Unidas Podemos propone triplicar por ley los psicólogos en la sanidad pública

  • Los morados también quieren que se duplique el número de psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud.
  • La formación presenta una proposición de ley que quiere consensuar con otros grupos y el Ministerio de Sanidad.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
EFE

Unidas Podemos presentó este lunes en el Congreso una proposición de ley de salud mental con medidas específicas para combatir el aumento de trastornos derivado de la Covid-19, que plantea abordar la "falta crónica" de recursos humanos en la sanidad pública fijando una ratio mínima de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas cifras suponen triplicar el número de psicólogos y casi duplicar el de psiquiatras que trabajan ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud.

La diputada Rosa Medel y el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, fueron los encargados de presentar una norma que, en palabras de Echenique, pretende "pasar de las palabras a los hechos". El debate sobre la salud mental y cómo ha afectado la pandemia en este aspecto ha ganado protagonismo en los últimos meses, y por ello el portavoz explicó que Unidas Podemos no registrará la proposición de ley para que empiece a debatirse hasta dentro de dos meses, para que los grupos y el Ministerio de Sanidad hagan propuestas al respecto y poder consensuar un texto que se debata tras el verano.

Según datos de Eurostat, en España hay seis psicólogos y 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a 18 especialistas de cada una de estas áreas de media en Europa. Y la norma propuesta por Unidas Podemos pretende forzar a las comunidades a que inviertan lo suficiente para, al menos, llegar a estas medias. "El Consejo Interterritorial", que reúne a los consejeros de sanidad de las 17 autonomías, "deberá garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes", señala expresamente la propuesta.

Este órgano también debería acordar un "tiempo máximo de acceso a las prestaciones y servicios de salud mental", que se fijaría por real decreto y que las comunidades estarían obligadas a facilitar poniendo medios para que se cumpla evitando, además, que las citas para realizar el seguimiento de la patología se dilaten en el tiempo. "La garantía de tiempo abarcará la totalidad de prestaciones y modalidades de atención en el ámbito de la salud mental, incluida la frecuencia de las citaciones y consultas de los tratamientos psicoterapéuticos", señala el texto.

Un problema agravado por la precariedad

Asimismo, la norma plantea que las comunidades pongan en marcha "programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia de la Covid-19" con el fin de dar una "atención integral" a quienes las sufran. En este sentido, Echenique llamó la atención sobre el hecho de que la clase social tiene mucho que ver con la prevalencia de estos trastornos.

"La pobreza y la precariedad", afirmó el portavoz, son los principales condicionantes de la salud mental. Y recordó que los datos del CIS revelan que el número de personas con rentas bajas que se ha sentido deprimidas o sin esperanza durante la pandemia es del 33%, mientras que ese porcentaje se reduce al 17% en el caso de las rentas altas.

La norma también tiene un apartado completo destinado a la prevención del suicidio, que fuentes de Unidas Podemos recuerdan que es un "grave problema de salud pública" que alcanza a "7,6 de cada 100.000 habitantes". La norma plantea que las administraciones realicen un estudio para detectar los "grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad maximizada", y que se ponga en marcha un registro que recoja el "número de casos, edad, localización, actividad laboral, factores de riesgo u otros determinantes sociales y el "número de personas con intentos de suicidio". 

Dentro del programa de prevención, se ofrecería "formación especializada acerca de la prevención del suicidio y del estigma social" al "personal que trabaja en servicios de urgencias y emergencias", al "sanitario y sociosanitario", a "bomberos, policías, protección civil y trabajadores sociales", a "periodistas y personal de los medios de comunicación" y a los trabajadores de los centros docentes.

La proposición de ley llega después de que, en los últimos meses, los problemas de salud mental y su prevalencia acentuada por la pandemia hayan entrado en el debate público. Más País y su líder, Íñigo Errejón, han sido quienes han hecho bandera de ello con mayor intensidad, y de hecho Errejón presentó una proposición no de ley en el Congreso el pasado marzo en cuyo debate un diputado del PP le gritó "vete al médico", un episodio por el cual tuvo que pedir posteriormente disculpas.

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