El Gobierno ofrece 40 millones de euros a las comunidades autónomas para que asuman las líneas de autobús interurbano que, por resultar obsoletas, poco operativas o no rentables, queden fuera del nuevo mapa concesional estatal que prepara el Ministerio de Transportes, así como para que mantengan las paradas que se suprimirán una reordenación de líneas de competencia estatal que primará los trayectos más directos . El secretario de Estado de Transportes, Juan Antonio Santano, ha dado esta cifra durante una comparecencia en el Congreso para explicar la ley de Movilidad Sostenible que ya tramita de nuevo el Congreso y que incluye el mandato al Gobierno para renovar el mapa de las rutas de autobús interurbano que dependen del Estado.
"El Ministerio pone a disposición de las comunidades más de 40 millones para garantizar que el nuevo mapa concesional mejora la movilidad de los ciudadanos", ha dicho Santano, sobre una nueva organización de las rutas de autobús que está pendiente desde hace años y que ha asegurado que "va a optimizar rutas, aumentar la ocupación de los autobuses y reducir las tarifas más de un 20% a las mejoras de tiempo derivadas de esa optimización".
Según ha explicado, la actualización del mapa concesional, es decir, de las rutas de autobuses dependientes del Gobierno central que ahora operan las distintas empresas en régimen de concesión, recortará tiempos de viaje en algunas rutas. "En la conexión entre A Coruña y Santander, se prevé pasar de 9 horas a 7 horas y 7 minutos; de Albacete a Alicante, de 3,17 horas a 2,22 horas o de Málaga a Valencia, de 11.15 horas a 9 horas".
También ha esperado que, gracias a la regulación en innovación que también prevé la Ley de Movilidad Sostenible, se puedan explorar soluciones flexibles que "ahora es muy complicado establecer" con el actual sistema, como el transporte a demanda, los autobuses con rutas fijas pero paradas variables, rutas no establecidas u horarios variables.
Supresión de paradas
Sin embargo, una de las cuestiones que más polémica suscitó cuando en 2021 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hizo un primer intento de actualizar el mapa concesional, fue que contemplaba nuevos trazados que eliminaban rutas que han quedado obsoletas y no eran rentables y también la supresión de paradas de autobús en determinados municipios, algo sobre lo que este miércoles algunos grupos como el PP o BNG han mostrado su preocupación y en lo que se ha mantenido el secretario de Estado. "Necesitamos que haya un mapa concesional estatal que comunique los grandes nudos de población, porque estamos perdiendo viajeros por miles, porque la gente no lo coge [el autobús] si tiene 34 paradas", ha dicho Santano, que ha insistido es que la idea es que las comunidades se hagan cargo del servicio a localidades intermedias que hoy prolongan esas rutas, con la "compensación" de 40 millones que ha anunciado este miércoles.
La cifra también ha suscitado dudas, desde ERC que la ha considerado escasa, teniendo en cuenta que es a repartir entre todas las comunidades, pasando por Vox hasta el PP. "Nos tenemos que es insuficiente", ha dicho el diputado popular Alberto Herrero. "¿Tienen algún estudio al respecto? Porque, si no, por qué no 60, 80, 100 o 150", ha preguntado.
Respondiendo a su pregunta, Santano ha afirmado que "los 40 millones no son una cifra improvisada", sino que responde a un cálculo de las conversaciones con las comunidades, con las que el Ministerio quiere sentarse a negociar, en bilateral, el nuevo mapa concesional y espera también que haya acuerdo entre comunidades para prestar servicio en paradas que pasen por rutas que ahora las supriman.
Liberalización solo "excepcional"
Si bien hay mucho el trabajo por delante, también con las comunidades, para elaborar el nuevo mapa concesional, el secretario de Estado ha dejado claro tanto que es algo "imprescindible" como la única opción que contempla el Gobierno, la de mantener el sistema actual, en el que es el Estado -o las comunidades, en su caso- quien otorga la concesión para operar las diferentes rutas mediante concurso y en régimen de exclusividad.
El proyecto de ley que hace una semanas volvió a entrar en el Congreso es idéntico al que decayó con el fin de la pasada legislatura para, en teoría, aprovechar el "consenso" que se alcanzó entonces entre los grupos, pero este miércoles ERC ha anunciado una enmienda a la totalidad y el PP ha dicho que "no es nada ambicioso". También permanece inamovible uno de los artículos que resultaron más polémicos, el que abre la posibilidad a liberalizar ciertas rutas de autobús, que levantó en contra a la principal patronal del sector, Confebús.
Santano ha aclarado que esta posibilidad será algo "extraordinario", tanto que la decisión de abrir una ruta a la competencia debe ser un acuerdo expreso del Consejo de Ministros, adonde no es ni "habitual" ni "aconsejable" llevar con frecuencia este tipo de cuestiones. "Es una solución absolutamente excepcional".
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