El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Utrera (Sevilla), que lleva la causa contra el camionero detenido tras atropellar mortalmente a seis personas, entre ellas dos agentes de la Guardia Civil, en un control de este cuerpo en la AP-4, ha acordado la puesta en libertad provisional del investigado.
En el auto, sobre el que ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se impone al camionero la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
El pasado martes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera, que no llevaba la causa pero se encontraba en funciones de guardia, acordó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado por seis presuntos delitos de homicidio imprudente del artículo 142.1 del Código Penal y varios delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1 del Código Penal.
Ahora, el auto judicial explica que del atestado de la Guardia Civil se desprende que el accidente se produjo "por un despiste o negligencia en la conducción, que no ha podido relacionarse ni con el exceso de velocidad, en cuanto que el investigado manifestaba ir conduciendo a 90 kilómetros por hora, ni con la ingesta de alcohol y drogas, ya que las pruebas de detección de estas sustancias arrojó un resultado negativo".
Por ello, señala el Juzgado la "dificultad de encuadrar la conducta del investigado en este momento dentro de la imprudencia grave o menos grave, debe excluir la medida de cautelar de prisión provisional solicitada" y apunta que "en el caso de encontrarnos dentro del delito leve de homicidio y lesiones por imprudencia, la pena que se impondría sería de multa y no de prisión".
De este modo, incide en que, "dejando a un lado el debate de la imprudencia", se considera que "aunque se aprecia la comisión de los delitos imputados por el Ministerio Fiscal y pudiera aplicarse una pena que podría llegar a los nueve años de prisión, tampoco se darían los presupuestos para la adopción de la medida cautelar solicitada", puesto que no se dan los fines constitucionalmente previstos como "evitar la sustracción a la acción de la Justicia, evitar la obstrucción de la instrucción penal o evitar la reiteración delictiva".
Asimismo, con respecto a un posible riesgo de fuga, se indica que "si bien inicialmente puede valorarse por los delitos cometidos", entiende el Tribunal que, en este caso, este motivo "por sí solo no puede fundamentar la adopción de una medida tan gravosa como es la prisión provisional", toda vez que considera que el investigado es de nacionalidad española y tiene arraigo en Huelva, así como trabajo en España, además de "carece de antecedentes penales", por lo que "no existe motivo alguno para entender que vaya a sustraerse a la acción de la Justicia o que concurra el riesgo de destrucción de pruebas".
Por todo ello, el Juzgado entiende que en el presente caso "no se dan los requisitos" para mantenerlo en prisión provisional, "en cuanto que no se acredita ni la concurrencia de los fines constitucionalmente establecidos para su adopción ni se concibe como una medida idónea, necesaria ni proporcionada dados los hechos investigados, pudiendo adoptarse otras medidas menos gravosas para cubrir los eventuales riesgos que pudieran producirse".
Negativo en alcohol y drogas
El camionero cuenta 59 años de edad, es de nacionalidad española y carece de antecedentes y arrojó un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Estaba a los mandos del camión articulado protagonista de los hechos, que había partido de La Línea de la Concepción (Cádiz) cargado de productos hortofrutícolas, con destino a Guarromán (Jaén).
En el punto kilométrico 24 de la AP-4, en el término municipal de Los Palacios, este camión articulado impactó contra un control de la Guardia Civil instalado para la interceptación de posibles traslados de sustancias estupefacientes, con el resultado ya descrito.
Merced a lo trascendido durante aquella jornada, los agentes fallecidos fueron el cabo primero Eneko del GAR, de 37 años de edad, quien tenía su residencia en Vitoria (Álava) aunque era natural de Baracaldo (Vizcaya); y el guardia civil Juan Jesús, de 34 años de edad, vecino de El Ejido, en la provincia de Almería.
Los cuatro civiles fallecidos eran un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 47 años de edad, un vecino de Barbate (Cádiz) de 50 años, un ciudadano de Ceuta de 53 años y un joven de 20 años de edad, inicialmente de nacionalidad extranjera y que residiría en Vizcaya.
Hay además cinco heridos, todos miembros de la Guardia Civil. Dos de ellos han sufrido lesiones leves y se desplazaron a centros sanitarios por sus propios medios, mientras otros tres revisten más gravedad y se encuentran ingresados en centros hospitalarios.
Uno de ellos, el de mayor gravedad, sufriría un neumotórax bilateral y otros traumatismos y estaría ingresado en el hospital Virgen del Rocío; mientras otro más estaría afectado con una fractura en una pierna y un último herido sufriría una fractura de fémur y además lesiones en el páncreas y el hígado. Estos dos últimos heridos estarían siendo atendidos en el hospital de Valme.
Por su parte, la empresa del camión articulado destacó su "consternación" por el accidente y se puso a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación del caso, según indicó en un comunicado en el que mostró su "más sincero pésame a las familias de las seis personas fallecidas junto con el deseo y la esperanza de una pronta recuperación para los heridos".
"Agradecemos la intervención de todos los efectivos por la rapidez, profesionalidad y sensibilidad demostrada, poniéndonos a disposición de las fuerzas de seguridad para colaborar en la investigación y al servicio de las familias para ayudar en cualquier cosa que pueda aliviarles en esta dramática situación", indicaba la empresa, exponiendo que la jornada del 19 de marzo "será siempre un día de luto para toda la familia de Transmoro".
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