Gobierno y PP acuerdan la renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otras altas instituciones, a falta del CGPJ

El presidente Sánchez saluda a Pablo Casado, líder del PP, el pasado jueves.
El presidente Sánchez saluda a Pablo Casado, líder del PP, en pasado 12 de octubre..
EFE
El presidente Sánchez saluda a Pablo Casado, líder del PP, el pasado jueves.
El presidente Sánchez saluda a Pablo Casado, líder del PP, en pasado 12 de octubre.
EFE / Atlas

El Gobierno y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado también el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.

Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos, un pacto que, sin embargo, no alcanza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ambos mantienen posturas alejadas: los populares piden un cambio en el método de elección y los socialistas quieren mantener el sistema vigente. 

Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que estos nombramientos se voten en el pleno del Congreso el próximo 10 de noviembre.

Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, son los nombres que renovarán el Tribunal Constitucional, del que salen cuatro miembros, incluido su actual presidente.  

En un texto compartido, tanto el PP como el PSOE han destacado que todos los nombres propuestos son "de consenso" y "profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional".  

Los nombres que constituyen el recambio del Tribunal de Cuentas son la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense Isabel Fernández Torres; la expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid Elena Hernáez; el magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo Diego Íñiguez; la subdirectora general del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia, Rebeca Laliga; el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas y el abogado del Colegio de Vizcaya Luis Antonio Ortiz de Mendivil.

Hasta completar los doce puestos, a los anteriores los acompañan el catedrático de Derecho Mercantil José Manuel Otero; el profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona Joan Mauri; la gerente tributaria de la Diputación de Barcelona, Mª Luz Rodríguez Rodríguez, y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato. Además, repiten en su cargo de consejeras Enriqueta Chicano y Dolores Genaro.

Socialistas y populares han optado, además, por la catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia Belén Cardona Rubert para dirigir la Agencia de Protección de Datos, mientras que Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital, será su adjunto.

Además, como ya había trascendido, Ángel Gabilondo, exministro de Educación y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta las elecciones de mayo, será el Defensor del Pueblo y tendrá como adjunta primera a la diputada del PP y víctima de ETA María Teresa Jiménez Becerril.

Fin a un bloqueo de dos años en el TC

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP permite desbloquear la renovación del TC cuando tres de sus magistrados, incluidos el presidente y la vicepresidenta, estaban a punto de alcanzar los dos años de prórroga de sus mandatos, que caducaron en noviembre de 2019. El cuarto, Fernando Valdés, tuvo que dimitir el pasado año al ser procesado por un caso de malos tratos.

La renovación no alterará sustancialmente el reparto de mayorías en el tribunal de garantías, con un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de contar con un magistrado menos y dará oxígeno a un órgano en el que el ambiente se ha enrarecido en los últimos meses.

De hecho, los tres magistrados salientes -Juan José González Rivas y Andrés Ollero, del bloque conservador, y Encarnación Roca, propuesta en su momento por el PSOE- han votado recientemente en contra de la posición de sus bloques en asuntos de gran trascendencia, como la constitucionalidad del primer estado de alarma.

Los conservadores mantienen una mayoría de 7 a 5 en el pleno, a la espera de la renovación de otros cuatro miembros en 2022 (los magistrados del TC tienen mandatos de nueve años y las renovaciones se acometen de cuatro en cuatro cada tres años). Sobre la mesa hay asuntos tan relevantes como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Celáa o el aborto.

El nuevo presidente saldrá -según una norma no escrita que determina que se elige entre los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato- de entre los conservadores Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol.

González Trevijano es quien cuenta con más papeletas para asumir la presidencia, según las fuentes consultadas por EFE, si bien por poco tiempo, dado que forma parte del cupo que deberá ser renovado en 2022, cuando entonces sí los socialistas esperan rematar el cambio de mayorías en el TC. Hasta entonces, Xiol será previsiblemente será el vicepresidente del tribunal.

El PSOE confía en cerrar la renovación del CGPJ "lo antes posible"

PSOE y PP no han tardado en pronunciarse tras el anuncio y el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, confía en cerrar "lo antes posible" con los populares la renovación del CGPJ e insisten en hacerlo conforme al sistema de elección vigente.

Gómez ha celebrado el acuerdo sobre la renovación de las cuatro instituciones, aunque cree que podría haberse alcanzado "mucho antes" si no hubiera sido por el bloqueo del que los socialistas culpan al PP. "Se ha demostrado que, cuando hay voluntad y propósito de negociación, se pueden alcanzar los objetivos", ha declarado.

El objetivo ahora, ha añadido, es "avanzar" con la renovación del CGPJ para "cumplir con el mandato constitucional" y "acabar con esta anomalía" en el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde diciembre de 2018. "Queremos un poder judicial actualizado", ha dicho.

El PP, satisfecho

Por su parte, el PP ha mostrado su satisfacción tras alcanzar el acuerdo con el PSOE que ha permitido renovar el TC y el Tribunal de Cuentas sin presencia de políticos ni expolíticos, lo que, según ha destacado esta formación, cumple con el compromiso de su líder, Pablo Casado

La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha celebrado en rueda de prensa el pacto, que, a juicio del PP, está encaminado al "reforzamiento" de las instituciones, una "buena dirección" y uno de los pilares fijados por Casado para el proyecto del PP.

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