Unidos Podemos ha rescatado para su programa electoral del 28-A una medida que hace no mucho tiempo fue una reivindicación estrella del PSOE cuando estaba en la oposición: la publicación de la lista de amnistiados fiscales.

"Nosotros sí la publicaremos", ha proclamado Pablo Iglesias este lunes, replicando casi palabra por palabra el antiguo lamento de Pedro Sánchez. Fuentes de la formación morada, sin embargo, no concretan el cómo, más allá de consignar que se trata de un derecho de los ciudadanos y de reprochar al presidente socialista su inacción al escudarse en una sentencia del Tribunal Constitucional.

El partido de izquierda va, en todo caso, más allá. Dice que lo hará "de manera inmediata" si gobierna y que la lista no se ceñirá a la regularización de 2012, sino a 'todas'. Asimismo, añade, incluirá en la Constitución —con una mayoría parlamentaria suficiente— la prohibición de decretar este tipo de medidas.

El PSOE prometió exactamente lo mismo en 2016; no ha llegado a cumplirlo. El Gobierno de Sánchez se propuso cambiar la Ley General Tributaria para revelar la lista de "defraudadores" —solo de 2012—, y se topó con la realidad. Meses después de llegar a la Moncloa, admitió que no era posible.

"No se puede hacer salvo que hubiera una disposición en la ley que lo previera", afirmó en julio de 2018 la ministra Montero, en alusión al artículo 95 de la citada norma, que versa sobre el "carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria". Y aunque eso se pudiera solventar, apostilló, nunca podría tener carácter retroactivo. Así lo señaló el Constitucional al anular la decisión que Montoro encajó en la "urgencia" de la crisis.

Es decir, a pesar de que la norma era nula, los casos no podían ser revisados por "seguridad jurídica" y, por lo tanto, los nombres de los protagonistas tampoco debían difundirse. Sánchez anunció entonces una ley, eso sí, para prohibir futuras amnistías. Montoro se le había adelantado. Y hasta Solchaga.

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude que incluía este segundo compromiso. Ahí se quedó. En su programa para el 28-A, el PSOE dice ahora que aprobará la mencionada ley, pero no hay rastro de las palabras "amnistía fiscal".

La amnistía de 2012 permitió regularizar la situación tributaria de unos 30.000 contribuyentes con dinero o activos nunca declarados en España y de ejercicios no prescritos. Solo abonaron un 10% del importe, sin sanciones, intereses ni recargos. Con anonimato. Se recaudaron solo 1.200 millones de euros.

En los años sucesivos se conocieron gracias a los medios de comunicación algunos de los ilustres apellidos que presentaron en modelo 750 de la Agencia Tributaria, como Bárcenas, Rato, Pujol, Torres, etc. Podemos, que vio morir una proposición no de ley con sus pretensiones, no dejó de intentarlo y apuntó más alto en el Congreso preguntando incluso por el rey emérito. No fueron los únicos: Ciudadanos también insistió en pedir la lista completa.

Hace solo seis días, el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, contestó en una entrevista en Infolibre que en unas eventuales conversaciones para formar Gobierno con el PSOE tras el 28-A exigirán la publicación de los nombres... "si es legalmente posible". Seis días después, vuelve a ser una promesa.