Era otoño de 2019. El Gobierno decidió acometer la Operación Ícaro, como se denominó al traslado a Cataluña de miles de agentes de la Policía Nacional, sobre todo antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Debían evitar las revueltas que podían producirse cuando el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia a los líderes del 'procés', que terminaron siendo condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años por sedición y malversación.

Sin embargo, los policías no tuvieron las mejores condiciones laborales en Barcelona y así se lo hicieron llegar a los responsables sindicales. Uno de ellos, C. A., compartió en su cuenta de Twitter unas imágenes de la comida que les servían a sus compañeros. Por ejemplo, plátanos abiertos o magdalenas caducadas. Como respuesta, la Dirección General de la Policía le impuso una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo.

En un primer momento, según cuenta a 20Minutos, le abrieron una información reservada, el paso previo al expediente disciplinario. “Citaron a declarar a varios compañeros y yo presenté fotos de otros sindicatos que ya circulaban por ahí”. Esto le valió que finalmente la propuesta de sanción en una primera instancia fuera de cinco días, “el mínimo”. No obstante, la dirección del cuerpo multiplicó el castigo por cuatro, lo que también incrementó el castigo económico. “Esto es una persecución”, denuncia el agente, que cree que detrás de esta sanción hay otro motivo: su carrera sindical en el cuerpo.

A preguntas de este diario, el Ministerio del Interior ha declinado reaccionar a las acusaciones a la dirección del cuerpo.

También comparte la opinión del agente sancionado el sindicato policial SUP, desde el que aseguran que siempre denunciarán “los intentos de censura” de la dirección. Más aún, dicen, ejemplos como este. El agente, sostienen fuentes del sindicato, “simplemente cumplió con su deber a petición de muchos de los compañeros” con una denuncia “hecha en el ejercicio sindical”.

Sostienen fuentes del SUP que los argumentos para sancionarle “eran insuficientes”. La dirección de la Policía señala que las fotos las hizo públicas “de uniforme, sin confirmar su veracidad y denunciando al único hotel que asumía alojar a policías en ese territorio”. Sin embargo, tanto el sindicato como el afectado defienden que en el perfil de Twitter se identifica “claramente” como delegado sindical y que no era verdad que ese fuese el único hotel que quisiese alojar a agentes. Además, C. A. desvinculó las críticas a la comida de la estancia. “Me tenían ganas”, dice el policía sancionado, que ya ha recurrido ante los tribunales.

En sus críticas hay dos elementos más: expone que el régimen sancionador del cuerpo “es una apisonadora” contra la que es difícil luchar y plantea el problema con el que se encuentran las organizaciones sindicales de la Policía Nacional “al no tener”, por ejemplo, “derecho a huelga”. “No tenemos capacidad propia de decir ‘hasta aquí’”, sostiene.

Desde el SUP también denuncian intentos, “sin éxito”, de la Dirección General de la Policía de “coaccionar a las organizaciones sindicales en su tarea de defensa de los compañeros”. “Su único objetivo es el de castigar a cualquiera que se atreva a denunciar las deficientes condiciones laborales que en ocasiones soportan los policías en su trabajo”, exponen. 

Fuentes de Jupol, el sindicato con mayor representación, mantienen una versión similar. Citan, además, otros casos de policías con expedientes sancionadores abiertos que consideran "arbitrarios". Es el caso de tres agentes de Asturias que escribieron en un chat privado "se Marlaska la tragedia", en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes del estado de alarma. También el secretario general de la asociación, José María García Fernández, está expedientado por manifestarse frente al Congreso de los Diputados.

“Nos sentimos atacados”, resumen las mismas fuentes, que explican que, si bien no creen que el régimen sancionador sea “duro” de por sí, “sí se utiliza de forma arbitraria”. Se muestran de acuerdo, además, en que no tener derecho a huelga lastra las posibilidades de mejorar sus condiciones laborales. “Que pudiéramos ir a la huelga no dejaría de garantizar la seguridad ciudadana”, concluyen.