Claves de la polémica sobre el papel del castellano en la futura Ley Celaá de Educación: LOMCE, presupuestos, ERC...

La ministra de Educación, Isabel Celaá.
La ministra de Educación, Isabel Celaá.
EFE/ Ballesteros

La nueva reforma educativa que ha impulsado el Gobierno de coalición, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', ha levantado esta semana polémica. La eliminación en la norma de que el castellano es la lengua "vehicular" en la enseñanza, a través de una enmienda transaccional entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, ha provocado las críticas de varios partidos de la oposición. 

¿Qué dice la actual ley educativa?

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013 establece que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable".

¿Cuál es la propuesta de PSOE, Podemos y ERC?

La enmienda sobre el castellano acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC propone que el texto quede así: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

¿Cuándo empieza tramitarse?

Este pasado martes se reunió la ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, donde se tramita la ley Celaá y donde se están estudiando hasta 1.162 enmiendas. Si el castellano seguirá siendo vehicular o no en la enseñanza con la reforma educativa está entre los temas que deben votar este jueves los grupos parlamentarios de la ponencia. El texto que salga debe debatirse después en la Comisión de Educación y posteriormente en el Congreso y el Senado para su aprobación definitiva. 

¿Qué ha dicho la oposición?

PP, Ciudadanos, Vox y UPN han anunciado su voto en contra y, además, los dos primeros partidos han asegurado que acudirán al Tribunal Constitucional si el castellano deja de ser vehicular en la enseñanza. "Recurriremos al Tribunal Constitucional la Ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos", ha escrito el líder popular Pablo Casado en Twitter. 

Por su parte, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, se ha pronunciado así sobre este asunto: "Años de inacción de PP y PSOE han permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea vehicular. Hoy el Gobierno quiere blindar este atropello por ley. Cs estará enfrente: iremos al TC y denunciaremos ante Europa, el Defensor del Pueblo y la Alta Inspección". 

¿Cuál es la posición del Gobierno?

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado que esa enmienda quiera "desalojar" al castellano de las escuelas y ha asegurado que seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos autonómicos. Celaá ha recalcado que se busca que los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial. 

¿En qué contexto político llega esta enmienda?

No se puede obviar que esta enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos junto a los nacionalistas de ERC surge en un momento en el que el Gobierno busca asegurarse los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que quiere que se aprueben definitivamente en las primeras semanas de 2021.

¿Qué otros aspectos polémicos se van a tratar en la ponencia?

La ponencia debe estudiar también las enmiendas relativas a la materia de Religión. Los grupos coinciden en reconocer que no puede sacarse de las aulas mientras no se deroguen los acuerdos con la Santa Sede. En el proyecto se fija que debe ser de oferta obligatoria, voluntaria para el alumno y no contar para el expediente académico. Las enmiendas presentadas van más allá. Por ejemplo, Unidas Podemos propone que las enseñanzas de religión confesional se desarrollen al margen del currículo común y fuera del horario escolar. El PP, por su parte, propone que el área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenda dos opciones: una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten padres o alumnos, y otra, de carácter no confesional.

Por otra parte, PSOE, Podemos y ERC han acordado además una enmienda para prohibir que los colegios concertados puedan segregar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

"Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género", recoge el texto de la enmienda transaccional.

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