La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este viernes un acuerdo con sindicatos y patronal para prorrogar la aplicación de los ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio, el tiempo que el Gobierno estima que se tardará en ir levantando las restricciones a la actividad económica y el estado de alarma. Las empresas tendrán que mantener al menos durante seis meses a los trabajadores que se hayan visto afectados por un ERTE, aunque podrán despedirlos si existe "riesgo" de que entren en "concurso de acreedores".

El acuerdo fue negociado en una larga reunión este jueves y fue aceptado por los sindicatos y la patronal a lo largo de la mañana. La CEOE ha sido la más reacia a asumir el pacto, y la tardanza en dar la definitiva luz verde ha impedido que el acuerdo haya sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. Fuentes de Trabajo confirman que la prórroga de los ERTE se aprobará en el Consejo de Ministros ordinario del próximo martes.

Con el documento suscrito, se evita que los ERTE por fuerza mayor decaigan con el eventual fin del estado de alarma y se alargan hasta el 30 de junio para las empresas que no hayan podido volver a la normalidad antes. También quedarán prorrogadas hasta esa fecha las condiciones especiales para acceder al subsidio de paro, entre ellas el derecho a disfrutarlo aunque no se haya cotizado suficiente para ello y el hecho de que los meses cobrados no se descontarán del total de meses de prestación a los que se tienen derecho.

Se abre la puerta, además, a mantener los ERTE más allá del 30 de junio, según explicó Díaz en rueda de prensa, aunque aún no hay detalles al respecto. Según señaló la ministra, se creará una "comisión tripartita" con sindicatos y patronal "que se reunirá los miércoles de la segunda semana de cada mes para definir qué sectores van a necesitar de ayuda después de levantar el estado de alarma". El objetivo, señaló, es que "llegado el momento y si es necesario acompañemos a los sectores que tengan dificultades" más allá de esa fecha.

Las empresas que se acojan a estos ERTE por causas de fuerza mayor tendrán dos limitaciones. La primera es que, durante este año, no podrán repartir dividendos a sus accionistas, salvo si tienen menos de 50 empleados. Y la segunda es que no podrán acceder a un ERTE si tienen su domicilio fiscal radicado en un paraíso fiscal.

La exención de las cotizaciones sociales

El acuerdo establece, además, que las empresas que puedan ir reincorporando a sus trabajadores según se vaya reanudando la actividad económica deberán hacerlo, aunque sea con jornadas reducidas. La actual exención de cuotas laborales para empresas que no puedan reabrir se mantiene como hasta ahora: será total para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tengan más empleados.

Para las compañías que sí puedan ir paulatinamente retomando su actividad, las exenciones se irán reduciendo poco a poco y se promueve la reincorporación de los trabajadores. En las empresas de menos de 50 empleados, el Estado cubriría el 85% de las cotizaciones en mayo y el 70% en junio de los trabajadores que se reincorporen, mientras que se harán cargo del 60% de las cuotas sociales de mayo y del 45% de las de junio de los trabajadores que sigan afectados por un ERTE.

Algo menores son las ayudas para las empresas con más de 50 empleados. Para los trabajadores que se reincorporen, las empresas se verán exentas de pagar el 60% de la cotización de mayo y el 45% de la de junio, mientras que para quienes sigan suspendidos temporalmente el Estado cubrirá el 45% de las cotizaciones de mayo y el 30% de las de junio.

La conservación de los puestos de trabajo

De igual manera, el acuerdo supone que también se mantiene la obligación de las empresas de mantener durante un mínimo de seis meses los puestos de trabajo de los empleados que se hayan visto afectados por un ERTE, a contar desde la fecha de reanudación de la actividad. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar las cotizaciones sociales de las que se les hubiera exonerado.

No obstante, la presión empresarial ha provocado que Trabajo haya abierto algo la mano y el acuerdo recoja que "no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores".