La conocida como 'Ley Celaá' dio este jueves un paso más hacia su aprobación. Tras cinco ponencias en las que se han estudiado 1.168 enmiendas al proyecto de ley de modificación de la LOE, el texto resultante pasará a la Comisión de Educación del Congreso. Y lo hará inmerso en la polémica por varias cuestiones. Entre ellas, la situación en la que quedan tanto el castellano como la Educación Especial.

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La propuesta de reforma inicial establecía que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". A ello se añadía que todas ellas tendrían "la consideración de lenguas vehiculares". Ya la actual norma, la llamada 'Ley Wert', recoge que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas". Ahora, sin embargo, una enmienda acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC elimina ambas expresiones, tanto la de "lengua oficial del Estado" como la de "lenguas vehiculares".

El Gobierno ha negado que esta enmienda –aprobada con 20 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV– suponga "desalojar" al castellano de los colegios y defiende que seguirá siendo tratado como fijan la Constitución y los estatutos autonómicos. Estas explicaciones no convencen ni a PP,ni a Vox ni a Cs, que consideran que sí corre peligro y avisan de que recurrirán al Tribunal Constitucional si el texto queda así redactado.

Educación Especial

Protesta en defensa de la Educación Especial: "Preocupa que fuercen el paso de nuestros hijos a centros ordinarios"

Mientras ese aspecto del proyecto de ley es uno de los que ha sido modificado, los apartados relacionados con la Educación Especial se mantienen tal y como estaban inicialmente y esto ha indignado a familias que tienen hijos con discapacidad intelectual. Unidos en la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, padres, docentes y los propios alumnos vienen reclamando la retirada de ciertos apartados que, aseguran, "vulneran gravemente los derechos de las personas con necesidades educativas especiales". Al conocer que sus peticiones han caído en saco roto, esta organización denuncia que se ha dictado "la sentencia de muerte" de este modelo.

"Después de muchos meses de esfuerzo vemos, con gran pesar, que nuestro pronóstico se cumple", lamenta este colectivo que reitera que la disposición cuarta de la futura ley tiene "una redacción ambigua" y abre la puerta a permitir a las comunidades "vaciar los centros de Educación Especial de alumnos y, progresivamente, transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnados". La ministra Isabel Celaá niega que eso vaya a ser así, pero estas familias desconfían y aseguran que "no se van a rendir".

Luz verde a otras enmiendas

Concertada. Queda prohibido que en la educación concertada se pueda segregar a los estudiantes por sexo. Concretamente, la modificación contempla la opción de retirar el concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

Suelo. No se permite la cesión de suelo público para centros que no sean de titularidad pública. "Garantizamos que el suelo público solo se cederá para escuelas públicas, evitando el privilegio que tenían algunas escuelas privadas", afirmó el portavoz de UP en la Comisión de Educación, Joan Mena.

Plazas. Se aumenta por ley la oferta de plazas públicas para poner a disposición de la ciudadanía, con el objetivo de "equiparar el porcentaje de esas plazas públicas al resto de países de la UE".