En un litigio entre dos partes a veces es un tribunal el último que decide. Con las nuevas restricciones para doblegar la curva de contagios del coronavirus en disputa entre Moncloa y la Puerta del Sol, los tribunales podrían tener que pronunciarse sobre si el Ministerio de Sanidad puede obligar en sus labores de coordinación de una situación de riesgo a que los habitantes de diez ciudades madrileñas, entre ellas la capital, no salgan y entren de sus municipios para otra cosa que no sea ir a trabajar o a estudiar y unos pocos supuestos inaplazables.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves en el BOE la resolución con los nuevos requisitos y las pautas que deben de cumplir municipios con más de 100.000 habitantes con alta tasa de incidencia de coronavirus y fuerte presión sanitaria (PDF). El Gobierno, que envió la orden anoche a las Comunidades, dice que pese a no haber sido aprobada por consenso, es una decisión "colegiada" y ha recibido el 70% de apoyos del comité que reúne a los consejeros de Sanidad de todo el territorio español. Y que, por tanto, es de "obligado cumplimiento" en un plazo de 48 horas.

La Comunidad de Madrid, que es la principal afectada, prácticamente la única a día de hoy tiene grandes municipios con tasas de más de 500 contagios por 100.000 habitantes –entre ellos Madrid capital pero también Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares–considera inválida la nueva norma por no haberse aprobado "por consenso" en la Interterritorial de Salud, la reunión de los consejeros de todas las Comunidades Autónomas celebrada el miércoles por la tarde. 

Y eso que el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, había alcanzado un preacuerdo con Salvador Illa sobre las nuevas condiciones homologables a todas las Comunidades tan solo un día antes.

Aprobada, pero sin consenso

Sin embargo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se desmarcó el miércoles del preacuerdo y no quiso apoyar las nuevas medidas del Ministerio en la reunión de consejeros del ramo (como tampoco lo hicieron sus colegas de Cataluña, Andalucía o Galicia ni Cantabria, que se abstuvo, pero sí avalaron otras 12 Comunidades) y explicó a posteriori que elevaría a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el caso, para que estudie la viabilidad de un recurso a los tribunales. Considera Madrid que la capital no puede ser percibida como un único municipio, sino como 21 distritos, entre otras objeciones.

Defiende Escudero que las medidas que este jueves se han publicado en el BOE con la obligación de trasponerlas a la Comunidad y hacerlas cumplir en breve no son "válidas juridicamente".  Porque el artículo 14.1 del reglamento del consejo interterritorial recoge que las  recomendaciones se aprobarán por consenso. 

Moncloa recuerda, sin embargo, que la Abogacía General del Estado defiende que los acuerdos del comité interterritorial obligan a todas las Comunidades Autónomas, también a las que hayan votado en contra, "si el Estado ejerce competencias de coordinación", como es el caso.

Una vez el Ministerio de Sanidad ha puesto negro sobre blanco las restricciones a la movilidad, al aforo y el cierre adelantado de bares y restaurantes, sin mencionar los parques infantiles finalmente, Madrid tiene hasta el viernes por la noche para cumplir con las obligaciones impuestas.

En sede parlamentaria madrileña, este mismo jueves por la mañana, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir que Madrid no se declarará en rebeldía y cumplirá la orden ministerial, pero ha lanzado una advertencia: "Iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de la ciudadanía, porque si no volveremos a las colas del hambre y del paro".