El futuro del sistema de pensiones español pasa por una propuesta de reforma cuyo contenido ya negocian el Gobierno y los agentes sociales bajo la atenta mirada de la UE, y que no todos los expertos ven con buenos ojos. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) -un think tank cuyo patronato está formado por las principales empresas que cotizan en la bolsa española- creen que las modificaciones que está pergeñando el Ejecutivo podrían acabar haciendo "inviable" el sistema y abocarlo "a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro".

Así se desprende del estudio El futuro de las pensiones en España, publicado el jueves por Cajamar y coordinado por el subdirector de la fundación, José Ignacio Díaz-Conde. A lo largo de sus 17 capítulos un grupo de 22 investigadores de diferentes disciplinas hace un diagnóstico del sistema actual y propone alternativas para garantizar que sea sostenible en el futuro.

Según Díaz-Conde, el plan del Ejecutivo "garantiza la suficiencia" de los pensionistas, pero "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema". "Con la reforma propuesta por el Gobierno el Estado tendría que inyectar cada año al sistema un promedio de entre 3,2 y 5,2 puntos de PIB durante varias décadas para pagar las pensiones", sostienen los investigadores en el capítulo que analiza las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

Los expertos de Fedea tachan de "optimista" el diagnóstico de la situación financiera actual y de las perspectivas futuras que dibuja el Pacto de Toledo y defienden que, de mantenerse ese marco, "el desajuste entre ingresos y gastos será de tal calibre que hará inevitable la introducción de reformas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema".

Una de las modificaciones con peor aceptación social es el retraso de la edad de jubilación. En este aspecto, el escrito afirma que "la clave del cambio es aceptar que los 65 años ya no representan la gran edad que la Seguridad Social debería asegurar" e incluso sostiene que equiparar la edad de jubilación efectiva (64 años) con la legal (67 años en 2027) no será suficiente "para garantizar la viabilidad del sistema".

En esta línea, los investigadores sugieren unificar los sistemas de jubilación anticipada y activa y permitir que todas las pensiones sean compatibles con el trabajo para incentivar que los asalariados prolonguen su vida laboral.

Desvincular del IPC y estimular los planes privados

Al contrario de la propuesta de reforma planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que prevé recuperar la revalorización de las pensiones en función de los precios de consumo, en Fedea creen que aunque es "una medida justa para los jubilados, obligará a tomar decisiones importantes para garantizar la sostenibilidad".

Para no dañar la sostenibilidad, los expertos proponen ligar solo las pensiones mínimas al IPC "con el fin de garantizar su suficiencia", y actualizar el resto con un nuevo índice que sea "sensible a la situación financiera del sistema", aunque "de forma menos drástica que el actual Indice de Revalorización de las Pensiones (IRP)".

Además, el informe habla de "involución" en los incentivos a la previsión social complementaria (planes de pensiones) y critica la decisión del Gobierno de reducir las deducciones a 2.000 euros anuales. "No parece que sea el año más adecuado para limitar los planes de pensiones. Lejos de reducir el estímulo lo que pensamos es que habría que incrementarlo", ha valorado el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde durante la presentación.

El problema demográfico

Uno de los principales retos que afronta el sistema son las inminentes jubilaciones de la generación del baby boom, la cohorte de edad más numerosa de la pirámide de población española. El retiro de los boomers aumentará notablemente el número de pensionistas y cargará sobre los hombros de las generaciones más jóvenes, con peores sueldos y mayor desempleo, el peso del sistema.

"Los costes de la transición demográfica a la que nos enfrentaremos hasta 2050 serán muy elevados y plantearán cuestiones complicadas", sostienen desde el organismo. Entre ellas si se eximirá a los ya jubilados en el probable caso de que hubiera que acometer ajustes. "Si lo hacemos, la factura para los más jóvenes será tanto mayor y eso planteará serios problemas de equidad intergeneracional", añaden.

Las cifras de natalidad entre la población española son cada vez más bajas, por lo que la llegada de migrantes jóvenes se antoja clave para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo. Se estima que para 2050 España recibirá 10 millones de habitantes procedentes del extranjero, por lo que Fedea recomienda anticiparse y aplicar una política migratoria "proactiva y selectiva en origen".