El apetito de los inversores foráneos por las empresas españolas no deja de crecer. El capital extranjero se ha lanzado en los últimos meses a por compañías estratégicas nacionales con movimientos que han hecho reaccionar al Gobierno. El último en mover ficha ha sido el fondo emiratí Taqa, que confirmó este martes su voluntad de entrar en el accionariado de Naturgy. A esta posible operación todavía en ciernes, han precedido otras muy sonadas como la realizada por la saudí STC sobre Telefónica o la opa lanzada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.
Tras días de rumores y especulaciones, Taqa reconoció este miércoles que quiere comprar el 41,3% de Naturgy, una maniobra para la que deberá presentar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad del capital de la energética española y obtener el visto bueno del Gobierno, dadas las dimensiones de la posible compra. Aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, la empresa emiratí ha confirmado que mantiene conversaciones con CriteriaCaixa, CVC y GIP, los tres principales accionistas de Naturgy actualmente al controlar respectivamente el 26,7%, 20,7% y 20,6% del capital.
En caso de producirse finalmente la operación, Taqa se convertiría en el accionista mayoritario, desbancando al holding inversor del grupo La Caixa. De este modo, los emiratíes jugarían un papel clave en el accionariado de una empresa española estratégica como es Naturgy, el principal proveedor de gas natural a nivel nacional y el tercero en el mercado eléctrico. El Gobierno de Abu Dabi es el propietario del 90% de la empresa interesada en la energética española.
Taqa no es la única compañía de Oriente Próximo que ha movido ficha en los últimos meses para invertir en compañías patrias. Tanto revuelo como el provocado por la posible operación sobre Naturgy despertó en septiembre la compra del 9,9% de Telefónica por parte de la operadora saudí STC -un 4,9% mediante la compra directa de acciones y un 5% en derivados financieros-. La teleco controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí desembolsó unos 2.100 millones de euros para convertirse en el primer accionista de la multinacional española, muy por delante de BBVA, BlackRock y CaixaBank, cuya participación no sobrepasa el 5%.
Para contrarrestar esta maniobra, el Gobierno de Pedro Sánchez dio la orden de hacerse, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con hasta el 10% de la teleco española, que ha pasado a ser el segundo operador a nivel nacional tras la fusión de Orange y MásMóvil. Por el momento, el holding público controla ya un 5% del capital de Telefónica, después de que Hacienda le inyectara 500 millones de euros en febrero para avanzar hacia el objetivo fijado.
La inversión extranjera sobre Talgo también está en la palestra. El grupo húngaro Magyar Vagon formalizó a principios de marzo su opa sobre el fabricante español de trenes, valorada en 619 millones de euros y ofreciendo un precio de cinco euros por acción. Actualmente el principal accionista de Talgo es el fondo estadounidense Trilantic, que posee el 40% de la compañía. El Gobierno no ve con buenos ojos la maniobra, que supondría dejar el gran proveedor español de trenes de alta velocidad en manos de Hungría, dado que el fondo de inversión estatal del país dirigido por Viktor Orbán está detrás de Magyar Vagon. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a animar a que algún inversor nacional presente una contraopa con sello español.
En un segundo plano
En un plano más discreto, el goteo de opas en los últimos meses ha afectado también a otras compañías españolas como Applus, la certificadora de vehículos líder en las ITV. El fondo londinense Amber Equityco y el neoyorquino Apollo llevan meses disputándose la entrada en el accionariado de la empresa catalana. Los ingleses han presentado una oferta sobre la totalidad del capital de Applus a un precio de 11 euros por acción lanzada para competir con los 10,65 euros por título ofrecidos por los estadounidenses, después de que ambos inversores mejoraran su puja. La certificadora, que ya pasó por manos extranjeras entre 2014 y 2016 a través del fondo estadounidense Carlyle, tiene hasta el 24 de abril para decidirse por la propuesta que considere más favorable.
También la española Opde, dedicada a la energía fotovoltaica, ha despertado el apetito inversor fuera de las fronteras nacionales. En febrero el Gobierno dio el visto bueno a la opa presentada por el fondo galo Antin a cambio de que los compradores franceses se comprometieran a no iniciar más demandas en los tribunales de arbitraje internacional contra el Estado español. Dentro del continente, la firma portuguesa Bondalti también lanzó en marzo una opa de 330 millones de euros por la química Ercros, aunque el consejo de administración de la compañía ha asegurado que "no tenía conocimiento previo" y, por tanto, se trata de una oferta "no solicitada ni consensuada".
Este aluvión de inversión extranjera sobre empresas españolas se produce en un momento en el que las cotizaciones se han recuperado tras el hundimiento de los mercados durante la pandemia. Sin embargo, el Gobierno cuenta todavía con un mecanismo puesto en marcha por aquel entonces para evitar que el capital foráneo aprovecharan la coyuntura para tomar posiciones estratégicas en España. Es el denominado escudo antiopas, que otorga al Ejecutivo capacidad para vetar las operaciones en empresas estratégicas, en aquellos casos en los que la inversión sea igual o superior al 10% del capital de la compañía.
El caso de Endesa
La presencia de inversores extranjeros en empresas estratégicas no es algo novedoso -la mayoría de multinacionales patrias cuentan con participación internacional, aunque generalmente de compañías privadas, no públicas como Taqa o STC-. El caso más paradigmático es el de Endesa. Su principal accionista es la italiana Enel -participada mayoritariamente por el Estado italiano-, que es propietaria del 70% de la eléctrica y entró en la compañía española en 2007 junto a Acciona. La maniobra causó un gran revuelo político y mediático, después de sucesivos intentos de opa anteriores, entre ellos por parte de Gas Natural.
Aunque con una inversión mucho menor, el principal accionista de Iberdrola es también extranjero. Se trata Qatar Investment Autority (QIA), que cuanta con una participación del 8,7%. El fondo soberano emiratí entró en la eléctrica en 2011. Como inversores extranjeros, le siguen el gigante estadounidense BlackRock y el fondo soberano noruego Norges Bank -ambos con participación en numerosas grandes empresas patrias-, que poseen respectivamente el 5,3% y 3,45% del capital de Iberdrola.
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