juicio del procés
Los acusados que han declarado este miércoles en el juicio del procés. AGENCIAS

Acelerón en el juicio al procés. La vista se alargó este miércoles tres horas y media sobre lo previsto, hasta las 21.30 h, para que se interrogara a cuatro de los encausados: Josep Rull, Dolors BassaMeritxell Borràs y Carles Mundó. Y el juez Marchena ya ha advertido de que las sesiones, inicialmente contempladas de martes a jueves, se ampliarán a tres lunes en marzo, y al último viernes de mes si fuera necesario.

Todos los exmiembros del Govern interrogados hasta ahora en la causa del procés han rechazado contestar a las preguntas de la acusación popular, ejercida por Vox. Pero Josep Rull fue el primero, ayer, que dijo hacerlo "por respeto a las mujeres y a las personas que en nuestro país sufren homofobia, xenofobia, transfobia…".

El exconseller de Territorio defendió el procés con pasión: "Cuando el Parlamento firmó la convocatoria del referéndum, fue uno de los momentos más emotivos y trascendentes de mi trayectoria". Sin embargo, se mostró más comedido al intentar justificar cómo se logró llevar a cabo. Aseguró que "no se utilizó un euro público" y dijo desconocer el origen de las urnas y papeletas empleadas: "Las había, de dónde salieron no lo sé".

Tampoco supo que el Moby Dada –el ‘barco de Piolín’– intentó atracar en Palamós con el objetivo de alojar a agentes de Policía y Guardia Civil destinados allí para el 1-O. Según el exconseller, no se emitió la preceptiva "solicitud formal" de amarre del ferri "ni se utilizó la vía [de declararlo] barco de Estado".

Rull fue especialmente duro con la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el día de la consulta ilegal: "Jamás me hubiese imaginado que desplegarían ante abuelas ese nivel de violencia". Como con un Tribunal Constitucional "instrumentalizado por el Estado" y "carente de autoridad moral".

Bassa: los centros cívicos

Con Dolors Bassa terminaron de declarar los encausados por delitos de rebelión y malversación. La exconsellera de Trabajo repitió muchos de los argumentos de Rull: que estimaba que "el referéndum no era delito", que el independentismo político apostaba por el "diálogo" y la "negociación", que nada hacía prever los enfrentamientos violentos del 1-O...; incluso cuando dijo: "No tengo ni idea de de dónde salieron las urnas".

A Bassa se le preguntó específicamente por la huelga general del 3 de octubre de 2017 en Cataluña, de la que se desvinculó. También por la base de datos de voluntarios para el referéndum cuya creación se le atribuye. Ella adujo que sí existe en el departamento que lideró un registro "de voluntarios" pero que este sirve solo para que "entidades sociales" puedan dar difusión a sus actividades y detallar los perfiles que precisan.

También encontró explicación para la retirada de competencias a los funcionarios de Trabajo el fin de semana del 1-O. Las acusaciones creen que lo hizo para que los centros cívicos estuvieran disponibles para la votación; ella asegura que se dio un "fenómeno atípico" que "no tenía nada que ver con el 1-O": se recibieron "muchas solicitudes para realizar todo tipo de actividades", lo que provocó "cierta inquietud" en los directores de los centros. "Decidimos avocar las competencias para que se tranquilizaran", zanjó.

Borràs y Mundó

El interrogatorio a Meritxell Borràs, en libertad provisional, provocó el momento emotivo de la jornada: la exconsellera de Gobernación rompió a llorar en el banquillo cuando recordó el fallecimiento de su padre. Ante el tribunal, Borràs aseguró que no se compraron urnas para el referéndum, sino que se hizo "un contrato marco", y que el material se empleó en las elecciones del diciembre posterior. También quiso quitarse responsabilidad al defender que su firma "no era necesaria" para que saliera adelante el decreto de convocatoria del referéndum.

Con las preguntas a Carles Mundó –también en libertad provisional–, la Sala Segunda dio por concluida la sesión. El exconseller de Justicia rechazó responder a cuestiones relativas al 1-O y a la declaración unilateral de independencia argumentando que no guardan relación con los delitos que se le atribuyen: malversación y desobediencia (como a Borràs). Sí insistió en que su departament no se gastó "ni un euro"para organizar el referéndum.