La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan a varios agentes de futbolistas, entre ellos Fali Ramadani, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por llevar a cabo fichajes ficticios en transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y en su desarrollo han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, ha informado este martes el instituto armado.

Fuentes de la investigación han precisado a Efe que uno de los principales investigados es Fali Ramadani, que representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly.

Los agentes investigados utilizaban presuntamente el club chipriota Apollon Limasol para realizar fichajes fantasma y en el periodo en el que se centra esta investigación los dos principales implicados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

Once provincias españolas

La denominada operación Lanigan se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas. También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.

Las pesquisas comenzaron en 2017, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en el término marrorquín de Calviá, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos, ha detallado el instituto armado.

Tras investigar el origen del dinero se descubrió cómo estos agentes formaban supuestamente parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación en el denominado "Football Leaks", precisa.

Así obtenían grandes beneficios destinados a su enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los clubes y para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.

Modus operandi 

Los agentes de futbolistas investigados por blanqueo captaban a jóvenes promesas y cuando un club importante se interesaba por alguno de estos jugadores simulaban que habían sido fichado por otro club -del que nunca llegaban a vestir la camiseta- para venderlos por más dinero y además con beneficios fiscales.

Entre los equipos españoles que habrían sido víctimas del entramado, sin saberlo, están el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Celta, el Sevilla, el Almería o el Sporting de Gijón, han precisado a Efe fuentes de la investigación.

A todos estos clubes se les han requerido contratos de determinados jugadores para confirmar los posibles delitos cometidos por los investigados.

Luka Jovic del Real Madrid o Stefan Savic y Nicola Kalinic del Atlético son algunos de los jugadores con los que habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.

Cooperación internacional

Ante el alcance de la operación se pidió la colaboración de Europol, que ha facilitado la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.

Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.

Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España.

De momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración como testigos. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.