España forma parte del pequeño grupo de Estados miembros de la Unión Europea cuyos gobiernos han ignorado al Parlamento en la negociación y aprobación del plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. El Ejecutivo de Pedro Sánchez acompaña a los de Hungría, Bulgaria, Austria y Eslovaquia que, con matices en cada caso, tampoco han consultado de ninguna forma a las Cámaras, proceso que sí han seguido al menos una docena de socios comunitarios. El Reglamento de la Comisión no obliga a estos procesos, pero el contexto invita a alcanzar el mayor consenso posible.
El Gobierno español ha recibido duras críticas por parte de la oposición. El presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Pedro Sánchez de "no consensuar" las reformas con la oposición, como sí han hecho países como Italia, y le reclamó "someter a votación" el documento en el Congreso. "¿Por qué no trae aquí el plan de recuperación clandestino?", le preguntó en la última sesión de control, el pasado miércoles, cuando sostuvo que "todos los países" de Europa han consultado los planes con sus parlamentos, algo que no es cierto.
El Ejecutivo de Sánchez creó una comisión interministerial y un grupo de expertos económicos para elaborar el plan, y el propio presidente expuso las líneas más importantes del mismo en el Congreso, en una sesión extraordinaria. En cambio, no hubo una votación formal antes de remitirlo a Bruselas, que es precisamente lo que han criticado los partidos de la oposición. Sánchez cedió los mandos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fueron quienes coordinaron la elaboración del documento.
Ese plan ha recibido las críticas de la AIReF, que afeó recientemente al Gobierno que presentara un plan "incompleto" en materia fiscal y con reformas "poco concretas". Asimismo, el Banco de España pidió en su informe del año 2020 que esas medidas previstas en el plan de recuperación cuenten con un "amplio consenso" entre todos los actores implicados, tanto políticos como sociales.
Orbán y Borisov se saltan al Parlamento
Hungría y a Bulgaria tampoco han votado sus respectivos planes de recuperación. El Gobierno húngaro liderado por Viktor Orbán, además, entregó el documento fuera de plazo. No habría cambiado demasiado el escenario si lo hubiera presentado ante la Cámara, pues cuenta en ella con una mayoría aplastante: su partido, Fidesz, acumula 133 de los 199 diputados.
En Bulgaria, el ex primer ministro, Boiko Borisov, se negó tajantemente a llevar el plan al Parlamento después de haber perdido las elecciones celebradas el pasado 4 de abril. Bulgaria ahora mismo cuenta con un Gobierno interino y el documento fue enviado a Bruselas con el único consenso de un Ejecutivo que ya no está en el poder. "¿Crees que les interesa el plan? ¿Por qué debería aparecer si han votado por mi dimisión? Solo soy un ciudadano", dijo Borisov en una inusual rueda, en la que acusó al nuevo arco parlamentario de querer "denigrarle".
El Gobierno austriaco tampoco sometió su plan a votación en el Parlamento, pero no solo eso: la oposición acusó al primer ministro, Sebastian Kurz, según los medios nacionales, de "tardar demasiado" en remitir el documento final a la Comisión Europea. Lo hizo, eso sí, dentro del plazo oficial (aunque flexible) que finalizó el pasado 30 de abril. Desde 2020, el Ejecutivo austriaco está formado por el centroderecha de Kurz y los Verdes, que han exigido dar mucho peso a las políticas medioambientales en el documento.
El caso de Irlanda tiene una particularidad: el plan de recuperación no se ha votado en el Parlamento, pero el Gobierno sí ha respondido durante las últimas semanas a preguntas de diputados sobre aspectos concretos del plan. El papel de Irlanda ahora mismo es la UE es clave, puesto que ostenta la presidencia del Eurogrupo y guiará las políticas económicas del bloque durante los próximos años. Además, para la elaboración del plan, el Ejecutivo abrió una consulta ciudadana para recabar propuestas de organizaciones civiles. Eslovaquia, por su parte, creó un grupo de expertos multidisciplinar para elaborar el plan.
Italia, Alemania, Francia o Bélgica, grandes pactos
Más allá de estos seis casos, hay al menos 12 Estados miembros que, de acuerdo con las informaciones que se han ido conociendo, han sometido los planes a la votación del Parlamento. Son: Alemania, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Polonia, Finlandia, Chipre, Rumanía, Eslovenia, Dinamarca y Croacia. Algunos de ellos también lo han negociado con las regiones.
El caso paradigmático es el de Italia. El Gobierno "de concentración" liderado por Mario Draghi recibió el respaldo Parlamento para su plan de recuperación, y lo negoció con las regiones de todo el país. Lo mismo sucede con el alemán: el Ejecutivo de Angela Merkel recibió el visto bueno del Bundestag después de pactar varias reformas con los Lander.
Portugal, que ahora mismo preside el Consejo de la UE, fue el primer país de la UE en enviar el plan, pactado también con las diferentes regiones y con el Parlamento. Francia hizo lo propio, mientras que Croacia no solo buscó el respaldo de la Cámara, sino que además abrió una consulta ciudadana. Bélgica es otro caso particular: el pacto entre partidos era irrenunciable, pues la coalición gubernamental está formada por siete fuerzas políticas. Asimismo, el Comité Económico y Social ha celebrado que incluyera tanto a la sociedad civil como a las diferentes regiones.
El proceso de aprobación del plan ha sido más opaco en otros casos, como pueden ser los de Lituania o República Checa. Además, a día de hoy hay cinco Estados miembros que todavía no han remitido sus documentos finales a la Comisión. Son Luxemburgo, Estonia, Letonia, Malta y también Países Bajos, que celebró elecciones el pasado mes de marzo y en donde su primer ministro Mark Rutte sigue en negociaciones para formar un nuevo Gobierno.
De cara al futuro, cualquier cambio en los planes de recuperación hipoteca a futuros gobiernos. Fuentes de la Comisión Europea señalan a 20minutos que "es posible" modificar elementos del plan "en un momento posterior" siempre y cuando se cuente con "el visto bueno del Consejo" por "mayoría cualificada". Es decir, sería necesario que el 55% de los Estados miembros vota a favor, lo que en la práctica significa 15 de los 27 Estados miembros, o que los países que voten a favor representan al menos el 65% de la población total de la UE.
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