La fecha de finalización de los ERTE por fuerza mayor se acerca y entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo hay consenso para prorrogarla. Pero este jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, fue más concreto en la comisión de reconstrucción del Congreso y volvió a insistir en la fecha que plantea desde hace unos días: para la principal organización empresarial, las compañías deben poder acogerse a este instrumento "al menos hasta diciembre", un extremo que a priori Trabajo rechaza.

Los ERTE por causa de fuerza mayor ya se prorrogaron el pasado mes de mayo hasta el próximo 30 de junio. Se hizo con un acuerdo entre patronal y sindicatos, que pactaron que mantener la cláusula de que las empresas tendrán que mantener al menos durante seis meses a los trabajadores que se hayan visto afectados por un expediente, pero la flexibilizaron para que pudiera haber despidos si existe "riesgo" de que entren en "concurso de acreedores".

Desde hace semanas, patronal y sindicatos negocian una nueva prórroga con Trabajo. El ministerio es partidario de alargar los ERTE hasta septiembre, algo que para la CEOE es insuficiente, como afirmó el propio Garamendi hace unos días, cuando aseguró que a juicio de la patronal es "un error enorme prolongarlos sólo tres meses más porque los empresarios necesitan certidumbre”. Este jueves, pidió además "dotarlos de mayor adaptabilidad dentro de la necesaria certidumbre y seguridad jurídica".

Según señaló Garamendi, extender los ERTE hasta el mes de diciembre ofrecerá "estabilidad", especialmente en sectores como el "turismo" y en zonas muy dependientes del mismo, como Canarias. El dirigente también planteó la necesidad de aumentar la "flexibilidad" del instrumento.

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También se está discutiendo en la mesa en la que se sientan patronal, sindicatos y ministerio el grado de apoyo que mantendrá el Estado a las empresas que se encuentren en un ERTE. En el acuerdo de hace un mes se resolvió ir retirando poco a poco las exenciones en sus cotizaciones a las empresas que pudieran ir retomando su actividad y otorgar exenciones más amplias para aquellas que fueran reincorporando a parte de sus trabajadores. 

Díaz pide un acuerdo rápido

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó este jueves a patronal y sindicatos a llegar a un acuerdo lo antes posible para prorrogar la vigencia de los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de junio. Y pidió que ese pacto llegue "antes del martes", cuando el Consejo de Ministros se reúne, si bien no quiso ofrecer detalles sobre el estado de la negociación.

Así lo planteó Díaz en su comparecencia en la comisión de reconstrucción del Congreso, a la que acudió poco antes que el propio Garamendi para ofrecer su punto de vista sobre el camino que debe seguirse en materia laboral tras la crisis del coronavirus. Allí, la ministra de Trabajo planteó la necesidad de alcanzar "un acuerdo" que calificó de "próspero para España". "La vocación de este ministerio es toda, y estamos trabajando para que esto salga adelante", sostuvo.

Garamendi, no obstante, afirmó unos minutos después que es complicado alcanzar un acuerdo para esa fecha. Y culpó en parte a Trabajo por no haber ofrecido una propuesta concreta cuando patronal y sindicatos, según dijo, sí lo han hecho. "Yo quiero ver los papeles del Gobierno encima de la mesa, deberíamos haber tenido más papeles hace tiempo", se quejó el presidente de la CEOE, que aseguró que en un asunto como la prórroga de los ERTE "no es bueno" que la negociación apure los plazos "porque las empresas necesitan organizarse para gestionar sus tiempos".

Según recordó Díaz en su intervención, los ERTE han sido una herramienta clave para evitar la destrucción de empleo que han acogido a "3,4 millones de trabajadores" y más de medio millón de empresas. No obstante, la ministra admitió que durante la crisis del coronavirus se ha llevado por delante casi 900.000 puestos de trabajo, de los que aseguró que casi el 80% eran "precarios". Una precariedad que asoció a la elevada temporalidad del trabajo en España y que, según recordó, "afecta en gran medida a la gente más joven y a las mujeres".

Por ello, sostuvo, "reeditar la precariedad no puede ser una opción" tras la crisis del coronavirus. E insistió en que el empleo que se cree debe de ser "estable y con derechos", para lo cual apostó por legislar en la dirección contraria a la de la reforma laboral del PP. "Nuestra realidad laboral no es una maldición divina, sino que tenemos un mal modelo de relaciones laborales" porque se ha hecho "política antilaboral" destinada a "desmantelar derechos laborales, desproteger a los trabajadores y desrregular el mercado laboral", denunció.