Después de las reuniones del rey Felipe VI con los líderes de los partidos y de que el monarca haya encomendado la formación de Gobierno a Pedro Sánchez, una cosa ha quedado clara: los posibles aliados del socialista para la investidura van a vender caro su apoyo al presidente en funciones.

El Gobierno de coalición solicitado por Podemos, el AVE cántabro del PRC, la agenda vasca del PNV o la abstención del PSOE en Navarra que pide UPN son solo algunas de las exigencias de los potenciales socios de los socialistas.

Desde el punto de vista de la forma, el “socio preferente” del PSOE para la investidura exige un Gobierno de coalición, donde haya miembros de Unidas Podemos y en cuya elección no haya “vetos” por parte del Ejecutivo, de la misma manera que ellos no van a vetar ninguna propuesta de Sánchez.

Por lo que respecta al fondo, Iglesias esbozó una serie de medidas que deben incluirse en el acuerdo programático que tiene que acompañar a la coalición con el PSOE. Una de ellas es la “justicia fiscal” que da una vuelta de tuerca más a la subida de IRPF a las rentas altas. Si en los malogrados PGE se subía este impuesto para quienes cobrasen a partir de 130.000 euros, ahora propone subirlo a partir de los ingresos anuales de 100.000 euros. Su propuesta fiscal recupera el impuesto a la banca que el PSOE dio por olvidado en la pasada legislatura y la reducción del IVA a los bienes de primera necesidad, a la calefacción, al gas y la electricidad.

Como el PSOE en su programa electoral, Unidas Podemos exige una subida progresiva del SMI que termine la legislatura en 1.200 euros, tal y como indica la Carta Social Europea. Esta subida debe ir dentro de una nueva reforma laboral que acabe con “el fraude” de los contratos laborales, reduzca la jornada laboral a 34 horas semanales y fije una renta mínima que empiece por una “cuantía inicial” de 600 euros.

La confluencia catalana de Unidas Podemos también exige una coalición de Gobierno que ponga en marcha una agenda feminista y social y de diálogo con Cataluña, que esta formación afronta desde la visión de que la prisión preventiva de los políticos procesados por el 1-O es abusiva.

Para Galicia en Común (2), la apuesta formal es también un Gobierno de coalición porque, igual que Iglesias, sus socios gallegos tienen claro que, si no, no hay garantías de que se pueda cumplir un acuerdo programático como el que ya se cerró con el PSOE el año pasado en torno a los PGE. Además, su portavoz, Yolanda Díaz, enumeró una serie de condiciones meramente gallegas que pasan por que Sánchez se comprometa con dar una solución a empresas que “penden de un hilo”, como Alcoa.

También piden el desarrollo de infraestructuras que están pendientes como la conexión ferroviaria de tren convencional en el interior de Galicia, la conexión entre Ferrol y Coruña y la salida sur de Galicia. También exigen conexiones digitales y autopistas del mar.

El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, no han explicitado su lista de peticiones tras reunirse con el rey, pero para ellos es prioritaria la llamada agenda vasca, que se basa en la transferencia de las competencias que marca el Estatuto de Guernika y que todavía están en manos del Gobierno central. La legislatura terminó con el traspaso de un tramo de la autopista A-68, pero quedan otras. Unas que se negociaron pero no se cerraron, como la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE. También otras estratégicas, como la gestión de los aeropuertos vascos, prisiones o de la política de inmigración que el PNV hará valer de cara a la investidura.

La exigencia de Unión del Pueblo Navarro a Sánchez es una y clara: que el PSN permita gobernar a Suma Navarra en la comunidad foral a cambio de la abstención.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla impone tres condiciones: el compromiso de reanudar las obras del AVE de Palencia a Santander, el estudio informativo del tren Bilbao-Santander y el pago de la deuda del hospital de Valdecilla.

La primera condición de este aliado tradicional del PSOE es que Sánchez se siente a hablar. En el contenido de la conversación está la segunda condición: que el Gobierno se comprometa a reformar el sistema de financiación autonómica para modificar el actual, que la Comunidad Valenciana considera injusto.