le ha llevado a sentencia en su tiempo de descuento seis importantes asuntos que amenazaban con demorarse en demasía, como la prisión permanente revisable, las cláusulas suelo o el nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE. El recurso que presentó el PP contra la ley del aborto en 2011 sigue siendo el más antiguo que queda por dirimir, aunque el TC también deberá pronunciarse sobre asuntos más actuales, como las leyes de eutanasia, Rhodes o Celaá, entre otras.

En julio, justo antes del parón veraniego, el Alto Tribunal ya dejó entrever el acelerón. Si a comienzos de mes tumbaron el nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE -recurrido por el PP en 2018-, en el Pleno celebrado los días 13, 14 y 15 de ese mes el Constitucional falló sobre dos asuntos de gran calado: el primer estado de alarma y las cláusulas suelo. Con un estrecho margen de seis a cinco, el Pleno dio luz verde a la ponencia de Pedro González-Trevijano que daba validez a la queja de Vox, que recurrió el estado de alarma pese a que votó a favor en el Congreso. Según el Alto Tribunal, el confinamiento estricto decretado en marzo de 2020 para contener la pandemia de coronavirus debió hacerse bajo el paraguas del estado de excepción y no de alarma. El fallo llegó más de un año después de que finalizara el paraguas jurídico decretado por el Ejecutivo, y tras él vinieron otros que salieron adelante de forma similar. Es decir, con votaciones muy ajustadas.

Gobierno y PP acuerdan la renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otras altas instituciones, a falta del CGPJ

Esta intensa actividad continuó tras el verano y duró hasta esta semana. En septiembre, los magistrados dictaminaron sobre el que era el segundo asunto de los pendientes con más retraso: desde hace cuatro años coleaba el recurso de Unidas Podemos contra determinados preceptos de la ley de Mariano Rajoy para proteger a los consumidores en materia de cláusulas suelo. El Alto Tribunal dio parte de razón a los morados, eliminando exenciones de costas judiciales que beneficiaban a los bancos. Asimismo, en ese Pleno se rechazó un recurso del Gobierno catalán que reclamaba encuadrar las ayudas del Ingreso Mínimo Vital entre sus competencias y se comenzó a debatir sobre el recurso contra el parón del Congreso durante el confinamiento, que fue presentado también por Vox.

La decisión sobre ese asunto se votó en el Pleno siguiente, celebrado el 5 de octubre. Otra vez por un ajustado margen -seis a favor y cuatro en contra-, el Alto Tribunal tumbó la decisión de la mesa del Congreso, en la que PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, de suspender "el cómputo de los plazos reglamentarios" que afectaban a las iniciativas que se encontraban entonces en tramitación. Para el Constitucional, se vulneró el derecho a la participación política de los diputados. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, replicó que la medida tuvo vigencia durante 18 días hábiles y recordó que incluso el TC adoptó una medida similar en su funcionamiento interno cuando estalló la pandemia.

Ese misil de flotación a la armadura jurídica desplegada por el Gobierno para contener la crisis sanitaria tuvo una nueva réplica en el Pleno que se celebró esta semana, el segundo del mes de octubre. El tribunal de garantías falló que el segundo estado de alarma, que se alargó del 3 de noviembre de 2020 al 9 de mayo, tampoco fue constitucional. Los magistrados -otra vez con un resultado de seis contra cuatro- tildaron de "no razonable" la prórroga de seis meses y la cesión de competencias a las comunidades autónomas.

El TC declara que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional

Además, el TC tumbó también el impuesto a la plusvalía. En este caso, el recurso contra este tributo no lo presentó ninguna formación política, sino que derivó de una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 2017, el Constitucional ya había tildado de inconstitucionales diferentes preceptos del articulado, pero la sentencia de esta semana da un golpe de grandes dimensiones a los ingresos municipales. Ha sido una decisión sonada, que ha puesto en un brete al Gobierno. Hace años, el PSOE pidió una reforma "global" del tributo, aunque no la llegó a realizar, lo que provocó el enfado de los ayuntamientos, que piden ahora un plan de choque para evitar las pérdidas estimadas, que alcanzan los 2.500 millones anuales. Hacienda ya busca una solución. Asimismo, esta semana también los magistrados avalaron la condena por sedición a Carme Forcadell, presidenta del Parlament cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión.

Estas resoluciones dejan el camino despejado para los cuatro magistrados entrantes, que son Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, por parte del PSOE, que sustituirán a Fernando Valdés y Encarnación Roca; y Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, por parte del PP, que entran por Juan José González Rivas, el actual presidente, y Andrés Ollero. Cabe resaltar que esa renovación no cambiará, de momento, la correlación de fuerzas en el tribunal, que seguirá contando con una mayoría conservadora durante unos meses. En junio finaliza el mandato de otros cuatro magistrados, tres conservadores y uno progresista, y serán sustituidos por cuatro nombres, dos dados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente no puede hacer nombramientos al estar en funciones, y otros dos por el Gobierno.

Está por ver si hasta entonces se resuelve el recurso más antiguo que tiene pendiente el Alto Tribunal, el presentado contra la ley del aborto de 2010 por el PP y que lleva una década de retraso. Además, otras de las cuentas pendientes que tendrá el nuevo tribunal serán los recursos contra el decreto de igualdad laboral del Ejecutivo que amplía el permiso de paternidad a 16 semanas en 2021; contra el que permite suspender desahucios de personas en situaciones de vulnerabilidad; contra la 'ley Celaá', a la que da nombre la ex ministra de Educación, Isabel Celaá; contra los cambios en el impuesto de patrimonio en los Presupuestos; contra la ley de eutanasia, que se aprobó en marzo de este año; o contra la ley Rhodes, la ley de Infancia aprobada y promovida por el exvicepresidente Pablo Iglesias.