Cuatro de los acuíferos más importantes de España están siendo saqueados ilegalmente para regar una superficie de cultivos cuya superficie, en total, equivaldría a 1,5 veces la ciudad de Madrid.
El "escándalo" ha sido revelado este martes por WWF, que ha investigado durante un año el robo del agua en España centrándose en cuatro de los acuíferos "más sobreexplotados" del país: Las Tablas de Daimiel, Doñana, Mar Menor y Los Arenales. La organización se propuso averiguar una cuestión en concreto: ¿De dónde sale toda el agua que alimenta a las miles de hectáreas de cultivo de regadíos que están situadas en zonas en las que no hay ríos?.
"El robo del agua es uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España", denuncia el informe de la investigación al que ha tenido acceso 20minutos. Se trata, según indica, de un "grave problema en España, alimentado por las expectativas que crea el apoyo al regadío de la política agraria y la inacción y la permisividad de las distintas administraciones en las últimas décadas".
Además, apunta que a ello se le une una "alarmante" falta de información y una gran "opacidad", que imposibilita saber cuánta agua se extrae realmente, "lo que afecta a los cálculos necesarios para una correcta planificación hidrológica".
65.000 piscinas olímpicas de agua robada
Las cifras, según alertan, son "alarmantes". Solo en estas cuatro zonas, unas 88.645 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente. O, en otras palabras, el agua subterránea robada equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas: casi 220 millones de metros cúbicos.
El caso más "dramático" es el del acuífero que alimenta a las Tablas del Daimiel: al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol. "Estos datos hacen saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y aparentar normalidad. Mientras, el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad", denuncia la organización.
"Se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua"
Según explica WWF, uno de los requisitos para poder extraer agua subterránea es solicitar una concesión administrativa que da el derecho a sacar una cantidad de agua para un fin determinado. "Pero lo que sucede realmente en estos cuatro acuíferos es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua".
Ese "descontrol" en el uso del agua subterránea y la "debilidad" que asegura que caracteriza a la Ley que lo regula, ha "alimentado" la sobreexplotación, concediendo derechos de uso de agua "muy por encima de las capacidades".
Es lo que precisamente indican que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, "donde la administración pública se ha saltado su propio límite", según el informe, establecido en el Régimen Anual de Extracciones precisamente para reducir la extracción de agua y revertir el deterioro del acuífero, "lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido".
Otro de los "puntos negros" del robo del agua en España está en el acuífero de Los Arenales. En los últimos años, se ha transformado por completo el uso del suelo de los cultivos, pasando a ser fundamentalmente de cereales y viñedos de secano, al predominio de cultivos de patatas, maíz hortícolas o remolacha, entre otros, que son productos que requieren una gran cantidad de agua. Según las conclusiones de WWf, en 2019 se regó con agua extraída ilegalmente 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol.
"Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX"
En cuanto a los de Doñana y Aljarafe, "el humedal más importante de Europa", la superficie regada con agua robada es de más de 4.700 hectáreas. Según señala la investigación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado "numerosos" pozos ilegaes en la zona, pero el problema es que la Junta de Andalucía "no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia". Este fue, de hecho, el motivo por el que el Tribunal de Justicia Europea sentenció en junio a España por el mal estado del Espacio Natural. "Cabe recordar que Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva", lamenta la organización dedicada a la conservación de la naturaleza.
Otro de los llamados "epicentros" del robo del agua en España es el Mar Menor, víctima también de un nuevo episodio de eutrofización que ha convertido "la mayor laguna salada de Europa en una auténtica sopa verde". El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena. La causa de este "colapso ecológico" tiene también su origen en la agricultura intensiva que ha crecido "sin ningún control", depositando toneladas de nitratos y fosfatos en la laguna.
"No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado"
Según señala el experto del programa de agua de WWF, Radael Seiz, "estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España". Y es que, tal y como se ha demostrado con el caso del Mar Menor, el descenso de los acuíferos supone un "grave problema" de contaminación y una amenaza para la salud; pues conlleva a una concentración de nitratos y arsénico mucho superior a la de la propia agua, "hasta el punto de que en algunos casos no es apta para el consumo agua".
Además, advierte que la extracción ilegal del agua "genera una grave situación de competencia desleal entre los agricultores", puesto que unos mantienen su compromiso con la gestión sostenible, mientras otros lo hacen "sin autorización reparo alguno a cómo afectan al resto de productores".
Lo que propone WWF a las autoridades para poner fin a esta problemática es -a parte de concluir los procesos de cierre y sanción de pozos ilegales y reducir la superficie de regadío- impulsar una "acción contundente" para mejorar el control de las aguas subterráneas, mediante la modificación de la Ley de Aguas. Asimismo, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío.
"No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve", concluye Seiz.
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