"ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada". Con esas palabras, la organización terrorista fundada en 1959 y que cometió su primer asesinato en 1968 ponía punto y final a su historial de violencia, que se llevó por delante la vida de más de 800 personas en sus 52 años de actividad. Lo hacía un 20 de octubre de 2011, hace exactamente diez años. Y siete años después, ETA anunciaba su disolución total y pasaba a considerarse una banda extinta.
El camino hasta ese octubre de 2011 fue largo, complicado y lleno de obstáculos y atentados que tuvieron su punto álgido entre finales de los años 70 y mediados de los 80, en los conocidos como años de plomo. El fin de la banda vino precedido de años de golpes policiales que desarbolaron su estructura, así como de una importante colaboración con Francia a partir de los años 80 que consiguió que, poco a poco, los etarras no pudieran refugiarse en el que durante años se consideró su santuario.
También hubo treguas fallidas y varios procesos de diálogo -en los Gobiernos de Aznar y Zapatero- que no dieron resultado, e incluso durante algunos años hubo una operación de terrorismo de Estado: los GAL. No obstante, los pactos amplios entre multitud de partidos, las acciones políticas y policiales para aislar a los terroristas y sus brazos en las instituciones y, sobre todo, una importante concienciación ciudadana a partir de atentados especialmente sangrientos, como el de Hipercor, fueron las claves para acabar con ETA.
La presión policial y los pactos contra el terrorismo
Buena muestra de ello fue la escenificación del fin de la violencia con la que, en 2011, ETA anunciaba el fin definitivo de sus atentados. El comunicado fue leído en castellano por David Pla, jefe por entonces del aparato político de la banda. Pero Pla ocupaba este puesto en el organigrama de la organización solo desde 2009, después de que la policía hubiera descabezado en los años anteriores en múltiples ocasiones las diferentes cúpulas tanto políticas como, especialmente, militares de ETA, con las detenciones de etarras tan relevantes como Francisco Javier López Peña Thierry o Mikel Garikoitz Aspiazu Txeroki.
Y es que la presión policial fue arrinconando a la banda, que en el último lustro de su actividad terrorista cometió 12 asesinatos, siempre demasiados, pero muy lejos de los 93 que ejecutó solo en 1980, el punto álgido de su trayectoria criminal. Esa presión policial vino acompañada también de un amplio consenso político que quedó constatado en el conocido como Pacto de Ajuria Enea de 1988, un acuerdo suscrito por el PNV, el PSOE, AP, CDS, Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna en el que se ponía en valor "la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo" y "la prevención de atentados y la persecución de sus autores".
El otro gran pacto político contra ETA se firmó en el año 2000, aunque en esta ocasión sus autores fueron únicamente el PSOE y el PP: el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido como el pacto antiterrorista. Su firma tuvo lugar después de la ruptura por parte de ETA de la tregua anunciada en el año 1998, y en un año en el que la violencia de la banda se cobró 23 víctimas mortales. Y, en ese acuerdo, PSOE y PP se comprometían a "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" el terrorismo y a dejar claro que no habría contraprestaciones políticas a ETA por su "violencia terrorista".
La ilegalización de Batasuna
El pacto también recogía el compromiso de los dos partidos de impulsar las "reformas legales" necesarias para acabar con las "actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo". Y de ese acuerdo nació la Ley de Partidos, aprobada en el año 2002 por amplia mayoría y que sirvió para que, en 2003, quedara ilegalizada Batasuna, al considerar la justicia que ejercía de brazo político de ETA. En años posteriores, otras marcas de la izquierda abertzale fueron progresivamente ilegalizadas, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas, Aurrera Guztiak o Acción Nacionalista Vasca.
La proscripción de las diferentes formaciones del entorno de ETA asestó un duro golpe económico y político a la banda terrorista, que en 2006 anunció la puesta en marcha del que sería su último alto el fuego. Tras esa decisión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió conversaciones con los terroristas para buscar el fin negociado de la violencia, pero esas negociaciones fracasaron y terminaron abruptamente con el atentado del 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos personas.
Esos dos asesinatos certificaron que el fin de ETA no sería negociado. La sociedad vasca había expresado ya desde varios años antes el rechazo mayoritario al terrorismo tras atentados con numerosas víctimas como los de Hipercor o la casa cuartel de Zaragoza, ambos en 1987. No obstante, quizá el episodio más rotundo de este rechazo se produjo en 1997 con el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, tras el cual se produjeron masivas manifestaciones en toda España contra ETA que terminaron de derribar la ficción de que los terroristas representaban el sentir del pueblo vasco.
La legalización de Sortu y la creación de Bildu
Desde ese 20 de octubre de hace diez años en el que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista, la banda fue dando pasos progresivos para su desarme que desembocaron, el 3 de mayo de 2018, en su disolución definitiva anunciada a través de un comunicado que leyó en castellano el histórico etarra Josu Ternera. La organización ya no existe y no ha vuelto a pronunciarse desde entonces, aunque la izquierda abertzale sí lo ha hecho en alguna ocasión al respecto del terrorismo, como el pasado lunes, cuando el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostró su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que -dijo- "nunca debió haberse producido".
Tras unos primeros años en los que ETA trató sin éxito de establecer una negociación con los Estados francés y español para gestionar su desarme y hablar de sus presos, en 2014 los terroristas anunciaban que habían dejado "fuera de uso operativo" parte de su arsenal y que había "desmantelado" su estructura militar. En 2017, ETA afirmó haber completado su desarme. Y, apenas unos días antes de certificar su disolución, la banda hizo público un comunicado en el que pedía perdón a "los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA". "Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución", planteaban los terroristas.
El abandono de la violencia ha tenido también como consecuencia la legalización del brazo político de la izquierda abertzale. En 2012, el Tribunal Constitucional dio el primer paso permitiendo que Sortu fuera inscrito en el registro de formaciones políticas. Y esa formación, la más representativa de la izquierda independentista vasca, se unió posteriormente a otras que siempre habían condenado el terrorismo de ETA, como Alternatiba o Aralar, para formar la coalición EH Bildu, que ha roto su estrategia histórica y se ha implicado en la gobernabilidad a nivel nacional como apoyo parlamentario del Gobierno central.
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