Menos de 50 días después de desalojar a Mariano Rajoy del Gobierno y convertirse en presidente gracias a una moción de censura, Pedro Sánchez expondrá este martes en el Congreso la hoja de ruta con la que quiere gobernar hasta 2020.

Sánchez tomará la palabra a las nueve de la mañana y sin límite de tiempo. Después, le darán la réplica los portavoces del resto de grupos. Por el PP, sumido en su proceso de renovación, lo hará Rafael Hernando; por Unidos Podemos, dada la ausencia de Pablo Iglesias e Irene Montero por el nacimiento de sus hijos, Ione Belarra.

La comparecencia del presidente se producirá después de que sus ministros hayan pasado en los últimos días por las comisiones de la Cámara Baja para detallar sus planes.

En esa ronda se conoció, por ejemplo, que el Gobierno quitará las reválidas en ESO y Bachillerato y dejará sin valor académico la nota de Religión, o que modificará la ley para limitar el margen de interpretación de los jueces en casos de delitos sexuales, para que una relación sin un sí explícito sea agresión.

Antes, este mismo lunes, el presidente ha citado a la Ejecutiva federal del PSOE. Es la primera vez en que la cúpula socialista al completo se reúne en Ferraz desde que llegó a la Moncloa y, previsiblemente, Sánchez aprovechará para adelantarles los temas que abordará. Estas son algunas de esas posibles claves:

Tras la reunión entre Sánchez y Torra, Moncloa celebró el comienzo de la normalización de las relaciones entre Gobierno y Generalitat, pero la situación dista de ser óptima y el territorial es un tema incómodo para el Ejecutivo.

El presidente se enfrenta al reto de apaciguar las ansias secesionistas del Govern, que no renuncia a la vía unilateral, sin realizar cesiones que la oposición pueda criticar o puedan encender a otras comunidades. Y todo, consciente de que necesita los votos de los independentistas en el Congreso para aprobar cuantas leyes pretenda sacar adelante en esta legislatura.

Uno de los principales retos del Gobierno es aprobar unos presupuestos para 2019, y el primer paso es llevar a la Cámara el techo de gasto, algo que debería hacer antes del verano. Para sacarlo adelante, Sánchez necesita contentar a partidos de izquierdas y de derechas, con intereses a priori contrapuestos.

Además, antes de que acabe el año quiere aprobar nuevos impuestos. El compromiso del Ejecutivo es que no afectarán a clases bajas y medias. En su punto de mira están las grandes empresas. Pero aún no se conoce el detalle de las cifras, como tampoco el de la subida del diésel, que sí afectará a los trabajadores, aunque Moncloa promete no castigar a autónomos y pymes. Las pensiones también se colarán, a buen seguro, en el debate de mañana, igual que la financiación autonómica, que Sánchez no reformará aunque promete mejoras parciales.

Finalmente, el Gobierno deberá buscar aliados en materia laboral para impulsar una senda de alza salarial y retocar la reforma laboral del PP, con el fin de primar los convenios sectoriales y limitar la subcontratación.

El Gobierno ha avanzado ya sus intenciones: quiere que la nota de Religión deje de contar, introducir una asignatura obligatoria de valores cívicos y eliminar las reválidas que impuso la Lomce del PP, muy contestada por la comunidad educativa.

En Sanidad, la primera medida de impacto será reuniversalizar la asistencia sanitaria, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste de este plan. En ambos casos, se trata de competencias transferidas a las comunidades autónomas, otro elemento que puede complicar o retrasar los planes de Sánchez.

La anunciada salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos es una de las pocas medidas que el Gobierno puede poner en marcha sin pasar por el Congreso, que ya se pronunció a favor de la iniciativa durante el mandato de Rajoy. El Ejecutivo también quiere reformar la Ley de Memoria Histórica para impulsar desde el Estado las exhumaciones de víctimas.