Los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto recibirá luz verde este jueves en el Consejo de Ministros y pasará al Congreso, no irán acompañados de una ampliación progresiva a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad, y tampoco de la extensión de la ayuda de 100 euros por hijo a cargo a las madres sin trabajo. Así lo reconoció este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pese a que esta era una de las tres exigencias principales que Unidas Podemos planteó en las negociaciones con el PSOE para que salieran adelante las cuentas para 2022.

En una entrevista en RNE, Belarra reconoció que estas dos medidas para las familias no estarán incluidas en los Presupuestos y "se han quedado sobre la mesa" de negociación. "En una negociación todo el mundo cede un poco, y esta es una cuestión de la que nos es difícil convencer al PSOE", justificó la ministra. Estas medidas, a diferencia de la regulación de los alquileres o la subida del impuesto de sociedades a grandes empresas -las otras dos grandes reclamaciones de Unidas Podemos en la negociación-, no están recogidas en el acuerdo de coalición con los socialistas, por lo que han tenido que ser planteadas desde cero.

Unidas Podemos reclama al PSOE ampliar la ayuda de 100 euros por hijo a las madres sin trabajo

Belarra, no obstante, se mostró confiada en que la ampliación de los permisos por maternidad y paternidad va a generar cada vez "un consenso más mayoritario". "Es una demanda que va a ir creciendo con el paso de los años" dado que la pandemia ha demostrado que "la conciliación en España no existe, son los abuelos y las escuelas", sostuvo la ministra. E insistió: "Avanzar en mejores mecanismos de conciliación con extensión a los seis meses de permiso, con una prestación por crianza que lo ponga más fácil a las familias, son medidas que con el paso de tiempo se irán abriendo paso aunque en esta ocasión no las hayamos conseguido".

La prestación por hijo a cargo planteada por Unidas Podemos al PSOE consistía en una ayuda de 100 euros mensuales durante los tres primeros años de vida del niño o niña, lo que supone que, en total, los padres hubieran tenido derecho a percibir 3.600 euros en concepto de ayuda para la crianza. Actualmente, las mujeres ya tienen derecho a deducirse hasta 1.200 euros al año de sus impuestos por cada criatura menor de tres años que tengan o adopten, pero siempre que tengan empleo. Precisamente esa es la barrera que quería suprimir Derechos Sociales, con el objetivo de que cualquier mujer con un menor a cargo de menos de tres años tuviera derecho a estos 100 euros al mes.

Tal y como publicó 20minutos, el coste para 2022 de esta medida calculado por el ministerio que lidera Belarra era de unos 650 millones de euros, una cantidad que se sumaría a los 766 millones de euros que el Estado ya paga por la deducción en sus actuales términos, es decir, para madres con empleo. El plan de Derechos Sociales, además, pasaba por ir ampliando anualmente la prestación para que beneficiara progresivamente a más capas de la población. 

En este sentido, según la propuesta que los morados pusieron sobre la mesa, si en 2022 hubieran tenido derecho a la ayuda las madres de menores entre 0 y 3 años, en 2023 se hubieran sumado los menores de hasta 4 años, en 2024 los de 5 años, y así sucesivamente hasta 2037, cuando el derecho se extendería a todas las familias con menores a cargo de hasta 18 años.