El Gobierno, tras conocer que la Fiscalía del Supremo investigará al Rey emérito: "La justicia es igual para todos"

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por la construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. El llamado "AVE a La Meca". Se trata de la segunda fase de la causa y está previsto que a partir de ella se delimite si hay relevancia penal, toda vez que los hechos tienen lugar después de 2014, es decir, cuando la figura del monarca ya no es inviolable.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por la construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. 

El anuncio del Tribunal Supremo, que indica el inicio de una investigación contra el rey emérito, Juan Carlos I, por el supuesto cobro de una comisión para mediar en la adjudicación de las obras de construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí), ha suscitado una serie de reacciones entre los principales dirigentes políticos del país, que ya han empezado a pronunciarse respecto al asunto. 

El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha reclamado este lunes en su perfil de Twitter que, de demostrarse que el Rey emérito percibió las comisiones, "que lo devuelva todo".

Al ser preguntado por la investigación este lunes, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que "este es el problema de haber metido (el Gobierno) sus sucias manos en todas las instituciones democráticas", ha dicho, aseverando que "cualquier decisión de esas instituciones democráticas pasa a estar ensuciada", por las palabras de Pedro Sánchez "de quién depende la Fiscalía".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho esta mañana, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo', que "la justicia es igual para todos, y por tanto se tiene que investigar a todas las personas que los tribunales consideren convenientes", asegurando que el Gobierno no va a interferir, "como nunca hace", en la actuación de la justicia.

"Ya era hora", ha declarado en Twitter la eurodiputada de Unidas Podemos, Idoia Villanueva, añadiendo que el Proyecto de AVE a la Meca es "un ejemplo de cómo la corrupción ha formado parte de las relaciones exteriores de la monarquía". 

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha querido pronunciarse al respecto, con un mensaje en el que contestaba a la exclusiva que anunciaba la investigación al rey, asegurando que si el Congreso no la inició anteriormente fue "porque PSOE, PP, C's y VOX lo impidieron".

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, preguntado en una rueda de prensa esta mañana, ha afirmado que "nosotros siempre hemos sido partidarios de la transparencia, de la claridad de las investigaciones" y que, por lo tanto, creen que "tenemos que dejar trabajar a la Fiscalía". 

"Conozco muy bien  al fiscal jefe de delitos económicos", ha afirmado Bal, asegurando que es un "magnífico profesional, de las personas que más saben de derecho económico de este país", y que, "por razones de amistad", tiene "toda la confianza puesta en esa ampliación de la investigación". 

Investigación de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía se centrará en "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, según ha informado el ministerio público en un comunicado.

Supuestamente, el Rey emérito habría recibido una comisión de 100 millones de dólares por sus gestiones a favor de las empresas españolas. Este asunto estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, pero, al estar involucrado don Juan Carlos, que es aforado, se ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La investigación pretende comprobar si hubo algún tipo de actuación ilícita por parte del rey Juan Carlos después de junio de 2014, fecha en la que el monarca abdicó en su hijo, Felipe, y dejó de estar protegido por la condición de inviolabilidad que establece el artículo 56.3 de la Constitución española.

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