Juicio al procés: "¿Hizo reiterados y continuos llamamientos para proteger los centros el 1-O?; "Hice un retuit"

Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo.
Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo.
EFE/Tribunal Supremo
Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo.

El juicio contra la cúpula del procés se ha reanudado este jueves en el Tribunal Supremo con los interrogatorios al exconseller de Empresa Santi Vila y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

El primero, considerado en algunos sectores como traidor ('botifler') tras dimitir la víspera de la DUI, ha confesado que el clima de tensión en Cataluña que Puigdemont no supo "gestionar emocionalmente" abocó a la declaración unilateral de independencia a un Govern hasta entonces convencido de que se iba a elecciones, aun cuando su obligación "era ser el gobierno de todos".

Asimismo, ha sido especialmente crítico con algunos hechos relevantes de aquellos días, como la ley de transitoriedad del 7 de septiembre de 2017 que era "innecesaria y además muy disparatada", por lo que "ni un alumno de primero de Derecho la habría asumido". Igualmente con el 1-O, que para él "muta claramente a una gran movilización política" una vez fue suspendido por el Constitucional, por lo que él "nunca más" lo reconoció como un referéndum.

Por su parte, Sànchez ha querido dejar claro que "jamás" un fiscal o un juez se dirigió a la ciudadanía o a las entidades soberanistas para impedirles participar y votar en el referéndum y que "jamás" se imaginó que "podía haber una situación de tensión o de agresividad o de violencia o enfrentamientos" ese día. Por otro lado, ha tachado de "apócrifo" y "genérico" el documento Enfocats, donde se trazó la supuesta hoja de ruta a la independencia.

Por otro lado, el fiscal ha mostrado un correo electrónico recibido por Sánchez el 28 de septiembre, en el que se le planteaba la posibilidad de aparcar coches particulares delante de los colegios electorales el 1-O. El acusado ha negado conocerlo y ha sacado a relucir el famoso whastapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el juez Marchena. "Es evidente que no sabía nada. Con lo cual, estamos ahí", ha añadido.

Marchena ha dejado para el próximo martes los interrogatorios al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Después, comenzará el turno de los testigos, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La jornada de este jueves ha coincidido con la convocatoria de la tercera huelga relacionada directamente con el proceso independentista.

Te hemos contado en directo la sexta jornada del juicio al procés:

Minuto a minuto

Terminamos aquí la narración de esta jornada. Más información en 20minutos.es.
Marchena da por concluida también la sesión. Los interrogatorios a Carme Forcadell y Jordi Cuixart serán a partir del martes a las 9.30 horas. Después, declararán los testigos. Como muy tarde, ha dicho el presidente del tribunal, los testigos comenzarán el jueves. Si no es así, habilitarían el 1 de marzo.
Sànchez niega que hiciera "reiterados y continuos llamamientos públicos" para proteger los colegios el 1-O, tal y como le acusa el fiscal. "Hice un retuit", contesta. Concluye el interrogatorio del abogado defensor.
Comienza a preguntar el abogado por el 1-O. "¿Usted convocó algún referéndum? Es que me he perdido", dice con sarcasmo el letrado, aludiendo directamente a las preguntas del fiscal.
Pide el abogado que enseñen unas imágenes que ilustran el famoso cordón (pasillo) de voluntarios que dejó paso a los mossos el día 20 de septiembre. También se ve qué gente estaba a las puertas de la conselleria, incluidos periodistas encima de dos coches de la Guardia Civil y mossos y guardias civiles. Sànchez dice que cuando el teniente de la Guardia Civil le dijo que había armas en esos coches, los voluntarios pidieron a los periodistas que bajaran y rodearon los coches para que nadie se acercara. Sànchez destaca la labor de los voluntarios.
Sànchez desvincula la ANC -que él presidió- del Govern de la Generalitat y dice que no recibe dinero público. Sobre el 20-S, dice que de la conselleria "entraron y salieron todas las personas que la Guardia Civil" decidía.
Le pregunta por el documento de Enfocats. Confirma Sánchez que no lo conocía, pero que ya lo ha podido leer. "Lo he analizado y es apócrifo y genérico", dice, "y no da ni una". El documento es este. (FOTO: TS).

Comienza a preguntar el defensor de Sànchez. Dice el acusado que lo que después declaró ese teniente de la Guardia Civil y las acusaciones de la Fiscalía no se corresponde con lo que él vivió. Reconoce que hubo "momentos de nerviosismo" y que nunca imaginaron que iba a haber violencia. Explica que cuando salió la comitiva judicial de la conselleria por el pasillo, los manifestantes cantaron una canción de la trinca que se solía canción en las fiestas populares, una canción de despedida.
Pide la defensa de Cuixart la exhibición de varios vídeos. En uno de ellos, se ve cómo los manifestantes del 20-S abren un pasillo para que pasen los Mossos. Exhiben otro vídeo, también del 20-S, en el que Sànchez habla con un teniente de la Guardia Civil y mandos de los Mossos dentro de la consellería, a cuyas puertas se celebraba la manifestación. Dice Sànchez que se aprecia que el ambiente era de normalidad en el interior.
"Las manifestaciones se comunican, no se solicitan para autorizar", le dice Sànchez a la Abogada, que ha hablado de manifestaciones ilegales y le ha llamado "experto en manifestaciones". La letrada repite preguntas del fiscal. Y pregunta para qué se pedía "resistencia pacífica" a los ciudadanos en los centros, "¿resistencia a qué?". Sànchez dice que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hicieron su trabajo según el mandato judicial en muchos colegios.

Comienza a preguntar la Abogacía del Estado. Quiere saber qué relación tenía en 2017 Sànchez con Puigdemont y otros miembros del Gobierno. El acusado dice que lo conoció cuando era alcalde de Girona. "La relación era buena y sigue siéndolo", apunta. Niega que se reuniera con ellos para la celebración del referéndum salvo en dos ocasiones, pero dentro del Parlament en un marco concreto.
"No conozco a los CDR, el crecimiento de estos colectivos yo ya lo he vivido desde la prisión", explica Sànchez. El fiscal le muestra un correo que recibió Sànchez el 28 de septiembre con una supuesta estrategia para llevar a cabo en los colegios; el acusado dice que lo acaba de ver y que no consta respuesta suya. Pide que se demuestre si ese correo fue abierto y que citen al remitente. "No quiero ser impertinente", añade, "pero hay whatsapps que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta Sala y es evidente, por lo que él ha dicho, que él no sabía nada de esos whatsapps. Con lo cual, estamos ahí". 

"¿Teniendo en cuenta lo que pasó el 20-S por qué ustedes hacen la llamada esa movilización y ocupar los centros de un acto que había sido prohibido?", pregunta el fiscal. Para Sànchez era una cuestión de libertades y de ejercer los derechos de expresión y de defensa del de autodeterminación. Marchena le indica al fiscal que "pregunte sobre los hechos" y no que haga reproches al acusado. "Jamás imaginé que fuera a haber una situación de tensión o violencia, porque hasta ese momento no se habían producido nunca", indica Sànchez.
"Tengo conciencia que el 1 de octubre hubo unos 2.000 colegios y que en la práctica totalidad no hubo incidentes, y que en un pequeño número, no creo que más de 50, hubo una actuación policial desproporcionada", dice Sànchez. El fiscal le recuerda que hubo policías contusionados y agredidos. El acusado solo reconoce la violencia policial.
El fiscal reconoce que la prohibición del TC "no quiere decir que el ciudadano que quiera votar esté cometiendo un delito". Sànchez dice que "jamás" recibió ninguna notificación de ningún juzgado que le prohibiera un acto para pedir el voto; y que no participó en ninguna actividad desarrollada en un centro escolar. Tras una discrepancia entre el fiscal y Sànchez sobre lo que prohibía o no el auto judicial sobre la preparación del referéndum en los días previos, Zaragoza le pregunta por tuits, pero el acusado no los reconoce. Tuits como este.
El fiscal recuerda que el TC había suspendido el referéndum. "Pero yo ni nadie tuvimos conciencia de que se prohibiera a la ciudadanía participar", contesta. De hecho, dice que ANC y Òmnium hicieron campaña -"actos con miles de personas- para pedir el voto positivo y "en ningún caso" se les prohibieron los actos por nadie. Reitera Sànchez que organizar un referéndum no es delito, porque así lo decidió en su día el Congreso.
Sànchez dice que no tiene "presente" que hubiera violencia. Reconoce que repartieron papeletas para el 1-O y que pidieron a los ciudadanos que imprimieran papeletas, pero dice que no fueron "un millón", como dice el fiscal. Desmiente que hubieran guardado urnas: "La riqueza informativa no tiene límites". También considera, como los exconsellers que ya han declarado, que organizar y participar en un referéndum no era algo ilegal.
Insiste Sànchez en que la concentración del 20-S era para protestar, "no para impedir". y dice que solo convocaron en un sitio, ante la conselleria de Economía. (FOTO: TS).


"Los daños tienen cierta gravedad", dice el fiscal. "Son daños a vehículos, que yo condené y lamento", insiste Sànchez. El exlíder de la ANC afirma que en ninguna de sus movilizaciones, desde que se creó la asociación, ha habido inicidentes similares. Habla de que "unos pocos" causaron esos daños, que solo fueron "a bienes". Zaragoza desliza que los incidentes se pudieron deber a la "proximidad del referéndum", pero Sànchez contesta que no y que siempre es posible que "unos pocos se aprovechen del anonimato".
Continúa el fiscal Zaragoza. Solicita que se le muestren al acusado fotos (de la causa) de tres vehículos de la Guardia Civil vandalizados el 20 de septiembre de 2017. "Condené y condeno esos actos", dice Sànchez, que añade que esos daños no representan a la concentración. "Nadie pudo capturar la imagen en la que esos daños se produjeron", explica, aunque dice que eso no le quita importancia.
En unos minutos se reanudará la sesión del juicio al procés. Continúa contestando a las preguntas Jordi Sànchez.
El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha reiterado que en la manifestación del 20-S frente a la Conselleria de Economía no hubo violencia, ni un solo lanzamiento de objetos, ni riesgo para la integridad física de ninguna persona ni ningún intento de asalto a ese edificio.

Sànchez ha tachado de "falso" el "relato" de algunos informes y de algunos medios "de que hubo un intento permanente de asalto". "Y la prueba es que no hubo ningún asalto".

La situación de los coches de la Guardia Civil dañados ha ocupado parte del interrogatorio. Ha admitido que fueron dañados seis (y lo ha condenado), pero ha negado que fuera fruto de un "alzamiento puntual", sino de acciones que se fueron produciendo a lo largo de la jornada.

Cuando el fiscal ha interpretado que aludía a que los hubiera podido dañar la propia Guardia Civil, ha rebatido: "Yo puedo ser independentista pero no idiota. Los guardias civiles no dañaron los vehículos, que no se llegue a afirmaciones que yo no he dicho".

También se ha esforzado en negar que él dirigiera un servicio de orden público (materia que compete a la Guardia Civil y a los Mossos), dado que solo colaboró como organizador de la manifestación en organizar el pasillo en el acceso al edificio y en proteger unos vehículos que después supo que tenían "armas largas" en su interior.
El receso habitual del mediodía comienza. La sesión se volverá a reanudar a las 16.00 horas. El fiscal Zaragoza retomará donde lo dejó su interrogatorio al líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, a quien la acusación pide 17 años de prisión.
"Ningún miembro de la ANC abrió ningún vehículo de la Guardia Civil. Cuando yo pedí que alargaran el cordón para evitar el acceso a esos vehículos no sabíamos que había dentro".

Dice que abandonó la zona a la una o una y media. Dice que hubo después una carga policial con posterioridad que tuvo como objetivo desplazar a los cientos de personas que allí seguían. "No fue una carga con una violencia extrema, porque no había situación de violencia frente al departamento".
Sànchez dice que pasada la medianoche volvieron a pedir que se desconvocara la concentración, subidos a un vehículo, porque así se lo pidió la Guardia Civil. "Asumí una responsabilidad cívica con los vehículos que contenían armas. Pedí a los voluntarios que los protegieran. Después desconvoqué y agradecí a los voluntarios que estuvieran doce horas".
La comitiva judicial salió por un patio trasero, reconoce Jordi Sànchez, que no comparte esa decisión, porque, a su parecer, "nadie corrió peligro entrando y saliendo del edificio" por la puerta principal.

Reconoce que hubo tensión, "pero no violencia, ni carga policial, ni agresión de los manifestantes a la Policía": "Seguro que hubo momentos de tensión porque la brigada de los Mossos estaba desplegada para hacer un pasillo entre los voluntarios, hubo gritos".
El pasillo de voluntarios se mantuvo hasta pasada la madrugada en ese acceso para facilitar la salida de la comitiva judicial, cuenta Sànchez. Y dice que se comprometieron a guardar los vehículos hasta retirada de los vehículos, las 7 de la mañana, cuando llegó la grúa.
Tras la desconvocatoria, regresó a la sede donde se llevaba a cabo el registro. Dice que lo hicieron porque los altavoces no alcanzaron a la gente desplegada ahí. "Tuvimos que hacer otra desconvocatoria sobre las doce de la noche a un grupo de personas que estaban en la puerta". Con un megáfono y sobre un vehículo pidió a los allí concentrados que disolvieran la protesta.
La percepción de vehículos dañados no llega hasta la madrugada, relata Sànchez, porque "unas pegatinas en un vehículo" (que es lo que había por la tarde) "no son para desconvocar", defiende Sànchez.

A las 23.00 horas desconvocaron la manifestación y convocaron a una protesta para el día siguiente. Lo hicieron, explica, porque la comitiva judicial iba a finalizar pronto su trabajo y porque su permiso tenía fecha final a las 00.00 horas y había mucha gente concentrada.
"Se nos está castigando por el hecho de haber ejercido el derecho de expresión", dice Jordi Sànchez.

El fiscal le insiste en que por qué por la noche no disuelve la concentración. "Es que no había ningún motivo porque no había evidencia de que hay riesgo para la seguridad de nadie. Y habíamos convocado una protesta hasta las 12 de la noche, con discursos políticos y actuaciones musicales".

El fiscal insiste en preguntar por qué no disolvieron la concentración. "La seguridad es competencia de Mossos, ni yo ni los manifestantes obstaculizamos a la comitiva judicial. Si no obstaculizo no puedo dejar de obstaculizar".

¿Pero usted era el interlocutor de los Mossos y del Govern?, repregunta. Sànchez dice que él solo se ofreció a cooperar en la creación de un pasillo para facilitar el operativo judicial.
(El Tribunal Supremo acaba de anunciar que permitirá prolongar las vistas del juicio más allá de las 20 horas "cuando excepcionalmente fuera necesario").
Respecto a la autoría del vandalismo a los vehículos de la Guardia Civil: "Fueron algunos manifestantes. Yo no digo que fuera la Guardia Civil. Puedo ser independentista pero no idiota, que no se llegue a afirmaciones que no he hecho".
Aviso del presidente del tribunal, Manuel Marchena, al público. Les pide silencio o tendrá que desalojar la sala.
"Pero sí hubo siete vehículos dañados", dice el fiscal. Sànchez corrige "son seis, y no le quito la importancia, señor fiscal". "Yo no voy a justificar los daños, yo los critiqué". "¿Cómo es que no hay ni una imagen sobre cómo se produjeron esos daños? ¿Por qué no hay imágenes?", se pregunta Sànchez.
"No hay ni un intento de la comitiva o de la guardia civil de salir o de volver a entrar por que hubiera alguien que se lo impedía. En todo momento hubo guardia civil uniformada en la puerta y no hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o los Mossos, ni tan solo la puerta". Pide visionar las cámaras para constatar "la tranquilidad" que se vivió en el hall de la sede. "No hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona y no hubo daño en el edificio que permitiera imaginar que se pudiera producir un asalto al departamento. Y la prueba está en que no hubo ningún asalto".
¿Pero lo hizo por la noche? (coger el megáfono y disolver): "Efectivamente, cuando teníamos un escenario".
"¿Por qué no tomó un megáfono y disolvió la concentración?", pregunta la fiscalía: "Por varios motivos, porque no se estaba dificultando la actividad de la comitiva judicial. En ningún momento ninguna de las personas detenidas dejaron de venir a Economía por esa movilización, ninguna. Y no se produjo un obstáculo a la labor y no hubo ni una incidencia, ni un retraso. La comitiva judicial hizo toda su labor, son las declaraciones de la Guardia Civil ante la jueza Lamela". Y en tercer lugar, el derecho de manifestación no es absoluto pero es importante para actuar con normalidad democrática. El derecho a la protesta exista, si no impide otros derechos no tiene que ser limitado ni impedido. Y una última consideración, aunque hubiese querido, yo con un megáfono no hubiese sido capaz".
Sobre el pasillo que los voluntarios de ANC hicieron frente a Economía y Vicepresidencia, Sànchez: "Pusimos todas las facilidades para que se pudiera hacer el registro sin dificultad".

Dice que no recuerda que le dijera a la Guardia Civil que no se iba a permitir la entrada de personal uniformado. Explica que el coronel de la Guardia Civil le pidió que desplazaran a toda la gente concentrada para que unos vehículos pudieran llegar al acceso para conducir a los detenidos.

Sànchez dice que eso no lo veía "materialmente" posible. "Técnicamente no era razonable ni de sentido común porque no había forma humana de hacerlo. Ya había hecho lo posible para garantizar un pasillo y no me veía capacitado para desplazar a esos miles de personas unos cuantos metros para que unos vehículos pudieran entrar". "Me superaba".
"Hubo una serie de vehículos que fueron dañados, pero no es ajustado ni proporcionado que una actuación concreta criticable, y denunciable, por parte de unos pocos individuos sea la excusa para criminalizar, para penalizar, a una movilización de 40, 50, 60.000 personas que estaban presentes de manera cívica".

"Tomé conciencia de que había coches (de la guardia civil) por la tarde, hacia las seis, porque los voluntarios de la Guardia Civil me dijeron que los vehículos estaban con las ruedas pinchadas. Yo sabía que había coches, a mediodía, pero fue por la tarde cuando me dijeron por la tarde que estaban pinchadas las ruedas". Llamó a un comandante de la Guardia Civil para contarle lo de los pinchazos y él le dijo que dentro había "armas largas".
Sànchez explica que no es que le encomendaran la gestión del orden público, que solo se coordinó con el conseller como se suele hacer en las movilizaciones en la calle, para favorecer la concentración de la gente con un "mínimo servicio de orden".
Del 20-S frente al departamento de Economía y Vicepresidencia de la Generalitat, Sànchez asegura que lo que le "generó una tensión como pocas veces en una movilización" fue saber que había "armas largas" en el interior de vehículos de Guardia Civil que estaban abiertos y ubicados en medio de la gente. "Yo haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar daños mayores", dice que les dijo.
La ANC hizo una previsión de 2.000 personas al solicitar el permiso, al ser una convocatoria en día de diario. ¿Cuántas acudieron?, pregunta el fiscal. "La guardia urbana habla de 40.000 personas y la fiscalía de 60.000 personas. Pero nosotros nunca damos cifras, el libro de comunicación de la asamblea no me lo permite". El fiscal le corrige, sí dió en su día una cifra: 50.000. Sànchez lo acepta.
Se reanuda la sesión con el interrogatorio a Jordi Sànchez, presidente de Asamblea Nacional Catalana, que vuelve a explicar cómo se coordinó con el conseller Forn para propiciar un normal desarrollo de la concentración del 20-S a través de facilitadores voluntarios, un servicio de orden habitual en las manifestaciones de la ANC. "La movilización nos sorprendió a todos, a mí el primero, por la gran respuesta que tuvo".

Las frases más relevantes del interrogatorio a Santi Vila, el único conseller que dimitió antes de la DUI:
  • "La legislatura se empezó con una presión muy fuerte por parte de ciudadanos y partidos para que el Govern tomara iniciativas nítidamente unilaterales... pero Puigdemont tomó una decisión, una argucia, para desescalar en la tensión y en la presión: anunciar por sorpresa que iba a convocar un referéndum".
  • "Desde que el Tribunal Constitucional suspende la Ley del Referéndum, cae inmediatamente la Sindicatura Electoral y todas las iniciativas y el referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política que tuvo un gran sentido y que personalmente yo nunca reconocí como referéndum".
  • ¿Cómo se financió el 1-O? "Le dije a la juez Lamela que no tenía ni idea, pero intuitivamente, especulativamente, creo que se había financiado por mecenas catalanistas comprometidos con la iniciativa y dispuestos a sufragar estos gastos. Cuando me interesé por estas gestiones, Puigdemont siempre me aseguró: estate tranquilo, que no gastaremos ni un euro del erario público".
  • "Algunos apoyábamos de forma instrumental que esa movilización (independentista) sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), que legítimamente, en aquellos momentos, a pesar de que mantuvo siempre vías de diálogo abiertas, no supo ni nosotros supimos, crear las condiciones de confianza adecuadas para que eso precipitara algún tipo de negociación".
  • "Teníamos la obligación de ser el gobierno de todos... de los que habían participado el 1-O pero también era nuestra obligación ser el gobierno de los más de dos millones que se habían quedado en casa, incluso abrumados, temiendo lo que podría pasar en las próximas semanas, que auguraban un conflicto institucional".
  • "Algunos tuvimos hasta el último segundo la convicción de que no se llevaría a cabo el 1-O. Se llevó a cabo. Fue muy desgraciado y triste. Es una herida que nos acompañará toda la vida, haber visto las cargas policiales, señoras por los suelos. Todos podríamos haber sido más responsables". "Si fuera ahora, igual haríamos las cosas de otra manera y habríamos encauzado el conflicto de otra manera...lo que ocurrió en Cataluña es impropio de una sociedad avanzada y moderna".
  • "Se inició una aproximación con interlocutores políticos, religiosos, del mundo de la empresa, institucionales, que de buena fe, sin interés espurio, querían evitar el despropósito, que aquello acabara mal. Yo formé parte de ello, con orgullo. El miércoles 25 de octubre (cuando Puigdemont se decanta por las elecciones anticipadas) lo habíamos conseguido y nos fuimos a dormir con aquella sensación de paz interior de decir que no íbamos a tomar ninguna decisión unilateral".
  • "¿Qué nos pasó? Que lo que habíamos acordado discretamente y sin publicidad, el clima de desconfianza y la tensión era tan fuerte que al día siguiente se torció...si no nos vemos capaces de justificarnos ante nuestro electorado, ante los jóvenes, porque somos aprendices de mago ante la presión de las redes sociales, que estaban llamando traidor y cobarde a Puigdemont y creaba confusión general en el estado de ánimo...yo me voy y dimito". "Yo dimito frustrado".
  • Sobre la ley de transitoriedad: "la reprobé públicamente porque era innecesaria y además muy disparatada, ni un alumno de primero de derecho la habría asumido".
Manuel Marchena ordena un descanso hasta las 12.30 horas.
El fiscal pregunta por qué si la protesta se convoca a las ocho de la mañana se pidió el permiso legal de la concentración dos horas después. "Tan pronto se pudo", cuando se abrió el departamento que autoriza las concentraciones, "se pidió". Y los motivos, la protesta de los registros de la Guardia Civil a las sedes del Govern.

Dice Sànchez que regresó a la manifestación, más o menos, a la una del mediodía, después de que el conseller Forn le pidiera que acudiera con sus colaboradores para "facilitar un pasillo para garantizar la entrada de la comitiva judicial", porque había mucha gente en la manifestación.
Sánchez explica que pidió entrar a la sede de la vicepresidencia de la Generalitat a cuatro agentes de Mossos y Guardia Civil, que al cabo de pocos minutos le dijeron que no tenía autorización para entrar y se fue a una reunión de trabajo. Preguntado por los vehículos de la Guardia Civil que luego fueron vandalizados, dice que en esa primera visita a primera hora de la mañana no los vio. Que sí los vio cuando regresó al lugar, unas dos o tres horas después.
Sànchez cuenta que el 20-S llevó a su hija al colegio y luego se dirigió a la convocatoria de protesta por los registros de la sede de Economía y Vicepresidencia. Desde ahí se dirigió a la puerta de la sede a atender a los medios de comunicación. Dice que allí permaneció unos veinte minutos.

El líder de la ANC dice que allí ya había muchos centenares de personas y todos los medios de comunicación en la primera línea. Puerta con puerta. Cuando vio que había tanta gente hizo, dice, "un llamamiento a que la convocatoria fuera un poco más allá, en Gran Via-Rambla Cataluña, con el objetivo de dar oxigeno al espacio delante de la conselleria".
El fiscal Javier Zaragoza le pregunta por los tuits enviados ese 20-S. En ellos insiste en la ubicación de la movilización (Rambla Catalunya-Gran Vía) y en la condición "pacífica" de la convocatoria. Asume solamente los tuits de su cuenta personal, que manejaba él sin gestor externo.
El fiscal pregunta por los registros del 20 de septiembre en sedes de la Generalitat , donde se concentraron los simpatizantes de la ANC. Unas manifestaciones que fueron convocadas bajo el lema "defendamos las instituciones", explica Sànchez. Dice que es relevante que ellos no fueron los únicos que convocaron contra los registros ordenados por unas "diligencias secretas" que generaban "dudas" de los motivos del juzgado de donde procedían. "Generaron indignación y de acuerdo con el mandato de la Asamblea Nacional Catalana decidimos convocar un acto de protesta, porque es un elemento de funcionamiento democrático. Una resolución judicial debe ser respetada pero puede ser protestada".

Sí precisa Sànchez que convocó a 300 metros de la puerta de la sede de Economía y vicepresidencia, y no a 20.
Jordi Sànchez defiende la actitud "pacífica y cívica" de todas las movilizaciones" y protestas impulsadas por la ANC e insiste en que se considera "un preso político". "Creo que estoy en este tribunal por ser presidente de la ANC" y por eso defiende que se considera "un preso político".
Sànchez dice que va a contestar, primero al fiscal. No sin antes decir que se considera un "preso político" en un "juicio político". Es presidente de la ANC desde 2015, en sustitución de Carme Forcadell, admite.
Llega el turno de Jordi Sànchez, que renuncia a la traducción consecutiva, porque está para defenderse en igualdad de armas ante una acusación que me pide injustamente 17 años de prisión. "tengo derecho a usar la lengua materna, no porque desconozca la española, sino porque sería una mayor naturalidad en la defensa de mis planteamientos. Lamento que el Supremo haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de un estado plurinacional". Y considera que si eso fuera así, "no habríamos llegado a la situación a la que hemos llegado".

Santi Vila dice, en su última intervención, que su permanencia en el Gobierno posibilitaba un acuerdo entre Barcelona y Madrid, donde tenía buena relación con cargos socialistas y populares. "Compensaba el riesgo de poder desobedecer, tenía la impresión de que era ítil al Gobierno y en definitiva al resto de los catalanes".
Turno de los abogados de la defensa. Ante los cuales el exconseller Santi Vila admite que dimitió "frustrado" y convencido de que los que fallaron fueron los independentistas, "nosotros que no fuimos capaces de serenar el ánimo de nuestros entornos".
Santi Vila se desmarca en su interrogatorio de todos los acusados anteriores. Para él el referéndum fue una gran "exhibición y movilización política" que no debía haber conducido a una declaración unilateral de independencia. Defiende su papel como mediador con el PSOE y el gobierno de España, entonces del PP, en los días posteriores. Y dice que dimitió porque no estaba de acuerdo con cómo se hicieron las cosas el 26 de octubre, apostando por la vía unilatera.
Le pide la abogada del estado que explique la expresión: "Todos podríamos haber sido más responsables", que dijo anteriormente.

Vila responde: "Si hubiéramos sido responsables, el gobierno de Cataluña, yo mismo y el gobierno de España. Todos. Yo lamento profundamente lo que ha pasado, lo que pasó es impropio de una sociedad moderna como la de Cataluña. Teníamos que haberlo hecho de otra manera. Pero yo que soy crítico y autocrítico también quiero subrayar que si fuera ahora haríamos las cosas de manera distinta. Había que haber encauzado mejor este conflicto".
Manuel Marchena pide a la abogada que deje de preguntar sobre los locales en los que se celebró el referéndum. La abogada pide una última pregunta, sobre si los conselleres tomaron decisiones sobre las sedes. "Nadie tomó decisión de este tipo", zanja Vila.
Sobre la organización del referéndum, la abogada pregunta por las sedes/locales en las que se votaba. "Estoy especulando, pero uno facilitó un local y otro, otro". Habla de una casuística grande, con locales cedidos por iglesias, casals... Sobre la financiación, insiste en que no fue pública. "Mire si (la financiación) fue oculta que yo no llegué a verla, ni a conocerla". Vila deja claro que su consellería no cedió ningún local para la celebración de la votación.
Acaba el interrogatorio de la fiscalía, y pasa el turno a la abogacía del Estado. A sus preguntas reitera que no gastaron ni un euro público en este referéndum y critica la actuación de las fuerzas de seguridad por no ser compatibles con España, "un Estado democrático y moderno".

En esas circunstancias, tras el 1-O, explica, Puigdemont le ordenó hablar con el Gobierno de España. "Se dió algo que sería excesivo llamar negociación, pero se inició una aproximación con interlocutores políticos, religiosos, del mundo de la empresa, que de buena fe ,sin interés espúreo quería evitar el despropósito, que esto acabara mal. Creo que el 25 de octubre creíamos que lo habíamos conseguido. Nos fuimos a dormir tranquilos, sabiendo que no vamos a tomar ninguna decisión de carácter unilateral".

Dice que esa noche la recordará siempre, porque pudo acabar con su "carrera política y quizás algo más".

"Pero lo que habíamos acordado discretamente, por la tensión exterior que era tan fuerte, se torció. Yo que me he dado la mano con PP y PSOE y he dado mi palabra. Si ahora no podemos, por la presión de la ciudadanía y las redes sociales (frenarlo), si no somos capaces de gestionar emocionalmente eso, me voy y dimito".
"Todos podíamos haber sido más responsables", dice Vila que llegó a pensar que no ocurriría el referéndum. "Pero lo que había pasado había pasado". Hace una acotación y lamenta las cargas policiales que ese día dejaron "a señoras por los suelos".
Sobre su dimisión el día antes de la votación de la Declaración Unilateral de Independencia dice: "Dimito frustrado, porque a partir del 1-O hay una discrepancia de qué ha pasado el 1 de octubre. Algunos lo ven como una movilización que obliga y otros estamos convencidos de que lo que ha pasado la expresión de más de dos millones de catalanaes a favor de la independencia. Pero dos millones y medio de catalanes más se han quedado en casa porque no se sentían interpelados, al contrario. (Algunos) considerabamos que debíamos ser el gobierno de todos, y creo que era un sentimiento mayoritario en el gobierno".

"Yo en octubre formé parte de un grupo de políticos que interlocutaron con altos dirigientes del PSOE y responsables del gobierno de España, que también tenían un alto interés en la conciliación, en evitar el choque e ir desescalando la tensión".
Vila describe a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart como "dos activistas que han hecho del activismo cívico buena parte de su carrera". Le preguntan sobre la crisis de gobierno de Puigdemont, dice que no contesta porque "estaría especulando".
El fiscal le pregunta si las movilizaciones de esas fechas buscaban la independencia. Vila dice que "no necesariamente" y que él confiaba, según explica, en que hicieran de "palanca de actualización de los consensos constitucionales que se rompieron a partir de 2010 para sentir de mucha gente".
"Si en la vida tuviéramos la oportunidad, a pelota pasada, quizá revisaríamos esas decisiones", dice en referencia a la organización del reférendum, al que prefiere definir como "una gran exhibición y movilización política". E insiste en que le garantizaron que no se destinaría ningún euro del erario público en su organización.
Vila niega gasto público en el referéndum. Le preguntan sobre la partida presupuestaria destinada a organizar el referéndum. "No se tomó nunca ninguna decisión de este tipo". Nadie en mi departamento iba a tomar una decisión que comportara un gasto y yo sabía que si había algún gasto pasaría por el Gobierno y el conjunto de los consellers convendríamos en su inconveniencia y no la admitiríamos. Para mi defensa, he aportado prueba de que un fedatario ha acreditado que nunca se tomó un acuerdo que supusiera un gasto para el referéndum".

"El contexto en el que se aprueba la ley de referendum y los decretos tiene que ver no con resoluciones de parlamento, sino por lógica gubernamental que queríamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera y encauzar un sentimiento ciudadano pacífico"-
Sobre la aprobación del decreto del referéndum. "Quisiera contextualizar esa toma de decisiones, para evitar error de anacronismo. La legislatura se había empezado con presión ciudadana para que el Gobierno tomara iniciativas de carácter unilateral. Hubo una crisis de gobierno muy grave en verano, en la que Carles Puigdemont tomó la decisión de desescalar en la tensión y en la presión para que se tomaran decisiones unilaterales. La argucia fue anunciar, por sorpresa, que el Gobierno iba a trabajar para conseguir un referéndum,  con el slogan "referéndum o referéndum". Que se iba a intentar acordar una consulta".
Fue notificado seis veces por el Constitucional para impedir acciones. Santi Vila: "En algunos casos el requerimiento tenía que ver con manifestaciones políticas del Parlament, de las que tomaba nota, para estar atento, pero sentía que no formaban parte de mi ámbito de decisiones"
El fiscal Fidel Cadena empieza preguntando a Vila cuándo dimitió de su cargo, si fue el día anterior de que se votara la DUI. Contesta que efectivamente y el fiscal dice que luego volverá sobre el tema. Ahora le pregunta por las resoluciones y apercibimientos del Constitucional. Solo se sintió interpelado por algunas notificaciones, otras, dice, eran "políticas".
Buenos días. En breve comenzaremos el relato, minuto a minuto, de los interrogatorios a los acusados del procés. El primero en sentarse al frente en la sala será Santi Vila. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de prisión por desobediencia y malversación para Vila, quien abandonó el Govern la víspera de que el Parlamento aprobara la declaración unilateral de independencia (DUI).

Terminamos la narración de esta jornada. Más información en 20minutos.es.
Concluye la sesión. El juez Marchena emplaza a todos mañana a las 10.30 horas.
"Si el decreto de convocatoria del referéndum se ejecutó es una cuestión que se tendrá que valorar", dice Mundó, "yo solo estoy acusado de malversación".
El abogado de Jordi Sánchez se queja de que los presos se levantan a las 6 horas y que si se alarga mucho el interrogatorio, no descansarám lo suficiente, teniendo en cuenta que su cliente tiene que declarar mañana. Interroga ahora la Abogada del Estado.
Mundó se niega a responder a preguntas sobre los hechos relativos al 20-S y sobre todo lo que no tenga que ver con los delitos que se le imputan. Sobre el referéndum del 1-O ha dicho que "no incumple" los requerimientos del TC.
Dice Mundó que las urnas, papeletas y demás no se financiaron con dinero público, sino privado. "Pero no tengo conocimiento de quién lo sufragó", añade. El exconseller dice desconocer que Unipost tenía facturas y dice que está "acreditado" que esos pagos no se realizaron. (FOTO: TS).

Receso de "cuatro minutos", dice Marchena, para que alguien vaya al cuarto de baño.
Hay tensión en el interrogatorio. "Usted pone en mi boca cosas que yo no he dicho", le dice al fiscal Zaragoza. Mundó niega, igual que sus compañeros, que haya habido desembolso de dinero publico para el 1-O.
"¿No se planteó acatar las normas y obeceder al TC?", insiste el fiscal. "He atendido los requerimientos, porque desde que me fueron notificados no realicé en el ámbito de mis competencias ninguna resolucion", ningún acto, explica Mundó. El exconseller rechaza contestar algunas preguntas sobre la ley de transitoriedad.
"Teníamos la certeza de que el referéndum no era delito, y eso es relevante", afirma. "¿No informó de que estos decretos hacían caso omiso de los mandatos del TC?", pregunta el fiscal. "Me atribuye unas facultades que no son del conseller de Justicia", dice Mundó, que explica que su opinión no era más relevante que otras. "Lo importante es lo que hizo y no se hizo", responde. El fiscal aprieta: "¿Y entonces el referéndum?".
El fiscal pregunta por la aprobación de la ley del referéndum y por el decreto correspondiente. Mundó dice que los 13 consellers firmaron el decreto porque era "un hecho extraordinario" y para "enfatizar el carácter político de ese momento". "Lo único relevante es que fuera firmado por el president y el conseller" correspondiente, recuerda, tal y como ha hecho Borràs. Insiste en que estaban convencidos de que no era delito.
Turno de Carles Mundó, exconseller de Justicia. Tampoco contestará a Vox.
Vuelve a negar Borràs que su departamento hiciera gastos para el 1-O. Dice que el Tribunal de Cuentas no ha solicitado nada a su departamento. Aparte de firmar el decreto antes mecionado, la exconsellera dice que lo único que hizo en relación al procés fue "ir a votar". Concluye el interrogatorio.
Pregunta la abogada de Borràs. La exconsellera llora porque la letrada le ha recordado que no pudo firmar un documento del TC porque había fallecido su padre.
Turno para la Abogada del Estado. Borràs dice también que creía que convocar un referéndum no era delito y que todo lo hicieron con la idea de llegar a un acuerdo con el Gobierno español. Ha negado varias veces que se desembolsara dinero para el 1-O. Después de la abogada, interroga alguna de las defensas.
Borràs niega que hubiera leyes preparadas para llevar a cabo la independencia. Termina el fiscal. (FOTO: TS)

Dice que los locales públicos que se utilizaron no costaron dinero y que su departamento siguió enviado detalle de sus cuentas al Gobierno. Sobre la DUI: "Yo no era diputada", responde Borràs. "Se leyó el preámbulo, que era lo que se había firmado por parte de los diputados, pero también es verdad que un preámbulo no obliga a nada ni establece nada". Un preámbulo "es una expresión política pero sin consecuencias jurídicas", añade.
"¿Por qué lo firmaron?", insiste el fiscal. "Pues no lo sé, o sí lo sé", dice Borràs, que repite que era una cuestión de compromiso. La exconsellera niega un gasto de dinero público para el 1-O. Se enteró por la prensa, dice, que había facturas.
"No compramos las urnas, hicimos un contrato marco para tener empresas seleccionadas", declara, y "se dijo que eran para el referéndum". Afirma que después los tribunales le dieron la razón en eso. En todo caso, asegura, no se destinó dinero al 1-O desde su departamento. "¿Para qué entonces firman un acuerdo de Gobierno el día 7 por el que se dice que se convierte el administración electoral para asumir los gastos de forma colectiva?", pregunta el fiscal. Borràs dice que el acuerdo era del día 6 y que era "simbólico", que se quería dar una "imagen" de compromiso y que no querían gastar dinero público.
Borràs dice que no quiere quitar importancia a su firma, pero la describe como "gesto". Cuando el TC advirtió por primera vez al Govern respecto al posible gasto de cara al 1-O, ella se encontraba, dice, "en una situación concreta", ya que existía la posibilidad de tener que repetir las elecciones (de 2016). Contestó "no puede ser", para que no se diera la impresión de que querían ir a elecciones. Pero en marzo de 2017, añade, "me solicitaron que empezáramos un ejercicio para tenerlo todo dispuesto por si era necesario" ir a las urnas. Explica todo esto para justificar las acciones que llevó a cabo en materia electoral.
Por un lado, dice, había "una mayoría absoluta" en el Parlament que les había "mandatado" (al Govern) a hacer un referéndum. A eso había que añadir, añade, las peticiones de ayuntamientos y las manifestaciones. Asegura, como Bassa, que en el programa electoral de Junts Pel Sí constaba todo esto y que nadie lo anuló. Por otro lado, Borràs afirma que era consciente de que se podía suspender la ley pero que el TC "se había politizado en los últimos años". "Me pareció que tenía que ser fiel al mandato del Parlament", dice. Aunque matiza que las "firmas necesarias" para un decreto son las del president y la del consejero de la materia.
Comienza el fiscal. Borràs explica que no era diputada al tiempo que consellera y admite que recibió y firmó varias resoluciones y requerimientos del TC y que estaba obligada a paralizar cualquier acción que fuera en contra de los mismos. Reconoce que firmó el decreto de convocatoria del referéndum, pero explica que tenía una "disyuntiva".
Turno de Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación. No responderá a Vox.
Receso de diez minutos. Hasta ahora las sesiones se terminaban hacia las 18 o 19 horas, pero el tribunal ha decidido que se practique un tercer interrogatorio. Después, quedarían cinco acusados.
"Voluntad política de independencia". Así ha definido Bassa a la DUI. Y dice que no se votó. Según la exconsellera, la idea de uniteralidad surgió "con el tiempo" y no existió desde el principio. Dice que por primera vez, ella 'vio' esta idea "en las cartas" que se intercambiaron Rajoy y Puigdemont cuando se iniciaron los trámites para la aplicaicón del 155. "No era algo instaurado", dice.
Bassa dice que nadie le comunicó que se iba a registrar la conselleria de Asuntos Sociales. La exconsellera niega tajantemente que hubiera violencia durante el procés y que las concentraciones del 20-S fueron pacíficas. Después se han sucedido varias preguntas sobre huelgas.
Junts Pel Sí era un proyecto independentista, dice Bassa, pero dice que en el programa no constaba la independencia unilateral. Sobre el plazo de 18 meses, la exconsellera explica que era una "referencia" -de Reino Unido y Escocia- para llegar a un pacto con el Gobierno español. (FOTO: TS).

Cuando en junio de 2017 se presentó la pregunta del referéndum, aún sin convocatoria oficial, la celebración de la consulta era un "deseo", ha dicho Bassa. Dice la exconsellera que no contestará a la acusación populalr de Vox "por respeto a las mujeres de España". Tras un parde preguntas breves de la abogada de Forcadell, interroga ahora el letrado de Bassa.
Comienza a interrogar la Abogada del Estado. Pregunta cómo tenían pensado realizar un referéndum si no iban a gastar nada. "El pensamiento es libre", dice Bassa. Ante la insistencia de la abogada sobre qué pensaba ella del asunto, la exconsellera dice que "no quiere" responder. Dice que las tres palabras sobre las que ellos se movieron siempre fueron "diálogo, negociación, pacto" y que no había "urgencia" para aprobar la ley de transitoriedad.
El fiscal le pregunta a Bassa por tuits como este:
"El referéndum nunca fue previsto como un acto concluyente para la independencia", dice Bassa. Afirma que la decisión surgió tras la ruptura del pacto entre Junts Pel Sí y la CUP. El fiscal le recuerda que en la ley constaba que si había una mayoría, se declararía la independencia. "Esto no se hizo", explica Bassa. Y niega que su departamento creara una web para reclutar voluntarios de cara al 1-O: "Ese registro existía desde 1994 y era para entidades sin ánimo de lucro, como Cruz Roja y Cáritas".
"No se realizó ningún gasto a partir del día 7 septiembre, cuando se suspende la ley", insiste. El fiscal le enseña unas facturas, algunas atribuidas a su departamento (unos 197.000 euros en total), pero Bassa dice que no reconoce los documentos. Una de ellas es una factura "proforma", según consta en el documento.
La "intención" del Govern, dice Bassa, era dedicar partidas de gasto al referéndum en todos los departamentos, pero después "desistió" cuando se suspendió la ley. "Es como uno se casa y luego se divorcia, no sigue casado", apunta. El fiscal le pregunta por las "actividades" en los centros cívicos el fin de semana previo al 1-O y el mismo fin de semana y ella las desvincula del referéndum.
Admite que firmó el decreto de covocatoria del referéndum, como todos los miembros del exGovern; "No sabíamos que se suspendería", dice. Afirma que no se llevó a cabo ningún gasto de "la partida dedicada a procesos electorales". (FOTO: TS).

Bassa no tiene "ni idea" del origen de las urnas del 1-O. Dice que era diputada, pero que como también era consellera, se dedicaba más a esto último y terminaba votando por la disciplina de voto. Para Bassa, la llamada ley de transitoriedad derivaba del programa electoral de su formación y era una "copia del pacto entre Reino Unido y Escocia", pero la desvincula de la ley del referéndum; era solo "si había un pacto".
"Entendíamos que el referéndum no era delito porque había sido destipificado en 2005", dice la exconsellera, siguiendo la línea de sus compañeros, "entendía que era un conflicto de intereses". Bassa dice que la Constitución tiene miradas "más amplias" que las del TC y opina que el conflicto iba a resolverse porque era "transitorio". "Como Gobierno, a partir de la suspensión de la ley (del referéndum), no hicimos nada más", señala, tampoco desconvocar el referéndum, le apostilla el fiscal.
Bassa dice que no había una "estrategia conjunta" de los partidos en Cataluña para declarar la independencia. "Construimos una mayoría parlamentaria", dice, a partir de un "programa electoral que nunca fue invalidado". Admite a preguntas del fiscal que le fueron notificadas varias resoluciones o requerimientos del TC, "cuatro o cinco".
Comienza el interrogatorio a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa. Contestará a todas las partes, salvo a Vox. Comienza preguntando el fiscal.
En unos minutos se reanudará la sesión con el interrogatorio a Dolors Bassa.
Esto es lo que ha dado de sí la declaración de Josep Rull, que contestó a fiscalía, abogacía del Estado y a su letrado:
  • Sobre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI): Destaca que la votó por su carácter "político" y "solemne".
  • Sobre la organización del referéndum: Rull dice que no sabe quién ni quienes hicieron las urnas y las papeletas, pero que no fue el Govern.  Dice que no se gastó ni un euro público en organizarlo. "No encontrarán ni una factura".
  • Sobre la violencia, una visión discriminada: La vio en las fuerzas del órden público en los colegios electorales o en el intento de tomar la sede de la CUP, pero no en los manifestantes del 20-S o en los escraches a policías y periodistas.
  • Sobre el atraque del buque Moby Dada: "No sabía que era para Policías" y no se le permitió atracar en Palamós porque no había sitio y porque se no presentaron la solicitud ni por el cauce apropiado ni como "buque de estado".
  • Sobre los apercibimientos del Constitucional: Rull reconoce que recibió seis autos a su nombre, pero que se ponderó el "imperio de la ley y el principio democrático", para criticar la falta de "autoridad moral" del TC del que dijo está "instrumentalizado" por el Gobierno de España.
El receso, ahora sí, queda fijado hasta las 16.30 horas.

Pero el abogado defensor de Josep Rull pide permiso de preguntar en este momento, y le es concedido. Jordi Pina dice que tiene solo tres preguntas. En primer lugar dice que las manifestaciones mayoritariamente fueron pacíficas y después Pina pide que se enseñen los documentos que dan constancia de que el buque Moby Dada no realizó la petición del permiso de atraque de manera oficial.

Rull muestra la indemnización que la Generalitat tendría que haber asumido en caso de haber cancelado los atraques de cruceros para que entrara el ferry. También muestra los planos del muelle de Palamós, para ver las dimensiones y la incapacidad de albergarlo junto a otros mercantes. Además, muestra una queja envidada a un medio de comunicación que dijo que no se permitió fondear en aguas profundas al buque. Sí se le dejó, pero no podía ser permanentemente y se dirigió al puerto de Barcelona.

Por último, enseña la entrevista en El Nacional sobre la que le han preguntado. Para ilustrar y que no haya equívocos. Puntualiza las declaraciones realizadas al citado medio, en comparación con la construcción que la acusación hace de la misma. Y Rull habla de "manipulación".
¿Organizó el Govern el traslado de los materiales necesarios para la votación?, inquiere Seoane. "Pero la parte operativa hubo una actuación de la sociedad civil, de personas concretas, con una capacidad extraordinaria".

Rull apela "a una mayoría parlamentaria a favor del referéndum de independencia" y cita que "entre un 70 y 80% de la ciudadanía que entiende que es su derecho es votar" la autodeterminación. "Si hay voluntad política hay margen suficiente para poder votar", agrega. "Cuando Rajoy dijo lo de "ni puedo ni quiero" es que poder puede, hay margen suficiente para conocer la voluntad de la ciudadanía", insiste Rull.

Receso hasta las 16.00 horas, cuando llegará el interrogatorio de las defensas.
Es el turno de interrogatorio de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que empieza preguntando por el presupuesto para organizar el referéndum político sobre el futuro de Cataluña. "Queríamos pactar un referéndum con el Estado", dice Rull. El presidente de sala, Manuel Marchena, le pide que se ciña a las preguntas y que no desborde con valoraciones las respuestas.

"El presupuesto lo que expresa es una voluntad política. ¿Existía la voluntad de llevar a cabo un referéndum pactado con el Estado? Sí, era nuestra prioridad. Era lógico que hubiese una disposición adicional (en los presupuestos) para eso". "No era una partida concreta, sino una declaración de intenciones".
Empiezan a hablar sobre la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI. Rull reitera que votó aquella declaración como una "declaración política". Es lo mismo que dijeron otros acusados anteriormente interrogados. "Era una declaración política, insisto, solemne".
Respecto del día 1-O, Rull dice que no hicieron llamamientos a la población a concentrarse en los colegios electorales, que no pensaron que habría violencia y que ponderaron que se podría votar. Inspirados por el 9 de noviembre (consulta) y ponderando las diligencias de la jueza a las fuerzas de seguridad.

Para nosotros "había que cumplir el mandato de la ciudadanía" y "organizar un referéndum no era delito, no merece reproche penal", insiste Rull. El exconseller recuerda que precisamente ayer martes el Partido Popular pidió en el Congreso que se tomara en consideración volver a consider delito organizar un referéndum.
Rull, insiste: "No se dejó entrar al buque porque los servicios (de atraque) estaban comprometidos y no se usaron los cauces adecuados". Después, reconoce que el atraque del ferry en Barcelona puso en jaque la economía portuaria.
Rull continúa explicando que el ferry fondeó en aguas interiores de Palamós provisionalmente y pide atracar en el puerto de Barcelona, pero ya no para reformar los camarotes, sino como "barco hotel". Tampoco así se pudo proceder a su permiso. Después se pidió ya "como buque estado". "Cuando descubrimos que aquel barco tenía que hospedar a fuerzas de seguridad del estado, es cuando ya iba a Barcelona".

Madrigal le recuerda un tuit, "en efecto no les hemos dejado atracar", en relación a una información sobre el buque aparecida en La Razón que reflejaba los motivos de la negativa.
Llega el momento del interrogatorio de un punto crucial, el rechazo al atraque del buque de estado, Moby Dada, para albergar a los agentes de Policía y Guardia Civil, en Palamós.

"No sabía que se alojarían miembros de cuerpos y fuerzas del Estado". Y explica que las motivaciones fueron que no se solicitó el permiso por las vías oportunas ni había espacio en ese puerto por razones de capacidad.

Puertos de la Generalitat rechazó a ese buque "como hubiera rechazado cualquiera en las mismas condiciones", ha señalado Rull. "(El buque) no usó mecanismos establecidos ordinariamente para la solicitud de amarre portuario. (El trámite) se realiza por una plataforma digital. Este es el mecanismo en los Puertos de la Generalitat y del Estado. En nuestra defensa hemos aportado las solicitudes de amarre y el barco en cuestión no aparece porque no hizo ningún tipo de solicitud", explica.

El consignatario de este buque se puso en contacto con el puerto de Palamós. "Verbalmente dijo que querían amarre de 20 días para reparar camarotes del buque", agrega. "El puerto de Palamós es relativamente pequeño. Tiene un muelle comercial, con muchos cruceros, y carga y descarga de mercancías. Y tiene un muelle de poniente cuyas dimensiones no sirven al buque".

Además, "(Palamós) no acepta largas estancias para reparaciones, esto se hace en otros puertos. Pero además (se negó el atraque) por operativa portuaria. Cada día de ese mes de septiembre y días muy significativos de octubre y noviembre, el muelle comercial estaba permanentemente ocupado". Rull cita varios días de septiembre, octubre y noviembre con los todos los puestos de atraque reservados.

"Estamos hablando de grandes cruceros y es imposible que coexistan cruceros y un ferry de esas dimensiones".

Por tanto, qué se le dijo, "por operativa portuaria eso no podía ser. Teníamos que haber desactivado los cruceros y son la joya de la corona. Nos ha costado mucho que los puertos tuvieran actividad de cruceros. Hubiera sido una irresponsabilidad haber dicho que sí. En gestión portuaria, la fiabilidad es importante. Desactivar la actividad de los cruceros comerciales hubiera sido una hipoteca severísima al puerto de Palamós.

Le preguntan sobre el censo universal. Rull, en lugar de contestar, asegura que en el escrito de la acusación se cita una respuesta en una entrevista a El Nacional.cat que no aparece en el citado medio. Marchena le pide no procede. Que el tribunal comparará el escrito de la acusación y la entrevista. Madrigal insiste en si reconoce la entrevista, a lo que Rull asegura tajantemente que sí. S
"La hoja de ruta que yo firmé, junto a otras cinco personas, no hacía referencia a movilizaciones. Usted se refiere a la hoja de ruta de una entidad, pero no me haga responsable de una hoja de ruta de otra formación". Movilizaciones que, para Rull, "son expresiones democráticas y normales en un estado de derecho".

¿Condenó algún tipo de violencia en esos días?, le inquiere MAdrigal. "Yo creo que sí, hice diversas intervenciones y mantuve granítica mi convicción pacífica. Evidentemente algún hecho atribuible a una persona, o a dos o a tres pero no a la inmensa mayoría que se ampara en un derecho democrático".
Le pregunta por los 'escraches' a fuerzas de seguridad del estado. "El planteamiento de escraches en el sentido de usar violencia física me ha costado verlos, pero si los ha habido o los hay los condeno de manera rotunda". "En la mayoría de los casos veo situaciones normales en un estado de derecho". "Tenemos un problema de percepciones entre mi visión del derecho de reunión, asociación y manifestación y la concepción del ministerio fiscal".

¿Vió que la CUP llamara a acciones contra la Policía en los hoteles?, le pregunta la fiscala. "El 20 de septiembre intentaron hacer un registro en la sede de la CUP y vi como los militantes hicieron una resistencia cívica y pacífica ante lo que era un abuso del Estado. Eso sí lo vi, lo otro no lo vi".
La fiscala Consuelo Madrigal retoma el interrogatorio a Josep Rull. Se remite al testimonio de su compañero Turull para la explicación de las webs sobre el referéndum.

Sobre el registro de Unipost en Terrassa, Rull empieza pidiendo que se utilice los topónimos actuales y no Tarrasa. Asegura que en ese momento estaba en su trabajo, y añade que no fue a la manifestación del día siguiente.

"Yo el 20-S vi una manifestación cívica y pacífica, la inmensa parte de esa manifestación". "Basicamente era una movilización en favor de la libertad y la democracia y protestando por unas detenciones arbitrarias".

"Ustedes (la fiscalía) califican lo que ocurrió el 20-S de tumulto, turba, masa o muchedumbre en sus escritos. Para mí es derecho de manifestación. Utilizar estos conceptos para denigrar a los ciudadanos que en su legítimo derecho se concentran me parece como mínimo sorprendente".
Ada Colau, en la puerta del Supremo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado este miércoles que el juicio del "procés" es "el fracaso absoluto de la política" y ha interpelado a las instituciones europeas para que ayuden a reconducir el diálogo, al tiempo que ha criticado que no le autoricen entrar en la sala del Supremo.
Colau ha realizado estas declaraciones frente a las puertas del Supremo, acompañada del teniente de alcalde Jaume Asens, el candidato de los comunes a las europeas, Ernest Urtasun, y las eurodiputadas Ska Keller, portavoz del grupo de los Verdes en la Eurocámara, y Gabriele Zimmer, líder del grupo de la Izquierda Unitaria.

Hasta el receso, el exconseller de Territorio Josep Rull ha defendido la teoría de la "ponderación" que ya adelantó Jordi Turull. En su caso, triangulando la "legitimidad" del Govern, según ha dicho, con "el imperio de la ley y el principio democrático".

En el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha considerado al Tribunal Constitucional falto de "autoridad moral" e "instrumentalizado" por el Gobierno de España. De ahí que todo lo que se hizo, referéndum y DUI, fuera para articular el mandato de los catalanes, "las aspiraciones del pueblo".

Respecto a la logística, el exconseller asegura desconocer quén encargó o pagó las urnas, las papeletas o la propaganda del referéndum. Y ha insistido, como hicieran otros acusados, en que la Generalitat no invirtió ni un euro público en la organización del 1-O.

En concreto sobre el 1-O ha dicho que nunca imaginó que fueran a emplearse con tanta violencia las fuerzas de seguridad del Estado, y ha condenado "cualquier violencia, venga de quien venga".
Rull hace referencia también al precedente del 9 de septiembre, la consulta, en la que "no hubo ningún problema" y asegura que no se podía imaginar que habría tal nivel de violencia.

Marchena ordena un receso, hasta 12.30 horas.
Papeletas y urnas. El exconseller no tiene información sobre quién encargó la cartelería ni las papeletas del 1-O. "Papeletas, las había, estaban, yo voté con una de ellas, pero no sé dónde se hicieron ni quién las encargó". Las vio por primera vez el 1 de octubre.

Sin embargo dijo con anterioridad que habría papeletas y urnas, le recuerda la fiscal (citando una entrevista). "Porque estaba convencido de que las habría. Era una confianza. Yo no sabía donde se había construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza profunda de que las había".

¿Era una confianza en quién?, repregunta Madrigal. "En mi país, donde hay un volumen importante de ciudadanos y ciudadanas comprometidos para poder articular el 1 de octubre".
Rull dice que los observadores internacionales quedaron "escandalizados" por la actuación de las fuerzas del Estado el día del 1-O y recuerda, sobre los escraches a periodistas, que los titulares de la prensa extranjera del día después lo que se leía era "vergüenza" (shame).

Preguntado consecutivamente sobre los 'escrache' a los policías en sus hoteles. Dice que "utilizar la fuerza lo encuentro inaceptable siempre" y que él denuncia "cualquier actuación violenta siempre, venga de quien venga".
Marchena no permite a Rull explicar cuáles son las inquietudes de los eurodiputados que le han visitado en la prisión. Dice que la sala espera que una parte de su última palabra la dedique a esto, pero ahora toca responder a la fiscalía. Madrigal pregunta quién pagó los viajes de dichos eurodiputados. "No tengo ni idea", responde.
Después de insistir en que la Generalitat puede no estar conforme con algunos mandatos de los tribunales, la fiscal se centra en las cartas enviadas a los alcaldes para organizar el referéndum.

Rull solo dice que lo que hicieron fue articular "miles de olas de esperanza" a través "de este mandato democrático".

Madrigal pregunta si sabe si alguna consellería asumió la organización de votaciones en hospitales o centros educativos. Dice que solo sabe que su departamento puso a disposición del referéndum una sede propia.
Control de las cuentas catalanas. Considera Rull que "el control (del gasto por parte del Estado) desactivaba la autonomía de la Generalitat con el objeto del control del déficit".

"No encontrará ninguna factura con el pago de algún tipo de gasto, porque no existe, porque no se produjo". Rull reitera lo que han venido defendiendo otros exconsellers. "El Gobierno de Cataluña no se gastó ni un euro público para organizar el referéndum". "Gastos no hubo ninguno".

"El rigor de los funcionarios, que en ningún caso lo hubieran permitido". Rull apela a los controles formales del Estado, de la legislación y a la "autoridad moral de los funcionarios". "Yo no puedo firmar autorización de gasto si no he sido previamente autorizado y si lo hago se encienden todas las luces de alarma".
Le pregunta Madrigal si firmaron de urgencia el decreto del referéndum para evitar al Constitucional. "Cuando firmé el decreto de convocatoria (del referéndum) lo hice en base a una ley vigente emanada de un Parlamento democrático y legítimo. Aquel decreto expresaba la voluntad canalizada a través de las urnas en unas elecciones".

Y ha vuelto a recordar que la aprobación del decreto de convocatoria del referéndum "fue uno de los momentos más trascendentes de mi trayectoria política"
Rifirrafe entre Marchena y Rull por la expresión utilizada sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional. Rull insiste en que no tiene, a su juicio, "legitimidad moral" y que en ningún caso ha dicho que no tenga "legitimidad democrática".
Josep Rull insiste en que había un mandato democrático "y nosotros cumplimos". El contexto es la ponderación del imperio de la ley y el principio democrático (siguiendo el ejemplo canadiense, especifica). Considera que su acción se basó en un triángulo: legitimiadad, principio de la ley y principio democratico. Para insistir en que el Tribunal Constitucional "tiene un déficit de autoridad moral".
Rull considera que la ley del referéndum fue un motivo de "orgullo" y "perfectamente legal", uno de los momentos "más trascendentes en mi carrera política", contesta a la fiscal Consuelo Madrigal.
Requerimientos del Constitucional. Rull admite que al menos en seis ocasiones fue advertido por el Constitucional. "En paralelo tengo que decir que algunas ocasiones, la mayoría, la Generalitat presentó escritos ante el TC cuestionando algunas de aquellas decisiones".

Considera Rull que existe una "falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier iniciativa y eso se tiene que poner en valor a la hora de recibir estas advertencias". Y pone de ejemplo también una ley catalana contra el cambio climático, que también fue suspendida (por el Constitucional).

"Nosotros ponderábamos dos ideas: el imperio de la ley y el principio democrático. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. Sin el principio democrático, el imperio de la ley se ve afectado".
Rull asegura que no tenía consciencia de que incurriera en desobediencia cuando aprobó una partida para un posible referéndum, que después sería prohibida.

"Era una partida específica para poder hacer frente a una eventual contingencia electoral, en forma de referéndum. Estaba amparado a mi derecho de inviolabilidad parlamentaria. No tenía consciencia de hacer ningún tipo de desobediencia. Era posible el acuerdo de un referéndum entre Cataluña y el Estado. Era posible que se hubiese transferido a la Generalitat la organización. Tener una partida para ello era una cuestión de diligencia política".
Autos del Constitucional. El interrogatorio entra de lleno en los requerimientos del TC contra las resoluciones que incumplían los mandatos constitucionales. Reconoce Turull que el 14 de febrero se le notificó un auto. Madrigal le inquiere sobre la ley de presupuestos que se aprobó un mes después, en la que había una partida presupuestaria para un referéndum.


"Es bueno que se conozca cuál es la realidad de Cataluña en todos los terrenos", insiste Rull, sobre las repreguntas de la política exterior de la Generalitat. De hecho manifiesta que son preguntas "retóricas".  Marchena le afea que califique las preguntas y le recuerda que puede, si quiere, no contestar.
Proyección internacional del conflicto. Quisieron trasladar el conflicto catalán al extranjero, inquiere Madrigal. "Es lo que contó ayer de manera escrupulosa el conseller Romeva. La actuación exterior de la Generalitat genera muchos elementos, uno muy importante, genera volumen económico, tanto a nivel de exportaciones como captación de inversión extranjera. Sería una temeridad que cualquier gobierno renunciase a tener una política exterior en beneficio de su economía y de poder contar su relato político".
¿Incluía la hoja de ruta que estas movilizaciones ciudadanas fueran "multitudinarias" o "espectaculares"? ¿Lo recuerda?, pregunta la fiscal. Josep Rull dice no saber si figuran en el documento de la la hoja de ruta. "Imaginemos que estas expresiones estuviesen... Plantear que hubiera manifestaciones multitudinarias no tiene que ser objeto de nada". Su abogado pide que se diga dónde están esas declaraciones para no confundir a su defendido. Constatan que no las encuentran. "No me puedo posicionar sobre un elemento que no existe, no hay planteamiento de apelar a la movilización", finaliza el acusado.
¿Estaba la movilización ciudadana en la hoja de ruta? pregunta la fiscal. "(La movilización ciudadana) Es la base de todo", contesta Rull, "ya lo plantearon Turull, como Junqueras, Romeva o Forn. Es la movilización de la gente la que plantea a las organizaciones políticas canalizar estos sentimientos".



Buscaron un referéndum acordado por todos los mecanismos. Rull responde que entró en el Govern tras las elecciones últimas, que tenían un carácter plebiscitario y se produjeron después de agotar "todos los instrumentos del Estado español para poder hacer un referéndum". "Se nos cierran puertas, abrimos otras".
La hoja de ruta: Empieza el interrogatorio de la fiscal del Estado Consuelo Madrigal. ¿Usted participó en el documento de la 'hoja de ruta'? Sí participó, en lo que considera "una declaración de intenciones, no un documento estratégico".

"La hoja de ruta fue el programa electoral de la candidatura con la que concurrí a las elecciones".
Rull toma asiento en la mesa frontal para el interrogatorio. "Quisiera hacer una previa, expresar mi protesta por la denegación de la traducción simultánea".

Lamenta perder fluidez en su defensa ante peticiones de prisión de 16 años. Y clama que "con demasiada frecuencia que aun se ve la lengua catalana, no minoritaria, la décima más hablada, como una amenaza o un problema. Ojalá se viera como una riqueza con voluntad de ser compartida".

"Voy a contestar a las preguntas del ministerio fiscal, a la abogacía, y a la defensa y por respeto a las personas de este país que sufren xenofobia, homofobia y transfobia y a las mujeres no voy a contestar a Vox, un partido de extrema derecha".
Marchena, en contestación a preguntas de una abogada sobre cuándo acabarán los interrogatorios a los acusados. "Nuestro propósito sería finalizar el jueves con los interrogatorios, no vamos a estar hasta la madrugada, si hubiera algún problema quedaría aplazado".
Habrá sesiones en lunes y, quizás, viernes. Arranca la sesión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena anuncia que "habrá sesiones extraordinarias en el mes de marzo. La próxima semana habrá martes, miércoles y jueves. ya en el mes de marzo lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7. En la semana siguiente serán el lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14. La semana siguient habrá, martes 19, miércoles 20 y jueves 21. La posterior, la que empieza el 25. Lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes, 29, en función de cómo se hubieran desarrollado las previsiones de la semana".
A las 10.00 horas tiene previsto el inicio la sesión, pero suele retrasarse siempre unos minutos.
Concentración por la absolución. Miembros de ERC se han concentrado frente al Tribunal Supremo minutos antes del comienzo de la quinta sesión del juicio al procés. Entre ellos estaban los familiares de Dolors Bassa, informa RTVE.


Como el resto de los acusados, Rull deberá responder de la acusación de rebelión. Entre otras cosas deberá explicar por qué vetó el atraque en Palamós de un barco que iba a alojar a los policías y guardias civiles.
Josep Rull ha enviado al Diari de Terrassa un manuscrito en el que asegura que afronta su interrogatorio en el Tribunal Supremo "con la fuerza de tener tanta gente detrás". En su carta dice se prepara para su capítulo del juicio con la música de Doctor Prats y la canción: 'Al final toto anirà bé'. La letra, en catalán, dice: "Al final todo irá bien si estamos juntos".
La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat Dolors Bassa ha asegurado que en su declaración en el juicio por el referéndum del 1-O, prevista para este miércoles, los miembros del tribunal "escucharán la verdad". En un apunte en Twitter ha señalado: "Hoy declaro ante el tribunal. Escucharán la verdad. No tenemos nada que esconder. Lo hago con el orgullo de ser representante de vuestro mandato democrático".


Buenos días. Comenzamos la narración de la quinta jornada del juicio al procés. Lo previsto es que el en declarar sea el exconseller, Josep Rull, al que seguirá su colega Dolors Bassa.

Terminamos aquí la narración de esta cuarta sesión del juicio al 'procés'. Más información en 20minutos.es.
Resumen de la declaración de Romeva:

- Se ha definido como "preso político", igual que hizo Oriol Junqueras la semana pasada.
- Ha insistido en que no cometió ningún delito durante el 'procés', ya que, en su opinión, ni ejercer el derecho de autodeterminación ni convocar un referéndum son "ilícitos penales".
- Por tanto, tampoco hubo malversación, ya que cualquier gasto asociado a lo anterior no sería, a su juicio, un delito.
- Ha dicho que la DUI que supuestamente se proclamó fue un "mandato político".
- El exconseller ha negado tajantemente que se llamara a la violencia desde el Govern y ha dicho que "manifestarse no es alzarse ni las protestas son tumultos", en alusión a las acusaciones por rebelión.
- En este sentido, ha afirmado que las únicas armas del 1-O fueron "las de la Guardia Civil".
- Romeva ha declarado que fue "federalista" hasta 2010, en el que el TC dictó su sentencia contra el Estatut, una decisión que ha situado como verdadero inicio del 'procés'
Abunda el acusado sobre las llamadas al diálogo del exGovern y las negativas del Gobierno central. El significado de la DUI, dice ahora, era dar "un mandato político". Concluye el interrogatorio de Romeva y el tribunal emplaza a los presentes a mañana a las 10 horas.
El abogado ha pedido esta mañana que se incorporen dos vídeos en inglés y francés a la causa; ha solicitado traductores. El juez Marchena dice que esto no es pertinente y que además es innecesario, ya que Romeva ya ha contestado, de alguna manera, sobre su contenido. "Puedo estar incluso de acuerdo", dice el letrado Andreu Van den Eynde, y matiza que solo pedía la traducción en caso de impugnación; Marchena dice que, en todo caso, no es pertinente escuchar ahora una rueda de prensa de Romeva -que es lo que contiene el vídeo-. Podrá pedir su incorporación de nuevo más adelante.

"El 1-O vi violencia, la que ejercieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", dice Romeva, que añade que la ciudadanía opuso "resistencia". Niega que él presentara, personalmente, una posición "activa" en este sentido.
Romeva no ve delitos "ni en el hecho ni en el gasto", respecto a lo que pudo hacer desde Exteriores. El exconseller afirma que todo lo hacían con transparencia. Considera que era su "obligación" llamar a la participación el 1-O, pero de forma "no partidista".
Romeva niega que su departamento haya cometido delitos. No entiende que el gasto de dinero dentro de sus competencias sea calificado como malversación y reitera que realizar un referéndum "no es delito".
Romeva dice que nadie le avisó de los registros en su departamento, a pesar de que era el conseller, y que le provocó "sorpresa" la investigación por el 1-O. Cree que no hubo ningún alzamiento: "Manifestarse no es alzarse y protestar no es un tumulto". Se refiere al 20 de septiembre de 2017. "Las únicas armas que había eran las de la Guardia Civil", añade.
Romeva reitera que "siempre" han defendido el ejercicio del derecho de autodeterminación apelando "al civismo". Niega que se haya utilizado la intimidación. "Nunca jamás hemos hecho ninguna incitación a la violencia", dice. Romeva añade que defiende la no violencia por ideología y también por "pragmatismo", es una vía "del todo descartable", opina.
"¿Usted como diputado actuaba convencido de que lo hacía bajo una inviolabilidad?", le pregunta el abogado. Romeva contesta que sí. El letrado le interroga sobre sus funciones de conseller de Exteriores. "¿Tenía claras las competencias de su departamento?", pregunta el letrado; "absolutamente", dice Romeva, que recuerda que la Generalitat no podía actual en nombre del Estado, ni como firmante de tratados internacionales que corresponden al Estado ni realizar tareas consulares. "Pido que alguien me diga cuándo la Generalitat hizo una de estas tres cosas", afirma.
Dice Romeva que el 9-N fue un "ejercicio ejemplar" y reitera su carácter pacífico. Sobre las elecciones de 2015, afirma que después de varios años de movilizaciones algunos actores políticos ofrecieron, tras "escuchar a la ciudadanía", una propuesta concreta "que se ratificó en las urnas".
Insiste el acusado en que desde el principio las movilizaciones han sido pacíficas. Afirma que la Constitución no prohíbe ejercer el derecho de autodeterminación, por eso "es cuestión de voluntad política"encontrar la manera. Lo llama "el principio democrático". Y sigue haciendo reflexiones sobre el diálogo y la legitimidad de sus acciones.
Romeva dice que el fiscal sitúa el punto de inicio del procés en 2012 y que eso no es así: "El momento relevante es 2010". Antes de esa fecha, sigue, él era federalista. "Tiene que ver con la sentencia del Estatut" de Cataluña del TC, dice, "supuso una ruptura emocional profunda, estábamos ante la ruptura del pacto constitucional del 78".
Romeva aprovecha las preguntas del su abogado para expresar varias reflexiones sobre la independencia.
Romeva dice que el derecho de autodeterminación "ha evolucionado" y que, si bien se ajusta a los territorios relacionados con la colonización (como defiende la ONU), solo lo hace "en parte", apunta, ya que habría un nuevo supuesto que contempla este derecho si todo lo hecho antes no ha funcionado. "No es una utopía, como dijo el fiscal, es factible y no está prohibido explícitamente por ningún tratado internacional", asegura. Se define como "demócrata, republicano y europeísta" y dice que "circunstancialmente" 'está' independentista, como Junqueras.
Romeva entra en la política catalana en 2015 con Junts pel Sí, cuenta él mismo. Después sería parte de las listas de ERC. "Todas las veces que yo me he presentado a unas elecciones, los programas han contemplado el derecho a la autodeterminación como un objetivo legal y legítimo, siempre lo he defendido con total normalidad", añade.
Comienza el interrogarorio a Raül Romeva. Solo contestará a su abogado. Ahora es diputado del Parlament suspendido de sus funciones. Dice que se considera un "preso político" y hace un resumen de su trayectoria y de su carrera política. Insiste mucho en todos los proyectos en los que ha colaborado de fomento de la paz; trabajó diez años en el Parlamento Europeo. Es exconseller de Exteriores.
El abogado se reserva el derecho a volver a interrogar a su abogado excepcionalmente.
"¿Durante todo este tiempo (desde 2017) se ha dirigido usted a la ciudadanía para que se alzara tumultuariamente contra el Estado?", le pregunta el abogado tras leer unos tuits del propio Turull. Contesta que no. Este es uno de ls tuits que ha leído el letrado:
"¿Además de haber manifestado a la gente que fuera a votar, solicitó a la ciudadanía que evitara que las fuerzas del orden cerraran los colegios?", pregunta el letrado sobre el 1-O. "Todo lo contrario, con el censo universal decíamos 'no vaya donde haya Policía, no vaya a los centros cerrados', en el 90% de los colegios no había problemas", dice Turull. (Foto: EFE).

El letrado, Jordi Pina, pregunta por la supuesta malversación. El primer lugar, por el escrito de Unipost en el que esta empresa reconoce que no tiene facturas pendientes de cobro de la Generalitat. "Por eso me han extrañado las preguntas de Unipost", ha dicho Turull, "porque ellos mismos lo reconocen".
Tras unas preguntas de la defensora de Forcadell sobre cambios en el pleno en el que se aprobaron las leyes 'constituyentes', comienza a preguntar el abogado de Turull.
Antes del abogado de Turull hará una pregunta la letrada de Cuixart. Pide la proyección de un vídeo sobre el 20 de septiembre, día de los registros y las movilizaciones ante la conselleria de Economía. Se proyecta. Es un directo de una televisión que describe el ambiente "festivo" de la convocaroria. La abogada pregunta por la actitud de la gente: "El ambiente demuestra que no está reñido defender unos valores y derechos de la manera más pafícifa", contesta,
En unos minutos se reanudará la sesión del juicio.
Con la cuarta sesión del juicio al 1-O en receso hasta las 16 horas, estas son las principales respuestas del exconseller Jordi Turull a los interrogatorios del fiscal Jaime Moreno y de la abogada del Estado:
  • Sobre la DUI: Firmó la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017 como "una expresión de voluntad política" que encajaba con el "sentir mayoritario del pueblo catalán".
  • Sobre su tuit de las "alcantarillas" del Estado: "El Gobierno español, menos política, está dispuesto a hacer de todo". Con su tuit pretendía pedir "que hiciéramos política", en vez de utilizar "las cloacas del Estado".
  • Sobre la violencia del 20-S: "La manifestación, como todas las que ocurren en Cataluña, fue pacífica", aunque hubiera "dos o tres o cuatro personas que quieren destrozar lo que quiere la mayoría".
  • Sobre las facturas de campañas publicitarias del referéndum: Solamente se hicieron anuncios gratuitos y no sabe por qué medios como TV3 facturaron a la Generalitat.
  • Sobre las urnas, papeletas y colegios: "No se gastó ni un euro en el referéndum" ha insistido.
  • Sobre los requerimientos del Constitucional: "Hasta el último minuto se buscó que el referéndum fuera pactado". "Evidentemente teníamos que hacer un ejercicio de ponderación. Un político tiene que ponderarlo todo. Todas las leyes. Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando".
  • Sobre la actuación de los Mossos: "El presidente de la Generalitat, en sede parlamentaria, siempre dijo que los Mossos cumplirían con su deber y cumplirían con todas las decisiones judiciales".
  • Sobre la conflictividad: "El movimiento independentista en Cataluña va de abajo hacia arriba y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recogen ese sentimiento e intentar darle una salida política, pacífica y democrática". 
  • Sobre los presos políticos: "Esto de ponerte el traje de constitucionalista penalmente debe ser un chollo porque te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana; en cambio si eres independentista, por un auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, no una resolución fundamentada, llevo un año en la cárcel. Después dirán 'no les perseguimos por sus ideas'. No, ya lo veo".
Carles Puigdemont, en Twitter, acaba de calificar de "espectacular" la "firmeza" con la que Jordi Turulll ha plantado cara a una Fiscalía que debería dar "vergüenza".
La abogada del Estado se centra en los incidentes del 20 de septiembre y le pregunta si no valoró decir que se fueran pacíficamente a casa. "Por un respeto a la sociedad civil, yo no veo decirles se ha acabado y vayanse a casa". La última pregunta sobre Unipost, pero vuelve a decir lo mismo.

Receso hasta las 16.00 horas, con el siguiente interrogatorio.
Jordi Turull tampoco sabe de dónde salieron los resultados del referéndum que él mismo dio a conocer. "De mi departamento no, y como estamos en una causa penal no voy a contestar".
¿De quién dependía referendum.cat?, le pregunta Seoane. "Las webs dependen de la dirección general de atención ciudadana", contesta. Vuelve a preguntarle si financió la creación de una app para voluntarios del referéndum. Turull dice que no era ni conseller, no había ni fecha del referéndum. ¿Quién crea el censo universal? "Ni idea, no lo sé, desde mi departamento seguro que no". ¿Cuál era el objetivo? "Lo he explicado anteriormente, compatibilizar las directrices de la magistrada con la posibilidad de votar".
Marchena, presidente del tribunal, recrimina a la abogada del Estado que haga las mismas preguntas que se le han efectuado. Sobre las facturas a departamentos de la Generalitat de una campaña de publicidad cuando el referéndum, Turull asegura que se devolvió el pago por entender que esos servicios de inserción estaban incluidos "por el interés general" en el contrato anual con los medios de comunicación dependientes de la Generalitat. "Por eso esas facturas nadie entiende cómo aparecieron".
Turull: "Nosotros no desconvocamos el referéndum, es una obviedad. Convocar un referéndum fue despenalizado de forma expresa. Hay una ley de 2005 que dice que hacer un referéndum no merece reproche penal. Suerte que no lo merece hoy llevo un año en la cárcel". "Todo lo que han ordenado los tribunales en Cataluña lo hemos cumplido".

¿En qué se piensa cuando se autoriza gastos necesarios (en el Acuerdo para la convocatoria del referéndum)?, pregunta la abogacía del Estado. El exconseller insiste en que no se llevó a cabo ninguna de las propuestas de ese pacto, tal y como le ha contestado previamente a la Fiscalía General del Estado.
Es el turno de la abogacía del Estado, con preguntas de la jefa de lo Penal, Rosa María Seoane. Marchena le pide preguntas más concisas. Si creían que actuaban legalmente, ¿dónde sitúa los requerimientos del Constitucional? le pregunta.

Turull ha defendido que "si hay voluntad política había capacidad de organizar un referéndum de autodeterminación". Cogiendo la Constitución, la jurisprudencia y los derechos "entendemos que si hay voluntad política se puede encontrar este encaje", ha defendido.

Turull reconoce que firmó la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. "Firmo un documento que es la expresión de una voluntad política que reflejaba el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña". Finaliza el interrogatorio del fiscal Jaime Moreno, no sin antes Turull decirle que fue al Congreso a pedir permiso para el referéndum y era la 18 vez que iban.
Turull asegura que no recibió el Govern un requerimiento de evitar el referéndum, que la jueza del TSJC se dirigió en exclusiva a las fuerzas de seguridad. "Nosotros el 1 de octubre ponderamos que se pudiera cumplir las diligencias de la magistrada a Mossos, Policía y Guardia Civil y que la gente pudiera votar. A las 8 de la mañana anunciamos el censo universal. Invitamos a los ciudadanos que tuvieran policía en el colegio fueran a otros puntos a votar". Turull insiste en que ponderaron cada decisión.
Sale a relucir también el tuit que escribió el 21 de septiembre, tras varias horas de sitio por manifestantes independentistas a la Consellería de Economía, donde se realizaba un registro por orden judicial, en el que decía: "¡Votaremos y ganaremos! El Estado tiene las alcantarillas, el TC, los fiscales".

Turull dice que pretendía llamar al Estado a hacer política porque el "gobierno de Rajoy ha hecho de todo menos política".
El fiscal le pregunta si no pensó en retirar ese tuit o en poner otro cuando supo de la violencia contra siete vehículos. "Yo lo que no quería era darle más importancia. Lo que quería era apelar al civismo, al pacifismo, a la serenidad". El tema de los dos coches siempre fue criticado. No tiene justificación y en las ruedas de prensa yo lo critiqué. Aunque sea una violencia menor, siempre lo criticaremos". Turull recuerda otro altercado en una manifestación de ultraderecha, en el que no dijo que la marcha fuera violenta porque unos pocos fueran violentos.

El fiscal pregunta. "¿Le parece que el de septiembre fue un acto pacífico?". Turull: "Si cogemos a 50.000 personas se concentran y se acaba y se va a dormir y si hay alguno que se excede siempre encontrará mi repulsa en cualquier actuación que no sea pacífica. Si hay tres o cuatro personas no lo vamos a generalizar. Las manifestaciones en Cataluña han destacado por su carácter pacífico".

Turull reprocha la "selección" de tuits que hace la fiscalía.

El presidente Manuel Marchena le recuerda que en su turno de defensa podrá aportar lo que quiera, y por tercera vez, le conmina a evitar valoraciones y ceñirse a las respuestas. Su abogado defensor pide que se le deje opinar, pero Marchena insiste en que no es el turno de las valoraciones.
"Si se explica, se explica todo. El día 20 (de septiembre) la Policía intentó entrar en la sede de la CUP sin orden judicial", añade Turull. Sobre la violencia, Turull dice que no casa con ninguna "reivindicación de ninguna formación política de Cataluña" porque fracasa. "La gente es pacífica. Cataluña siempre ha militado en el pacifismo".
El interrogatorio se centra en el 20 de septiembre. Fecha en la que se produjo las detenciones de 14 altos cargos del Govern y se registraron los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat.

Fue ese el día en que miles de personas se concentraron en la sede de vicepresidencia, donde se produjeron violentos ataques contra los coches de la Guardia Civil. "Lo ví al día siguiente por la prensa y como todo mi entorno criticó la actuación", dice Turull.
Turull se defiende de la pregunta de si la Generalitat incitó a votar por la independencia. "Cuando se convoca un referéndum libremente la gente decide si va o no a votar".
El fiscal repregunta cómo es que se halla documentación y material para el referéndum sin que lo pagara nadie. "La Generalitat no encargó ese material" insiste Turull.
Fiscal: ¿Insinúa que fue pagado con fondos privados?
Turull: "Me lo debo imaginar porque con fondos públicos no".
Fiscal: ¿Pero que haya facturas proforma de Unipost, sorprende?
Turull: "El primer indignado soy yo mismo, no sé a qué responde".
Fiscal: ¿Cómo fueron compradas las urnas?
Turull: "Ni idea. Cuando se presentaron en rueda de prensa fue la primera vez que vi las urnas. Aun a día de hoy no sé como se adquirieron ni como llegaron a su destino".
El fiscal retoma, tras el receso, el interrogatorio con las supuestas facturas de Unipost a la Generalitat, pero el exconseller Jordi Turull responde que desde la Generalitat "no hay ningún encargo a Unipost".

El fiscal le recuerda que la Guardia Civil decomisó cartas con el membrete de la Generalitat en una sede de Unipost. Turull vuelve a negar encargos de cartelería para el referéndum.
En las primeras dos horas de interrogatorio, Jordi Turull ha lamentado llevar un año en prisión por un auto del Constitucional que no merece reproche penal (la organización de un referéndum), mientras el Gobierno central ha incumplido reiteradamente la Constitución.

El exconseller ha comenzado diciendo que la ciudadanía catalana "no son ovejas" ni está "militarizada" y que "el movimiento de independencia va de abajo hacia arriba", que los partidos y asociaciones "recogen ese sentimiento para dar una salida política, pacífica y democrática, porque no puede ser de otra forma".

Ha negado también que se buscara la conflictividad. Ha reconocido haber firmado un acuerdo que describía la organización logística del referéndum, pero ha dicho que lo hizo antes de que el Constitucional tumbara la ley catalana que lo promovía y que no se pudo desarrollar en su integridad.

En relación a la malversación de fondos, Turull ha asegurado en varias ocasiones que no se invirtió "ni un euro" en el referéndum.
Receso. Marchena autoriza al fiscal a terminar un bloque de preguntas, antes de hacer un receso. Después continuará porque tiene todavía más cuestiones que plantear. Sin embargo, deciden hacer 30 minutos de receso, porque no encuentran un documento en concreto que el fiscal desea mostrar.

En la cuarta jornada del juicio al procés, durante la declaración de Jordi Turull, en el banco de los acusados hay diez acusados. El número once, Oriol Junqueras, ha decidido ubicarse este martes detrás de sus letrados, tal y como permite el tribunal, informa Raquel Gómez Otero.
Turull: "La campaña de civismo activo quedó desierta, y viene la campaña del referéndum. Se optó por aprovechar las imágenes de la campaña de civismo. Y entonces se me dice que se tiene la capacidad, por interés general, de emitir de forma gratuita. Los anuncios para la consulta del 9 de noviembre fueron gratuitos. Ni se gastaba ni se quería gastar ni un euro. Se habló con la corporación de medios de comunicación, y que se debía hacer de manera gratuita. Es un tema potestativo que tiene la Generalitat".

Insiste ahora Turull en negar que cinco consellerías se repartieran los gastos de publicidad y papeletas del referéndum.
El interrogatorio se centra en estos momentoe en la campaña 'civismo activo' de la Generalitat, con lemas que promovían la participación en el referéndum, como '¿vas a dejar pasar la oportunidad de decidir?'.

Moreno le pregunta si no se invirtió en ello tres millones de euros. Turull dice que pidió ese dinero para la campaña de 'civismo activo' pero que se iba a aprovechar para otras campañas. Que la campaña de civismo activo quedó desierta y solo se emitió en TV3 y Catalunya Radio, "medios de la Generalitat".

El fiscal dice se intentó que la hicieran dos empresas privadas de comunicación, pero que sus directivos han declarado en la instrucción que las descartaron por ver en ellas difusión del referéndum. "Una petición distinta de una campaña de civismo".

Turull dice que se ha leído sus declaraciones en prisión, porque lo que tiene es tiempo, y que no aceptaron el encargo de los anuncios por considerarlo "política".
El interrogatorio se centra en la web 'referendum.cat'. Turull asegura que solamente se actualizó un dominio creado en 2006 con información sobre la ley del referéndum y enlaces a otras páginas de interés. Entre esos enlaces figuraba uno a 'voluntariats', sobre la que Turull asegura que no tenía competencias, y que quiso cerrar la Guardia Civil. "Lo que hizo mucha gente es hacer réplicas de la web, incluso había una que se llamaba MarianoRajoy.cat y era una réplica de referendum.cat'. 

"Las webs no tuvieron ningún coste para el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Inofrmación, organismo público de la Generalitat)", responde Turull a preguntas del fiscal.
Volviendo al Tribunal Supremo: Turull hace una acotación al fiscal para decirle que el Gobierno central tenía paralizada la Generalitat por el control exhaustivo de los gastos públicos. El exconseller dice que cumplieron en todo con lo que les exigía el ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Montoro.
En otro orden de cosas, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara Ernest Benach (ERC), Núria de Gispert y Joan Rigol (Demòcrates) liderarán este miércoles en Madrid un acto de apoyo a la expresidenta de la institución Carme Forcadell (ERC).





El fiscal Moreno: ¿Se envió una carta a los ayuntamientos de cara al referéndum? Turull: Se envió una carta para pedir a los Ayuntamientos para conocer si podían voluntariamente ceder de manera gratuita los locales para votar. "Se hizo cuando aún no estaba suspendido el referéndum", insiste.

Turull dice que no sabe cómo se organizaron los colegios electorales, y pide al fiscal que le pregunte a la exconsellera Dolors Bassa.  "Yo fui a votar donde voy a votar siempre en mi pueblo, los ayuntamientos dejaban a la Generalitat que se pudiera votar ahí".


El fiscal intenta enseñarle a Turull un documento. Un acuerdo de Gobierno de 6 de septiembre de 2017 sobre el compromiso con la ley del referéndum. "Ese acuerdo de Gobierno que se adoptó va en la línea de que había literatura con la implicación del compromiso político con el referéndum, pero el tribunal sabe que después no hubo ningún elemento fáctico de su desarrollo".

El acuerdo cita los requisitos para realizar el referéndum, censo, webs, campaña. Turull explica que el documento dice que todo el gobierno asume, en solidaridad, el compromiso de cumplir la ley del referéndum del Parlament. "Este acuerdo se firma sin que estuviera suspendida la ley del referéndum", puntualiza Turull.
¿Se gastaron fondos públicos para el referéndum? "Yo no estoy en el gobierno el 5 de julio, sino desde el 14. "Pero desde donde yo sé no se gastó ni un euro (público) en el referéndum".
Turull reconoce que Juntxs pel Si y la CUP negociaron una enmienda, dentro del pacto nacional por el referéndum, en los presupuestos para elecciones para un posible referéndum.
Entran de lleno el fiscal en el interrogatorio sobre el uso de fondos públicos para el referéndum. Turull asegura que la cifra económica que le menciona Moreno era para "procesos electorales" no para el referéndum.
Turull denuncia que "no pasa nada" si el Gobierno Central se salta la Constitución, pero sí pasa si un gobierno independentista hace algo que no merece reproche penal.

"Ponerte el traje de constitucionalista te permite saltarte la Constitución, pero si vas de independentista, no. Por un auto del Tribunal Constitucional llevo un año en la cárcel. Hoy hace un año".
Moreno insiste en que hubo "un cúmulo de resoluciones" tal del Constitucional que "era cansado" retierar "una y otra vez al Gobierno (catalán) que dejara esas iniciativas". Turull le contesta con el argumento de la ponderación, de que lo que ellos hacían, perseguir el referéndum, no merece "reproche penal".
El fiscal dice que fue requerido tres veces por el Constitucional. Pero Turull insiste en que solamente se le avirtió una vez. "Solo una". Y cuando recibió el oficio, explica, decidieron personarse en el proceso ante el Constitucional y hacer "un ejercicio de ponderación". 

Ponderaron la obligación judicial de paralizar las iniciativas con todo, como con el hecho de que "se despenalizó el hecho de convocar referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

"La única vez que he sido notificado por el Constitucional fue el 12 de septiembre (para suspender la ley del referéndum). Me avisaron de que venía un oficial del TSJC que me venía a dar una notificación personal. Y viene y me da un papel, un oficio, y me pide que firme dos veces. La segunda es la admisión de una querella de desobediencia continuada. Yo recibo al tiempo una notificación y la querella preventiva por desobediencia continuada. Entenderá que cuando se nos dice que la ley es igual para todos, me viene a la cabeza...".

Vuelve a cortarle Marchena para impedirle seguir valorando la querella.
Moreno le pregunta si recibió alguna advertencia del Tribunal Constitucional de no seguir con el proceso independentista, Turull dice que las notificaciones llegaban demasiado tarde.  "La resolución del 9 de noviembre llega cuando el Parlament ya se había pronunciado. Cuando llega que se suspendan los trabajos de la comisión, ya se habían acabado", asegura.
Turull niega que el Govern colocara a los Mossos al servicio del indepentismo. "Siempre sabíamos que los Mossos lo que harían es cumplir su deber". 
El interrogatorio se centra en las reuniones que se produjeron de cara a la organización de la hoja de ruta. Y a su supuesta clandestinidad, según las acusaciones. El 'exconseller' Turull defiende que hubo "infinidad de reuniones" en una situación que tilda de "normalizada". "Yo fui a muchísimas reuniones", dice. Y desmiente que se apostara en junio de 2016 por la vía unilateral.  "Hasta el último momento se intentó que el referéndum".

El abogado de Junqueras interrumpe cuando el fiscal pide a Turull comentar los contenidos de una agenda que no es la suya, en la que se hablaría ya en junio de 2016 de la vía unilateral. El presidente del tribunal, Marchena, le impide seguir y, al abogado de Turull le contesta que la sala se queda con la idea de que Turull asegura que no ha visto las anotaciones de dicha agenda ni el documento EnfoCats.
Fiscal: ¿Es cierto que en el camino a la declaración de independencia se incluía aumentar la conflictividad paulatinamente?  Turull: "El señor fiscal sabrá que los hechos lo desmienten. El govern ha querido buscar de manera insistente el diálogo. Los hechos desmienten categoricamente lo que dice ese documento", que Turull dice no haber visto nunca.
Ahora el interrogatorio se centra en un documento en el documento #EnfoCATs para averigar cómo se pretendía desarrollar la hoja de ruta: "¿Buscaban implicación ciudadana y complicidad internacional en sus acciones?" "No se buscaba la determinación ciudadana, es que existía y había que darle forma política", contesta Turull.
El presidente de la sala, Manuel Marchena, le pide que se ciña a responder las preguntas que desee responder de la Fiscalía, no a comentar y a argumentar su posición, porque para eso tendrá un turno al final de su declaración.
Moreno pregunta si la ciudadanía era sujeto político en la hoja de ruta del Govern. Turull aprovecha para argumentar que ha detectado "por parte de la fiscalía" una "falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña".

"La ciudadanía catalana no son ovejas, no está militarizada, sea independentista o no, será de derechas o de izquierdas, pero tiene criterio. Estamos en el siglo XXI, se habla de la gente desconociendo. El movimiento independentista va de abajo hacia arriba. Después hay partidos y asociaciones que recogen ese sentimiento para dar una salida política, pacífica y democrática porque no puede ser de otra manera".
La hoja de ruta hacia el referéndum, en el centro del interrogatorio. Turull vuelve a quejarse de las interrupciones del fiscal Moreno. Recupera la palabra para decir que cree que Rull puede dar las explicaciones sobre la hoja de ruta.
Turull: "La strategia de intentar conseguir un referéndum incluía a más de 4.000 asociaciones. Había Omnium y ANC, pero 3.998 más".
Turull pide poder intervenir sin ser interrumpido. Y en este momento le preguntan por resoluciones del Tribunal Constitucional, citando varios números. Turull contesta: "Una de las cosas de estar en prisión es que no tienes Internet".
El fiscal Jaime Moreno es quien ha empezado el interrogatorio. Le pregunta por su adscripción a Omnium Cultural, a lo que Turull responde que sí es socio, pero no cree que sea delito.


Empieza, bajo las indicaciones del presidente de la sala, Marchena, a declarar. Comienza refiriéndose a la posibilidad de hablar en catalán. Pero elige hacerlo en castellano porque no considera que sea lo más apropiado una traducción consecutiva. Admite las preguntas de Fiscalía y Abogacía del Estado, pero no las de Vox.

A pocos minutos de que se inicie la sesión, un recordatorio de quiénes son los doce acusados en el juicio. (FOTO: Llegada de presos al Tribunal Supremo. EFE)



La segunda semana de juicio arranca con menos presencia de medios de comunicación y más familiares de los encausados, informa desde la sede del Alto Tribunal nuestra compañera Raquel Gómez Otero, desplazada al Tribunal Supremo para seguir el proceso judicial.
Hoy se reúne también la Sala del 61 del Tribunal Supremo para deliberar el incidente de nulidad que el abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal del 'procés' al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano. Es el último intento de Sànchez, Rull y Turull para apartar a Marchena del tribunal.

Hace una hora en el Twitter de Jordi Turull se podía leer: "Hoy hace, sumados, 365 días que estoy en prisión, sin juicio ni sentencia. Y justo hoy podré decir mi... "


Eduard Pujol, de PDeCAT, a TVE, sobre la sesión de este martes en el juicio: "Nos jugamos los derechos fundamentales dentro del supremo. Forn y Junqueras pusieron de manifiesto las inexactitudes del fiscal. Hoy vamos a escuchar a Turull, yo particularmente tengo muchas ganas de hacerlo, y estoy convencido de su firmeza y de sus argumentos. Tenemos delante una sesión muy interesante".
Cuando Turull declaró ante el juez Pablo Llarena se aplicó la línea dura y le pidió "justicia y no política". "No sé si en noviembre era un preso político", le dijo "pero ahora no tengo ninguna duda". Entonces se autodefinió como "preso político".


Encarcelado el 2 de noviembre de 2017, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza. Era el responsable de la consellería desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos. Tras las renuncias de Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado por rebelión y malversación de fondos púbicos.
El exconseller Turull está representado en la vista por el abogado Jordi Pina. El interrogatorio de los fiscales en la vista de este martes correrá a cargo de Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.
Buenos días. Comenzamos la narración de la cuarta jornada del juicio al procés. Lo previsto es que el primero en declarar sea Jordi Turull (perfil), el exconseller de Presidencia y portavoz dle Govern, así como candidato fallido a suceder a Puigdemont en el Govern.

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