Pese al descanso estival, la tirantez en las relaciones entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid no se va de vacaciones. En las últimas horas, de hecho, los habituales choques entre ambos ejecutivos han sumado un nuevo capítulo después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostrara favorable a estudiar la polémica propuesta que hizo hace unos días el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de poner en marcha un impuesto a las rentas más altas de la Comunidad de Madrid para redistribuir riqueza hacia otras comunidades.

Se trata de un nuevo episodio de los cada vez más frecuentes encontronazos entre las comunidades presididas por el PSOE y la Comunidad de Madrid, a la que afean que su baja fiscalidad perjudica al resto de autonomías. Más aún cuando este nuevo encontronazo ha llevado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a desautorizar al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien ha abierto la puerta a estudiar su creación. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha propuesto el president valenciano? Y, ¿es cierto que en Madrid las rentas altas pagan pocos impuestos?

¿Qué es exactamente lo que planteó Puig?

Lo que ha propuesto el president valenciano dista mucho de ser una medida concreta, estudiada y analizada con detalle: apenas fue una sugerencia, aunque obviamente de amplio calado político. Hace unas semanas, Puig afirmó en una rueda de prensa que "podría ser una opción" crear un impuesto estatal específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid, debido a que es en esa región donde se concentran la mayor parte de las mismas a causa de los beneficios que le otorga albergar la capital de España. 

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Este mecanismo, según Puig, sería establecido por parte del Estado y consistiría en "una aportación de los más beneficiados en las metrópolis para compartir con todos esa mayor productividad generada por el apoyo público". Y es que el "plus de riqueza" de la Comunidad de Madrid y de las capitales de otros países, sostuvo el president valenciano, "se genera no por azar, sino gracias al sustento público estatal", al hecho de que la inmensa mayoría de los organismos públicos y sus correspondientes funcionarios están en Madrid "y a las economías de aglomeración".

¿Qué piensa el Gobierno central?

Hasta esta semana, el Ejecutivo no había expresado su parecer sobre una propuesta que no dejaba de ser una sugerencia poco concreta. Pero este jueves, el ministro Escrivá le dio otra categoría cuando señaló que "es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido". "Cuando estamos avanzando a nivel mundial claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias, y a nivel europeo todavía más", apuntó el titular de Seguridad Social, "no tiene mucho sentido que, a nivel autonómico en España, estemos recorriendo el camino contrario".

No obstante, y tras la polémica generada por esas palabras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desautorizó a Escrivá este viernes y negó que el Gobierno central contemple un impuesto específico para compensar el efecto capitalidad de la Comunidad de Madrid. "Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca", sostuvo Montero, que aseguró que los ciudadanos "jamás encontrarán en este Ejecutivo nada que haga que se enfrenten los territorios".

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¿Y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid?

El Gobierno madrileño, obviamente, no ve la propuesta con tan buenos ojos como Escrivá. El Ejecutivo regional ha hecho bandera desde hace años de las bajadas de impuestos como su política fiscal estrella, y nada más conocerse la propuesta el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, afirmaba que Puig quería disimular el fracaso de su propia política económica. "Tiene que imitarnos, estamos dispuestos a explicarles como se hacen estas cosas, pero no puede, para disimular sus errores, decir que [la situación económica de Madrid] es porque somos capital o porque hacemos 'dumping fiscal' y somos insolidarios", sostuvo.

Por su parte, este jueves el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, cargó igualmente contra el planteamiento del president valenciano y contra el hecho de que Escrivá, que "siempre se va de la lengua", lo acepte. "El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere poner un impuesto a los madrileños por el simple hecho de ser madrileños y porque no votamos al partido del señor Sánchez", sostuvo Lasquetty.

Pero, ¿es verdad que en Madrid se pagan pocos impuestos?

Lo cierto es que, si hubiera que dar una respuesta rápida, sí. Según revela el informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, la Comunidad de Madrid es la última en el ranking español de "presión fiscal normativa", con una presión impositiva más de 12 puntos porcentuales menor que la media española. 

Esto es así tanto para las rentas más altas como para las más bajas de la región, aunque en términos absolutos hay diferencias entre lo que se benefician unos y otros. En lo relativo a la recaudación por IRPF, por ejemplo, Madrid es, junto a La Rioja y Canarias, la comunidad que grava menos los primeros tramos de ingresos. No obstante, la mayor ventaja la consiguen quienes ingresan a partir de 110.000 euros brutos anuales: es en esos tramos donde la Comunidad de Madrid tiene el impuesto sobre la renta más bajo sin discusión de toda España, según revela el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2021 del Consejo General de Economistas de España.

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Además, la Comunidad de Madrid libera a sus ciudadanos más acaudalados del pago de otro impuesto que sí se abona en la mayoría de las comunidades: el de patrimonio. La normativa estatal del tributo establece que paguen este impuesto -con un tipo máximo del 3,5%- los españoles con patrimonios superiores a los 700.000 euros, con la vivienda habitual exenta hasta un valor máximo de 300.000 euros. Pero la Comunidad de Madrid es la única que ofrece una exención del 100%, lo que redunda en que, en la práctica, este impuesto no se pague, una política que genera habituales críticas tanto de la izquierda como de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

¿Cómo afecta esta política a los servicios públicos?

Hace unos días, la ministra María Jesús Montero afirmaba que "no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y, a continuación, pidan dinero al Gobierno de España" para financiar los servicios públicos. Y es que esa es una crítica recurrente del Ejecutivo a la Comunidad de Madrid, que según los datos cuenta con una de las inversiones por habitante más bajas en los servicios esenciales de todas las comunidades autónomas.

Así lo recoge un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que revela que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías fue, de media, de 2.498,5 euros por habitante en 2019, último año del que hay datos agregados. Navarra y País Vasco son las autonomías que más invierten en estas políticas, y en el otro extremo del índice se encuentran Cataluña -la que menos gasta- y, en penúltimo puesto, Madrid, que invierte 2.222 euros por habitante en estos servicios: un 11% menos que la media de España.

Ese dato es coherente con lo que revela otro informe, en este caso elaborado por el Ministerio de Hacienda, en relación al gasto público sanitario realizado por cada comunidad en 2019. Ese estudio revela que, en relación a su población, las comunidades con mayor gasto sanitario público son el País Vasco (1.873 euros por habitante), el Principado de Asturias (1.763 euros por habitante) y la Comunidad Foral de Navarra (1.694 euros por habitante), mientras las que menos invirtieron ese año fueron Andalucía (1.262 euros por habitante), la Comunidad de Madrid (1.340 euros por habitante) y Baleares (1.475 euros por habitante).