La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) ha sido aprobada definitivamente este miércoles en el pleno del Senado y con ello se convierte en la octava norma educativa de la democracia. Ni los vetos de PP, Ciudadanos y UPN -equivalentes a enmiendas a la totalidad- ni las 646 enmiendas parciales presentadas entre todos los grupos -excepto PSOE, ERC-Bildu y PNV- han prosperado.

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La semana pasada la Comisión de Educación debatió las enmiendas y decidió rechazarlas todas. De esta forma ninguna ha quedado recogida en el texto que llegó desde el Congreso y, en presencia de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, la ley ha salido de la Cámara alta tal y como entró. Lo ha hecho con 142 votos a favor -logrando la mayoría absoluta necesaria-, 112 noes y nueve abstenciones, registrándose la participación de 263 de los 265 senadores. 

Los partidos que han votado que sí han sido PSOE, ERC, PNV, Más Madrid, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem, Adelante Andalucía, Mer Per Mallorca y Compromís. En contra se han posicionado PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, UPN, Partido Regionalista de Cantabria y Partido Aragonés. Las abstenciones han procedido de Bildu, Junts Per Catalunya y Teruel Existe.

Durante el debate, las tres formaciones que han presentado vetos, así como Vox, han reiterado su rechazo a una reforma con la que, según han asegurado, el Gobierno "se ha vendido a los separatistas" al quitar el castellano como lengua vehicular. Asimismo han insistido en criticar que se ataque a los centros concertados y a los de Educación Especial y se rebajen los requisitos para pasar de curso.

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"No son conscientes del daño que supone esta ley", ha aseverado la senadora de la formación naranja Lorena Roldán, quien ha mencionado la reciente sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que el castellano se dé en el 25% de las horas lectivas porque ahora es "residual". Roldán, que ha recordado que llevarán la ley ante el Constitucional, ha afirmado que amenaza los derechos de las familias y el futuro de las nuevas generaciones. En su opinión, es mala "por lo que propone y por lo que impide".

El popular Pablo Ruz ha denunciado la "consigna" del Ejecutivo de aprobar la norma "cuanto antes". Ruz ha confiado en que pronto se pueda producir la alternativa de "un gran pacto educativo" que los socialistas "han despreciado" y los ha calificado de "destructores de convivencia, de verdad y de libertad".

Alberto Catalán, de UPN, ha dicho por su parte que la Lomloe "pasará a los anales de la historia del sectarismo educativo y la vergüenza parlamentaria" y ha criticado que cada vez que hay un cambio ideológico en el Gobierno hay un cambio de ley. "Así no avanzamos", ha recalcado.

Desde el PSOE, el encargado defender la ley ha sido José María Oleaga, quien se ha preguntado si las siglas del PP son "partido pinocho" por mentir diciendo, por ejemplo, que se cerrarán los centros de Educación Especial o que el castellano está en peligro. Oleaga ha acusado a los populares de no defender a "España como es sino como les gustaría que fuera".

Intentos de esquivar la nueva ley

Una vez superado todo el trámite parlamentario, la Lomloe debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. De esta forma quedará derogada la Lomce, conocida como ley Wert. 

Antes de que esto ocurra, y para intentar sortear la llamada ley Celaá, las comunidades gobernadas por el PP en coalición o en solitario -Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia- han decidido mover ficha. El partido que lidera Pablo Casado no solo está recogiendo firmas en su contra. La estrategia va más allá y esas regiones están tomando medidas como el adelanto del plazo de inscripción para el próximo curso.

El Consejo de Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso ya ha aprobado incluso un decreto para ampliar la duración de los conciertos educativos de seis años a diez. Esto supone que el Ejecutivo madrileño blinda la escuela concertada, al menos, hasta el año 2027.

Justo tras la votación, Casado ha reiterado que allí donde gobiernan seguirán "defendiendo la libertad para elegir colegio, la educación concertada y la especial, el no pasar de curso con suspensos y el tener evaluaciones para que los profesores y los padres sepan cómo van sus hijos, y el español vehicular". El líder de la oposición, que se ha comprometido a acabar con ella si llega a la Moncloa, calificó la ley Celaá de "mala para la calidad, la vertebración y la libertad educativas".

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha tildado igualmente la norma de "atropello" y de contrarreforma ideológica de PSOE, Podemos y nacionalistas que ataca los derechos de las familias, arrincona el castellano y anula la meritocracia". "Lucharemos para sustituirla por un Pacto Nacional por la Educación", ha agregado.

Ante este órdago, la ministra, que niega que la concertada, la especial y el castellano estén en peligro, ha advertido de que las leyes "están para cumplirlas" y ha asegurado que la suya "apuesta por el talento hasta el máximo de potencial de cada uno". "La excelencia y la equidad son los principios por los que se rige, permaneciendo anclada en el pacto constitucional, afirmando el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza, real y efectiva, por la que todos los alumnos han de ser tratados en igualdad de oportunidades, superando cualquier condicionamiento de origen", ha dicho sobre la octava norma educativa de la democracia y, previsiblemente, no la última.