Sin impuestos no se sostiene el Estado, así de simple. No habría sanidad pública, protección social, educación para todos y todas. Ni tampoco infraestructuras ni mucha de la innovación científica. Sin impuestos no se construye una sociedad menos desigual. No habría políticas de lucha contra la pobreza. No habría políticas públicas.

En tiempos de crisis, sobre todo severas e inesperadas como esta, el sistema fiscal financia la acción urgente que es más vital para suavizar y aliviar el impacto del shock. En nuestro país, los ERTE, por ejemplo, habrían evitado que más de 710.000 personas hayan caído en la pobreza desde el marzo pasado. Por eso, los impuestos son un puntal de la cohesión social. Ayudan a redistribuir la riqueza gravando más a quienes más tienen, para invertirlo mejor en quién (o qué) lo necesita más.

La UE, que actualizará estos días su lista negra de paraísos fiscales, pondrá a prueba su voluntad de construir una Europa en base a más cooperación fiscal o a una competencia fiscal feroz. Porque un buen sistema fiscal es también el que pone coto al uso de paraísos fiscales.

Justamente, OpenLux, el último de los escándalos fiscales, nos muestra cómo un pequeño territorio en el corazón de Europa sigue haciendo el juego sucio al resto del planeta. Esta vez, el análisis de los periodistas muestra cómo 50.000 sociedades pantalla (o fantasma) y 270 de las mayores fortunas del planeta usan este pequeño país para esconder sus activos y/o pagar lo menos posible. Luxemburgo, con menos de 600.000 habitantes, atrae más inversión que Estados Unidos o China, un paraíso fiscal que hace tambalear la recuperación económica.