La crisis generada por la pandemia podría arrastrar a 93.000 personas más a vivir en una situación de pobreza en Catalunya. Según un informe de Oxfam Intermón, antes del coronavirus había unas 990.000 personas en esta situación mientras que en la etapa post-covid ya se superaría el millón de personas solo en esta comunidad autónoma.
La nueva pobreza supondría un aumento del 9,4% y que aproximadamente una de cada siete personas en Catalunya sea pobre. En toda España, los nuevos pobres serían más de 700.000, hasta llegar a los 10,8 millones de personas en total. Son las estimaciones que hace la ONG de los estragos de la pandemia y la crisis derivada de esta, una crisis que advierte es "desigual e injusta".
En el informe, Oxfam también aprecia que se podría "borrar de golpe" la reducción de la desigualdad conseguida durante los últimos cuatro años, puesto que las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas.
Antes de la Covid-19, un 13% de la población catalana vivía en situación de pobreza mientras que después de los efectos de la pandemia el porcentaje pasaría a un 14,3%. En todo el Estado español, era un 21,5% y pasaría a ser un 23,1%.
Los millonarios, más ricos
En contraste, según datos de la organización, los 23 mil millonarios españoles han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de euros desde los inicios del estado de alarma y hasta principios de junio.
Las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son las Baleares, Castilla León, Aragón y Catalunya. En términos absolutos está en Andalucía, donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más. En cuanto a desigualdad, la comunidad con un mayor aumento de esta es Andalucía, seguida por Canarias y Extremadura.
A nivel mundial, la Covid-19 podría incrementar en 500 millones el número de personas en la pobreza, una cifra que según la ONG exige compromisos de los estados donantes, incluyendo España, "en una escala nunca vista" para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.
Los migrantes y las mujeres, los más afectados
El documento expone que, en solo 22 días, 900.000 personas se dieron de baja enla seguridad social en España por la paralización de la actividad económica, con especial afectación a sectores como la construcción o la hostelería, donde el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y perfiles de baja calificación.
En el caso de la población migrante, avisa la ONG, su tasa de paro el 2020 podría quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España y la probabilidad de perder el trabajo según las estimaciones de la organización es de un 149% sobre la población de nacionalidad española. Oxfam Intermón también calcula que el impacto de la covid-19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo el umbral de la pobreza sea una persona migrante.
Ante esto, la entidad defiende un proceso de regularización administrativa "amplio y extraordinario", que se incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia y se garantice el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
En cuanto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.
"Hay personas que están en la primera línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias", afirma Lara Contreras, responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón.
Medidas para reducir la precariedad
Entre las medidas que reclama Oxfam hay una demanda para que las administraciones públicas eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación, además de incrementar la inversión pública en el sector de las curas e incorporar las trabajadoras del hogar al régimen general de seguridad social.
La organización también propone medidas fiscales que calcula que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones de euros adicionales. Por un lado, algunas de estructurales como por ejemplo reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas de capital en el IRPF (infragravades frente a las rentas del trabajo) o eliminar ciertos ajustes extra contables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, porque sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas.
Por otro lado, sugiere medidas extraordinarias, entre las que figuran un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras "más ambicioso" que el que debate el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionados a un comportamiento fiscal "responsable".
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