La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado una reunión urgente con los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Esta medida ha provocado la preocupación del personal funcionario respecto al futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones, según señala el sindicato, que en los últimos días ha recibido "centenares de llamadas" al respecto. Este cambio en la gestión afecta a 900.000 pensiones y temen que este movimiento derive en un recorte de sus condiciones de jubilación. Además, al ser igualadas las clases pasivas al resto, pierden su capacidad de negociación por separado.

CSIF acusa al Gobierno de haber aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales, centradas en paliar las consecuencias del coronavirus, para "modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios" sin pasar por el parlamento y sin consultar a las organizaciones sindicales del sector.

A los funcionarios les preocupa que, si prospera este Real Decreto Ley, la gestión de las clases pasivas -un régimen cerrado en el que, desde el 1 de enero de 2011, no se incorporan nuevas personas- pasará a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos para la financiación de estas pensiones, por lo que no se pagarán con las cotizaciones sociales.

También será competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento de las pensiones de los funcionarios así como el complemento por maternidad. "Las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva", destacan desde CSIF.