El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmó este miércoles que no es necesaria ninguna reforma legal para luchar contra los allanamientos de viviendas porque, salvo excepciones, no son un problema generalizado para los particulares y, además, el Código Penal ya está preparado para combatirlas. "El problema real de la vivienda" es "el precio del alquiler", denunció Iglesias.

Los 'matices' de la Fiscalía contra los okupas: ¿qué diferencia hay entre allanamiento de morada y usurpación?

Así lo planteó el dirigente en respuesta al número dos del PP, Teodoro García Egea, en su ya tradicional intercambio en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. Egea exigió al vicepresidente segundo medidas para acabar con las okupaciones de viviendas y llegó a preguntarle si había sido "alguna vez okupa". "Y no me refiero al último año en la Moncloa", ironizó el secretario general del PP, en referencia a una supuesta ilegitimidad de Iglesias para ocupar el cargo de vicepresidente.

El líder de Podemos pasó por alto esta última pulla. Pero espetó a Egea que, si quiere preguntar por okupaciones, "estaría bien que se estudiara el Código Penal". "Los jueces", con años de experiencia, "dicen que no existe ningún desamparo" para los propietarios con la legislación actual, argumentó Iglesias. Y citó a un magistrado "conservador" que aseguró que "los propios okupas buscan casas vacías" y de bancos porque son más sencillas de okupar y hay menos probabilidades de que se les expulse de ellas.

"Otro juez dice que lleva 27 años en los juzgados y cree que no ha visto en su vida un caso de okupación de la vivienda de un particular", ejemplificó Iglesias, que sostuvo que, ya con la ley actualmente vigente, "si el dueño presenta el titulo de propiedad, se expulsa al okupa cautelarmente y luego en el juicio ya se verá".

"El problema real de la vivienda es el precio del alquiler", insistió el vicepresidente segundo. Y exigió al PP que defienda la Constitución, en especial su artículo 47, que leyó textualmente en el hemiciclo: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".

La orden de la Fiscalía General del Estado

Las palabras de Iglesias contra una reforma de la legislación para combatir la okupación llegan apenas unos días después de que la Fiscalía General del Estado haya emitido una orden para pedir "mayor inmediatez" en los desalojos, tanto en los que se hagan por delitos de usurpación de bienes inmuebles –viviendas deshabitadas y vacías– como por aquellos que correspondan a allanamientos de morada –primeras o segundas residencias–.

Esta orden no necesita de una reforma legal para aplicarse. Simplemente se recuerda a los fiscales que, en los casos de allanamiento de morada, podrán pedir el desalojo de forma inmediata (tanto en el caso de las primeras como de las segundas viviendas) siempre que cuenten con la información suficiente, y bastará con "la entrada en el juzgado de guardia" del atestado policial.Además, la fiscal reconoce como morada las segundas residencias.

Caso diferente es el de viviendas deshabitadas que no estén en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir un uso futuro. Ahí los fiscales deberán atender "a la concurrencia de otras circunstancias" para solicitar el desalojo, si bien la instrucción no dice cuáles. Y en el caso de la usurpación de inmuebles de entidades privadas, por ejemplo los bancos, se pedirá el desalojo cuando "se constate la existencia de un efectivo riesgo de quebranto para los bienes jurídicos de la misma", indica la orden.