Dolor e indefensión. Son palabras utilizadas por algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA a lo largo de esta semana. La firma del convenio por el cual el Gobierno central cederá de forma definitiva el próximo 1 de octubre la gestión de las prisiones vascas al Gobierno de Euskadi ha devuelto al debate público la política del Ejecutivo, en general, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en particular, respecto a los presos de la banda terrorista. Contando también con que, diez años después del cese de la lucha armada de la banda, ya tan solo quedan 10 por acercar de los 192 que hay en España.

El malestar de las asociaciones de víctimas con el ministro Marlaska se suma a otras polémicas que arrastra el titular de Interior en los últimos tiempos. Esta misma semana, el PP pidió su dimisión por haber calificado a este partido de "organización criminal" durante la reciente campaña de las elecciones madrileñas del 4-M.

Además, el pasado abril, Sánchez tuvo que salir al paso de las críticas contra Marlaska después de que la Audiencia Nacional revocara el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. "El ministro del Interior cuenta con toda mi confianza", sostuvo el presidente poco después de que los jueces establecieran que el cese fue injustificado y que se produjo porque el coronel no había informado sobre la causa relacionada con las manifestaciones del 8-M, cumpliendo la orden del juzgado que instruía el asunto, que le había prohibido expresamente dar cuenta a sus superiores de esa investigación.

Malestar entre las víctimas

"Se ha derogado de facto la política de dispersión de presos", opina Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), una de las críticas con el ministro. En una conversación con 20Minutos, lamenta que finalmente se haya hecho realidad un extremo que, no obstante, está reflejado en el artículo 12 del Estatuto de Guernika, ratificado por los ciudadanos vascos y firmado en 1979.

En todo caso, cabe aclarar que el Gobierno vasco no podrá acercar presos, pues seguirá siendo una competencia estatal, como remarcan desde el Ministerio. Además, fuentes de Interior añaden que los acercamientos se deben al "cumplimiento estricto de la ley y por decisiones individualizadas" y anuncian además que se celebrarán "en breve" los actos de imposición de medallas a víctimas del terrorismo, paralizadas en los últimos meses por la pandemia de Covid.

Para el responsable de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el traslado de la gestión de las tres prisiones de Euskadi "salda una deuda". Sin embargo, para la AVT es "una cesión a una reivindicación histórica de ETA" que supone, "de facto", la política de dispersión de presos que comenzó en 1989 bajo el Gobierno de Felipe González. Para Paz Prieto, representante de Asociación Navarra de Victimas del Terrorismo de ETA (Anvite), esta cesión no es más que el último movimiento de un Gobierno central "absolutamente cautivo".

No obstante, en el centro de las críticas de ambas asociaciones sigue estando Marlaska, que antaño combatió a la banda terrorista con su toga de juez. "Para nosotros lo era todo porque fue implacable contra ETA", sostiene Prieto. "Ahora es, simplemente, una decepción, porque prefiere ser leal a un partido que a las víctimas", concluye la portavoz. También el malestar es grande en la AVT. Si bien Araluce le agradece la transparencia que ha tenido cada vez que se ha producido un acercamiento, recuerda que les prometió que no iba a haber traslados: "Nos dijo que, en todo caso, algún caso concreto, pero no esto". 

Según los datos de su asociación, se han producido 221 traslados desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa en 2018, que han correspondido a 182 etarras, porque algunos de ellos han sido acercados en más de una ocasión. De esos traslados, añaden, 90 son de presos "con delitos de sangre": 83 penitentes con 275 víctimas. "En total hay ahora 192 presos etarras y tan solo faltan por acercar 10", argumentan fuentes de la AVT, que se reunieron el miércoles con el propio Marlaska. Al responsable de Interior le entregaron un estudio elaborado por sus sus psicólogos sobre el impacto que suponen los acercamientos al País Vasco o Navarra.

"Más del 50% de las víctimas nos manifiestan sentimientos de tristeza, preocupación e indefensión", continúa la presidenta de la AVT, que si bien acepta con resignación la legislación penal, tilda de "amoral" el acercamiento de los presos y el contexto en el que se ha firmado la cesión de las prisiones. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), una de sus portavoces, Inés Gabiria, señala que no tienen "nada que decir" respecto a la dispersión y al traslado, porque "entienden" que son legales, pero sí advierten que estarán vigilantes. 

Y es que el Gobierno Vasco ha anunciado una política que apueste por la reinserción y el excarcelamiento. "Nuestro modelo estará sustentado en el uso del encarcelamiento como una opción extrema que se use cuando no exista otra alternativa y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en régimen abierto", señaló a finales del año pasado la consejera de Justicia del País Vasco, Beatriz Artolazabal.

En las conversaciones que las tres asociaciones han mantenido con 20Minutos, todas ellas han fijado algún propósito al que aspiran como víctimas del terrorismo. Hay mayoría en torno a la "necesidad" de perseguir los homenajes con los que algunos etarras son recibidos cuando les acercan al País Vasco.

"Para las víctimas, verlo es un doble castigo", resume Araluce, que recuerda que "está en un cajón" la reforma de la ley de víctimas para penar "con dureza" esos actos. Pero no solo es ese combate el que quieren ganar, sino también el de la memoria. Prieto explica que la lucha de las víctimas debe ir hacia "el reconocimiento". "Tengo mucha manía a la palabra relato porque no creo que haya que crear nada, solo contar la verdad de lo que ocurrió", concluye.