El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que prohibirá nuevas amnistías fiscales. En una comparecencia en el Congreso para presentar su hoja de ruta para lo que resta de legislatura, avanzó que el Ejecutivo legislará para impedir nuevas amnistías fiscales, perseguir a los "grandes defraudadores" y actualizar el listado de paraísos fiscales. Sin embargo, confirmó que no publicará el listado de quienes se beneficiaron, en 2012, de la amnistía fiscal del PP. Sánchez prometió hacerlo cuando estaba en la oposición. Ahora, sostiene que es imposible.

El presidente argumentó que el Tribunal Constitucional ya declaró nula esa amnistía fiscal, pero dijo que también "se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma" y sobre la imposibilidad de revisar los casos. "Y ello afecta a revisar los nombres", recalcó Sánchez, que confirmó así el anuncio que el pasado viernes realizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dijo que no era legalmente factible publicar ese listado. "Desafortunadamente no podemos cambiar un pasado sentenciado, pero sí podemos evitar nuevas amnistías", remachó el presidente.

En su intervención, Sánchez ratificó su compromiso con la "estabilidad presupuestaria" y la "cohesión social", y también anunció que las comunidades autónomas podrán gastar más. De las cinco décimas extra que España tendrá en el objetivo de déficit de 2018 y 2019 tras las negociaciones con Bruselas, dos serán para la administración autonómica, que dispondrá así de 2.400 millones de margen fiscal adicional. El Ejecutivo convocará para este mismo jueves un Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el viernes se aprobará ese reparto en el Consejo de Ministros.

El discurso de Sánchez, de hora y media de duración, le sirvió para desgranar la agenda de reformas que pretende sacar adelante en apenas dos años. El presidente puso el acento en el diálogo con Cataluña para normalizar la situación institucional y en las reformas sociales para atajar la desigualdad y recuperar derechos perdidos durante la crisis. Pero el socialista no concretó en demasía: su intervención fue más una enunciación de propósitos y medidas que el detalle de un programa de Gobierno. Y tampoco concretó con qué apoyos pretende sacar adelante esas medidas.

El primer eje de la intervención de Sánchez fue la consolidación del crecimiento, la creación de empleo digno y la cohesión social. Sánchez argumentó que "España crece, pero a golpe de precariedad, no de productividad, y con el esfuerzo fiscal de la clase media y trabajadora, y no de los grandes conglomerados empresariales". La crisis, prosiguió, ha "ensanchado" la brecha de la desigualdad y ha "frustrado" a las generaciones de jóvenes que crecieron "creyendo en el esfuerzo".

Ante esa situación, dijo, su Gobierno no subirá impuestos "a los trabajadores de a pie", sino que centrará los incrementos en las "grandes compañías tecnológicas"; las grandes empresas, con un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades; la banca, con una "figura finalista" para contribuir al sostenimiento de las pensiones; e introducirá nuevos impuestos para contribuir a la transición ecológica. "Eso se llama justicia fiscal", zanjó Sánchez.

Entre otras medidas, el presidente también dijo que presentará un plan de choque para el empleo juvenil -con una nueva regulación del contrato de relevo y de prácticas y un nuevo estatuto del becario-, que garantizará "pensiones dignas" que "no pierdan poder adquisitivo" y que luchará contra "la peor de las pobrezas", la pobreza infantil, que es un "fracaso de la sociedad". En ese sentido, confirmó que incrementará la partida para becas, y también en el ámbito educativo, que promoverá un acuerdo por la Educación y que dejará sin valor académico la nota de Religión.

Sánchez no pudo esquivar en su discurso el primer fracaso de su Gobierno: haber perdido, este lunes en el Pleno del Congreso, una votación clave para completar la renovación del Consejo de Administración de RTVE. La derrota fue inesperada y se produjo solo por un voto, pero mostró las complicaciones a las que se enfrenta el Ejecutivo. El Gobierno, ahora, tendrá que nombrar a un administrador único que, con carácter interino, dirigirá la corporación hasta que concluya el concurso público para elegir a los nuevos consejeros y el presidente de la radiotelevisión pública.

El líder del Ejecutivo intentó restar importancia a esa derrota y, más allá de "lamentar" el resultado de la votación, se felicitó porque el decreto aprobado por su Gobierno para nombrar una dirección provisional tras caducar el mandato de la anterior ha servido, a su juicio, para "forzar a quienes nunca creyeron en el concurso público", en referencia a PP y Ciudadanos, "a acelerar los tiempos".

Sobre el debate territorial, Sánchez insistió en su mensaje de diálogo y normalización. El presidente dijo que "hay alternativas políticas dignas de explorar" allí donde el "enfrentamiento ha dividido a una sociedad plural, como la catalana". Admitió que "dialogar no es la meta", sino el primer punto de una hoja de ruta en la que no hay soluciones "fáciles ni rápidas", sino una auténtica "carrera de fondo" que exigirá "determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todos".

Tras la reciente reunión con el president Torra, Sánchez se felicitó nuevamente por la activación de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat como un "primer paso" fundamental para "construir lealtades" y recuperar la confianza. "Queremos acordar la unión y la convivencia, y ahí nos podremos volver a encontrar", comentó el presidente.

En el resto de su discurso, Sánchez ofreció pocas concreciones. Esbozó un listado de posibles medidas con guiños de izquierdas, pero no las desarrolló en demasía. Hubo menciones a la exhumación de los restos del dictador Franco -"será en breve, muy breve", dijo-, el impulso a la Ciencia y la reindustrialización, medidas para abaratar los alquileres e impulsar la vivienda social, la lucha contra el cambio climático, una nueva ley del deporte "que pondrá el acento en el deporte femenino", la ley LGTBI, y la derogación de los plazos máximos de instrucción para causas judiciales.

Sánchez dijo ser "consciente" de la "necesidad de estar a la altura de las expectativas generadas" por su Gobierno. Un Gobierno, dijo, que quiere cultivar el "diálogo y el acuerdo" para una "agenda del cambio". Y un Gobierno, concluyó, que quiere "volver a poner el reloj de la política a la hora de España". Tras la intervención de Sánchez, tomaron la palabra los portavoces parlamentarios, de mayor a menor.