El Consejo de Ministros aprobó este martes las "Directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030", un extenso documento en el que se establecen las líneas maestras de la política económica, social y medioambiental del Gobierno para los próximos años. Y, en dicho texto, el Ejecutivo se compromete a poner en marcha "mecanismos de contención o eventual bajada de los precios" de los alquileres que podrán utilizar los ayuntamientos en determinadas zonas de "mercado tensionado" de las ciudades.
De esta forma, el Gobierno vuelve a poner por escrito el compromiso que está bloqueando la negociación de la nueva ley de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos. A pesar de que la la parte socialista del Ejecutivo se comprometió el pasado octubre a poner en marcha este mecanismo, ahora el PSOE se muestra reacio a poner tope al precio de los alquileres y se limita a proponer exenciones fiscales a propietarios que no eleven el precio del arrendamiento por encima de un determinado límite.
El documento aprobado este martes en Consejo de Ministros recoge una redacción prácticamente idéntica a la pactada en octubre. El Gobierno, señala el texto, debe incluir en la ley de vivienda "la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".
En ese redactado no se establece expresamente que este mecanismo deba incluir la posibilidad de establecer topes de precios. Pero señala que la medida será deberá estar incluida en la ley de vivienda "tal y como establece el compromiso del Gobierno de España". Y en el acuerdo de coalición firmado en enero de 2020 -al que se hace referencia directa-, PSOE y Unidas Podemos sí que dejan claro que "el objetivo de los índices de referencia" de los precios del alquiler debe ser "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas".
El PSOE se mantiene en sus tesis
Para los socialistas, no obstante, el nuevo compromiso aprobado este martes no implica ningún cambio en su posición. Según declaró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "el debate" que está teniendo lugar en el seno del Ejecutivo gira en torno a los "instrumentos" que deben aplicarse para bajar los precios del alquiler. Y el PSOE sigue apostando por exenciones de impuestos a los propietarios, una medida que, consideran, salvaguardaría la "seguridad jurídica".
Más allá de reafirmar el compromiso de regular los alquileres, el documento aprobado este martes establece que, dentro de la ley de vivienda, "será también un aspecto esencial la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio", otro de los asuntos en los que no hay concreción por el momento. Esta garantía de que ningún desahuciado quede en la calle deberá hacerse "mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento".
El documento no recoge un compromiso concreto para prohibir los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a familias vulnerables que no puedan pagarlos, una medida que está vigente de manera excepcional hasta el próxmo mayo, cuando decaiga el estado de alarma. El Gobierno se limita a señalar que "profundizará en los mecanismos" para "proteger a los consumidores vulnerables de los cortes de suministro, a través de figuras como el suministro mínimo vital y el principio de precaución".
Reformar el mercado eléctrico
Con respecto a la energía, no obstante, sí que se recoge expresamente otra medida incluida en el acuerdo de coalición que ha generado polémica en los últimos meses: la reforma del mercado eléctrico para acabar con los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas y reducir así el precio de la luz. "Se deberán abordar los cambios normativos necesarios para la reforma del mercado eléctrico, poniendo fin a la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías", señala a este respecto el texto.
Sobre este asunto también hay serias diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. La idea de los socialistas es impulsar las energías renovables hasta que consigan, junto a otras energías baratas, que no haga falta la electricidad generada a partir de gas para satisfacer la demanda total y, por ende, que esta no marque el precio del total del mix.
Pero eso solo se logrará a largo plazo, y por ello la parte del Gobierno de Unidas Podemos insiste en que, además de potenciar las renovables, debe ponerse en marcha lo antes posible una nueva regulación del mercado que acabe con esos beneficios caídos del cielo.
Acabar con la temporalidad en el empleo
Las directrices aprobadas este martes en Consejo de Ministros también establecen que, en lo relativo a la reforma del mercado laboral, el Gobierno debe poner en marcha medidas para que los contratos indefinidos sean "la norma" y no la excepción, "a diferencia de lo que hoy sucede". "De ese molde de estabilidad solo se debería salir por razones estrictas y detalladamente justificadas", sostiene el Gobierno, que abre la puerta a aprobar "un mecanismo de sanciones y desincentivos" para las empresas que abusen de los contratos temporales.
De la misma forma, con respecto a la futura reforma fiscal, se hace hincapié en el el "elevado peso de la imposición sobre las rentas del trabajo frente a las de capital, el cada vez mayor peso de los impuestos indirectos frente a los directos, que provoca una mayor regresividad del sistema impositivo; y la extensión de los beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones y exenciones) que genera una importante pérdida de recaudación al sistema impositivo, junto con un empeoramiento de la progresividad, sin que esos beneficios se demuestren en muchos casos eficaces para los fines que persiguen".
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