El Defensor del Pueblo ha rechazado la petición del PP para que abriera una investigación los "ataques e insultos" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a medios de comunicación con el objetivo de averiguar, entre otras cosas, si el también líder de Podemos pudo incurrir en "abuso de poder" con esa, a su juicio, "actitud intimidatoria" hacia los profesionales que están informando sobre su participación en el conocido como 'caso Dina'.

El PP pidió la intervención de Francisco Fernández Marugán después de que a principios de julio Iglesias afirmara que "la dimensión fundamental de las cloacas del Estado es mediática", que "se nota" que "la derecha" y sus "medios" de comunicación quieren "sacar" a Unidas Podemos del Gobierno y que en las democracias avanzadas hay que "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" está sometido "tanto a la crítica como la insulto en las redes sociales".

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Según el primer partido de la oposición, el Defensor del Pueblo debería investigar lo que considera una "posible vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión", si Iglesias incurrió en "manifiesto incumplimiento de los deberes inherentes a su condición de miembro del Gobierno" y si utiliza "en beneficio propio las instituciones del Estado".

Pero el Defensor del Pueblo ha contestado al PP recordándole que esta institución no tiene competencias para controlar al Gobierno, facultad ésta que corresponde a las Cortes, y recordándole, en todo caso, que siempre tiene abierta la vía judicial si considera que se ha podido cometer algún delito.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández Marugán se remite al artículo 20 de la Constitución para recalcar a los de Pablo Casado que el Tribunal Constitucional contempla la libertad de expresión como "uno de los derechos más relevantes a proteger".

"Y en opinión de esta institución el derecho a la libertad de expresión es una condición básica de la democracia y una garantía para su buen funcionamiento y el trabajo de los medios de comunicación forma parte de ese derecho, por lo que el Defensor del Pueblo siempre trabajará para su defensa y protección", añade el documento.