Nueve exconsellers, una expresidenta del Parlament y los dos dirigentes de la Assamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, convertidos en auténtico símbolo del independentismo se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo en el juicio del "procés", acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión.

Estos son los doce acusados, las penas que solicitan para cada uno la Fiscalía y la Abogacía del Estado y el papel que les atribuyen las acusaciones:

La Fiscalía pide para Oriol Junqueras 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 12 años de cárcel por sedición y malversación.

El exvicepresidente del Govern y responsable de Economía y Hacienda, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.

En ausencia de Carles Puigdemont, es la cabeza visible del Govern que impulsó el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Considerado como el principal promotor del 'procés' dentro del Gobierno autonómico, Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep María Jové) y, según las acusaciones, decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mossos.

A propuesta de su departamento (bajo el que se ocultaron gastos del referéndum) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O.

Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Cataluña para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda.

La Fiscalía pide para Carme Forcadell 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía pide 10 años por sedición.

Carme Forcadell fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y después del Parlament, lleva en prisión provisional desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza.

Como principal representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones también le adjudican el título de "promotora". Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que, durante los turbulentos 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión del Estado.

También permitió la votación -con el rechazo frontal de la oposición- de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la nueva república.

La Fiscalía pide 17 años por rebelión para 'Los Jordis' y la Abogacía pide para ambos 8 años de prisión por sedición.

"Los Jordis" son los acusados que más tiempo llevan en prisión preventiva, desde el 16 de octubre de 2017. También se les considera "promotores", en su caso como responsables de la vertiente social del "procés" en su condición de líderes de ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones soberanistas que jugaron un "papel crucial" como instrumento de presión al Estado.

Se encargaron, según las acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y permanente" y su actuación fue esencial en el acoso a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se impidió la actuación de la comisión judicial que estaba registrando el edificio. Una actuación dirigida y consentida por "Los Jordis", acusados también de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial.

En el caso de Jordi Sánchez, resultó elegido diputado por JxCAT en diciembre de 2017 y llegó a aspirar a la Presidencia de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament al estar encarcelado. Renunció el 21 de marzo.

La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 11 años y medio por sedición y malversación.

Exconseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d'Esquadra. Junto con Junqueras, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.

Como el exvicepresident, dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación, a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir en masa a votar.

La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 11 años y medio por sedición y malversación.

Encarcelado también el 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión provisional en marzo de 2018. Era el responsable de la Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos.

Turull autorizó, junto con otros exconsellers, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), esencial en la logística del 1-O y en el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum.

Tras las renuncias de Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado.

La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 11 años y medio por sedición y malversación. Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel.

Además de alentar a los ciudadanos a votar el 1-O pese a ser consciente de que era una convocatoria ilegal y de que había riesgos en la seguridad, prohibió "arbitrariamente" en su condición de conseller de Territori que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona).

La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 11 y medio por sedición y malversación. Romeva fue exconseller de Relaciones Institucionales y Exteriores y se encuentra en la misma situación procesal que Rull y Turull.

Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el 'procés'. Dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" que, según la Fiscalía, actuaba como "lobby" para difundir el "procés" en el exterior.

Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un 107%.

La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía pide 11 años y medio por sedición y malversación.

También encarcelada provisionalmente desde marzo (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo la que se ocultaron gastos del 1-O.

Retiró a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía piden siete años de cárcel para cada uno de los exconsellers por desobediencia y malversación.

Como el resto de miembros del Govern, adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para ello de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones.

Son los únicos que están en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza, mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de 2017.