La ley de protección a la infancia y la adolescencia, uno de los principales frutos de la obra legislativa de Pablo Iglesias durante su etapa como vicepresidente segundo del Gobierno, encara la recta final en el Congreso hacia su aprobación definitiva. Y el texto no incluirá un procedimiento que endurecería los requisitos para desahuciar a familias con menores que no tengan un techo alternativo al que irse, ya que el PSOE ha decidido votar en contra de una enmienda de varios grupos, entre ellos Unidas Podemos, en este sentido, algo que ha sentado mal a los morados. Los socialistas, no obstante, argumentan que quieren introducir este mecanismo en la ley de vivienda y que el acuerdo al respecto está próximo.
Fuentes de Unidas Podemos lamentaron este martes que el PSOE haya decidido rechazar una enmienda que pretendía incluir en la ley un procedimiento detallado que, entre otras cosas, conllevaría que un juez tuviera que realizar "un juicio de proporcionalidad antes de tomar la decisión de autorizar la entrada en un domicilio familiar en el que residan menores de edad para proceder a su desalojo". Los socialistas rechazan las críticas y aseguran que están negociando con Unidas Podemos una medida similar para la ley de vivienda, por lo que no tiene sentido incluirla en la ley de protección a la infancia.
Lo cierto es que el endurecimiento de los requisitos para llevar a cabo desahucios de familias vulnerables es uno de los pocos asuntos en los que los morados se han puesto de acuerdo con el PSOE en las conversaciones para la ley de vivienda. Aunque no está cerrada, ambos trabajan desde hace unas semanas sobre una propuesta que obligaría legalmente a los servicios sociales a analizar cada procedimiento de desahucio antes de su ejecución para, en caso de que la familia sea económicamente vulnerable, garantizar su realojo en otra vivienda. Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que el PSOE está dispuesto a que este mecanismo incluya protección especial para familias con menores de edad.
En cualquier caso, la norma que quedará este miércoles aprobada en comisión se limitará a señalar que "las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros sea una persona menor de edad". Pero no incluirá la exigencia expresa de que haya una intervención judicial, ni tampoco que "las soluciones habitacionales" que se ofrezcan a la familia desalojada deban contemplar "el mantenimiento de la convivencia de la persona menor de edad con la persona que ostente su tutoría legal", como quería Unidas Podemos.
La enmienda morada que será rechazada este miércoles también explicitaba que, "en los procedimientos judiciales de desahucio en los que los niños, niñas y adolescentes tengan más de 11 años o bien tengan capacidad para comparecer ante los tribunales", se debería tener "en cuenta su voz debidamente en el procedimiento". "En el caso de que el niño o la niña no quiera acudir o no se sienta capacitado para comparecer ante los tribunales, se garantizará por cualquier otro medio que su opinión sea escuchada o tenida en cuenta en caso de que así lo desee, independientemente de su edad", apuntaba el texto.
La violencia en las corridas de toros
El PSOE también rechazará una segunda enmienda de Unidas Podemos destinada a prohibir la presencia de menores de edad en las corridas de toros. El texto morado pretendía que se acotara a los mayores de edad la participación tanto en los festejos taurinos como en las escuelas de tauromaquia, considerándose la infracción de este precepto como una falta muy grave con su correspondiente sanción.
En esta ocasión, los socialistas argumentan que su rechazo a la enmienda se debe a que las competencias sobre espectáculos, también los taurinos, recaen en las comunidades autónomas, por lo que prohibir la asistencia de determinada población a estos festejos las invadiría.
Por el contrario, sí se aprobará la inclusión en la ley de una enmienda para la prohibición de la aplicación jurídica del llamado síndrome de alienación parental. Fuentes de Unidas Podemos celebran que, con ello, se cumple "una demanda histórica del movimiento feminista, que durante décadas había reclamado a los poderes públicos la prohibición de su utilización en la justicia española".
El proyecto de ley de protección a la infancia será aprobado este miércoles en comisión -junto a las enmiendas que sí han recibido luz verde- y pasará al pleno para ser ratificado por el Congreso en las próximas semanas. Una vez la norma sea aprobada por la Cámara Baja pasará al Senado, que puede introducir enmiendas -en cuyo caso volverá al Congreso para su aprobación final- o ponerla definitivamente en marcha.
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