Andalucía se ha sumado este miércoles a la petición a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que hicieron este martes la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana para que regule a nivel nacional el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para acceder a locales de ocio y otros espacios públicos. Con la Junta Andaluza son ya cuatro los gobiernos autonómicos que reclaman abiertamente una regulación común y que de momento descartan unirse a lo que ya ha empezado a hacer Galicia, que exige un certificado de vacunación u una PCR negativa para acceder a locales de hostelería. Sin embargo, reclaman al Gobierno un marco legal para que sea posible algo a lo que fuentes del Ministerio ven "dudas jurídicas".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que al principio era "reacio" a exigir este documento, dado que poca población estaba vacunada pero ha cambiado de opinión ahora que el 75% de los andaluces tienen al menos una dosis y el 56%, la pauta completa.

Según ha dicho, empezar a exigir el 'pasaporte Covid' para tener acceso a locales de ocio es "disuasorio" porque permite controlar la pandemia y "motivador", para que quienes aún no se han vacunado, lo hagan.

Expertos de Sanidad y juristas rechazan los planes autonómicos para exigir PCR o la vacuna para el ocio

Horas antes de que empiece el Consejo Interterritorial de este miércoles, Andalucía se ha mostrado también a favor de explorar el uso del 'pasaporte Covid' para fines distintos a los viajes por la UE.

La Comunitat Valenciana fue la primera en plantear en privado a Darias adaptar a España la legislación que -después de cinco días de debates en la Asamblea Nacional- acaba de aprobar Francia, en este caso, para exhortar a su elevada población antivacunas a inmunizarse. Sin embargo, su presidente, Ximo Puig, y su consellera de Salut, Ana Barceló, descartaron este martes a tomar medidas por su cuenta, a la espera de que lo haga el Ministerio de Sanidad.

Según dijo Barceló, "corresponde al Gobierno" hacerlo  y la Comunitat se mantendrá a la espera para saber "a qué otras actividades afectaría o cómo podría ser utilizado". "No se va a implantar porque estamos a la espera de que el Ministerio lo regule de una manera que nos dé todas garantías jurídica".

"Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", apuntó Puig, que consideró que no es ni "oportuno" ni "correcto" aplicar una medida que dejaría fuera a la parte de la población que todavía no está vacunada, no porque no quiera, sino porque todavía no le ha llegado su turno.

Este es el aspecto ético que se planteaba hace unas semanas un experto que asesora al Ministerio, acerca de si es apropiado restringir el acceso a determinados lugares a personas que no se han vacunado, no porque no hayan podido, sino porque no les ha tocado el turno. A esta teoría se ha ceñido la Comunitat, que no tiene previsto plantearse la posibilidad de pedir un certificado de vacunación o una PCR hasta que se alcance la inmunidad de grupo, hasta que el 70% de su población esté vacunada. 

Tampoco actuarán por su cuenta Cataluña y Madrid, que también exigen a Darias reglas comunes sobre cómo proceder.

El conseller catalán, Josep Maria Argimon, no descartó tampoco utilizar el 'pasaporte Covid' para algo más que para viajar, pero ha instado al Gobierno y comunidades a trabajar para que el certificado Covid "no sea discriminatorio".

"Está en el horizonte del Govern plantearlo. Hay una regulación que tiene que prepararse. No se puede utilizar el certificado digital Covid tal como está en estos momentos, porque es un certificado planteado desde la UE para los viajes y si quieres aplicarlo en otros entornos has de tener esta transposición", explicó en una entrevista que publicó este martes el diario 'Ara'.

Por su parte, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, descartó que la Comunidad vaya a exigir de momento pruebas de vacunación o una prueba negativa para acceder a ciertos lugares, pero ha exigido a Sanidad que regule cómo hacerlo.

"Pedimos al Ministerio de Sanidad que por una vez ejerza labores de coordinación", afirmó antes de recordar que hace un año la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya propuso un pasaporte Covid donde constara la vacunación y quién había pasado la enfermedad.

"Recordemos cómo fue cuestionado por el Ministerio de Sanidad y partidos políticos que hoy abrazan esta estrategia", apuntó López, que aseguró que la Comunidad "va por delante" de lo que determinan las autoridades nacionales.

Dudas jurídicas de Sanidad

De momento, la 'autoridad nacional', es decir, el Ministerio de Sanidad, se resiste a autorizar el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para ámbitos distintos a los viajes. Según apuntan en el departamento de Darias, existen dudas jurídicas para darle un uso distinto para el que se creó y recuerdan las garantías que tiene el Certificado de la UE para para proteger los datos de sus usuarios.

A pesar de ello, Darias se abrió tras el Consejo Interterritorial de Sanidad de semana pasada a "abordar en su momento" la "regulación legal" que, dijo, es "necesaria". 

Mientras tanto, Galicia y Canarias son las primeras comunidades que se han lanzado a que locales de ocio y restauración pidan para entrar un certificado de estar vacunado o una PCR negativa. Baleares tampoco lo descarta.

Desde el Ministerio de Sanidad indican que tienen competencias para hacerlo porque la Xunta no está exigiendo exactamente el 'pasaporte Covid' de la UE, sino un certificado de vacunación -como el que expide cualquier Consejería autonómica de Sanidad- o el resultado de una prueba PCR.

Funcionarios vacunados

Francia ha sido el país pionero en utilizar el 'pasaporte Covid' para discriminar quién puede acceder a locales de restauración o teatros y de momento ya se le ha sumado también Italia. En España, Canarias se ha sumado este martes a otro aspecto de la nueva legislación francesa, el que se refiere a la obligación de los empleados públicos de estar vacunados.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que su gobierno está buscando la fórmula para obligarlos porque "no puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto son los funcionarios de distintos cuerpos".

El 1% de la población diana en el archipiélago ha rechazado la vacunación y Torres ha indicado que su Gobierno está estudiando obligar a los funcionarios "porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien, apelando a su libertad individual, no lo quiera hacer".