La Fiscalía General del Estado (FGE) quiere frenar la perturbación que, a su juicio, están comenzando a generar los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), incluidos bicicletas y patinetes eléctricos en las grandes ciudades, que están comenzando a ser "inundadas". Por ello, el Ministerio Público prevé dos vías para atajar esta inseguridad creciente: obligar a que todos estos nuevos vehículos cuenten con un seguro y que las policías urbanas se centren en su supervisión con, por ejemplo, la intensificación de controles de alcoholemia en las ciudades.

"Está genial para la movilidad sostenible que la ciudad se inunde con estos vehículos, pero hay obligaciones para sus conductores y tener seguro es uno de ellos", ha alertado Bartolomé Vargas, fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. En una rueda de prensa que ha dado en la sede de la Fiscalía, ha anunciado el estudio de la modificación del reglamento de seguro obligatorio para ver la posible cobertura de estos vehículos, pues ahora se hallan en infinitud de ocasiones en un limbo administrativo.

Tal y como ha ejemplificado, los conductores de estos vehículos pueden atropellar a un peatón y es la víctima quien ha de costearse el daño. "Por eso, hemos de buscar fórmulas de reforma legal; la sanción penal y la responsabilidad civil están íntimamente unidas", ha asegurado. En el caso de que sean VPM alquilados, ha recordado que la empresa que los comercializa puede ser la responsable civil subsidaria del potencial accidente. Además, ha insistido Vargas en que ha dado instrucciones para que los cuerpos policiales investiguen "en profundidad" estos accidentes y ha recordado que la pena de prisión llega hasta los nueve años en caso de homicidio imprudente y la de lesiones, hasta los seis años.

Respecto a los controles, ha aclarado que ya se hacen cuando se produce un incidente vial, pero ha pedido a las policías que cambien la manera de proceder, aumentando los controles preventivos. Que se hagan, además, con publicidad, "para que los usuarios sean conscientes". Como ejemplo, ha puesto los controles que se hacen en carretera. "Esos controles son esenciales", ha destacado el fiscal, que ha añadido que va a promover una supervisión "muy rigurosa". No solo a los conductores, sino también a los fabricantes y a los grandes almacenes, pues ha denunciado que se vendan estos vehículos sin ningún tipo de control. "Se vende un patinete sin ninguna cautela, como si se tratara de un balón de baloncesto, infringiendo la legislación", ha concluido.

Una promesa hecha por Marlaska en 2018

La obligación de que los VPM cuenten con un seguro, al igual que los coches, es una medida que ya fue propuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2018. Tras una reunión con asociaciones de víctimas en la que habló de "violencia vial" en vez de "siniestralidad", explicó que su cartera se planteaba entonces una legislación para regular "a los nuevos victimarios" -los conductores de estos vehículos- con la prioridad de que entrasen dentro de la cobertura de los seguros de movilidad.

Lo que sí se aprobó fue un real decreto con el que el Gobierno hizo que a los patinetes se les aplicase, desde noviembre del pasado año, el reglamento general de circulación, obligándoles a respetar las normas como al resto de vehículos". El nuevo real decreto limitaba a una velocidad máxima de 25 km/h a los vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos. También impuso Interior la necesidad de que los conductores dispusiesen del certificado de circulación que acrediten que cumplen con los requisitos técnicos para conducirlos.

Y es que, pese a que, como ha reconocido el fiscal, ya se venden "casi más" que balones o raquetas de tenis, sin tener en cuenta su peligrosidad. Si bien no hay cifras oficiales, un informe de la Fundación Mapfre recogido por la revista de la Dirección General de Tráfico (DGT) destacó el aumento de la siniestralidad. En 2020 se habrían registrado más de 100 accidentes (24 más que en 2019), con 109 personas heridas leves y graves (26 más que el año anterior) y 6 fallecidos (uno más).