El Gobierno mantiene su plan pactado con Bruselas de no fijar peajes por el uso de las autovías a cambio de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, pero abre la puerta a que los alcaldes que lo deseen los levanten dentro de sus ciudades, para restringir el tráfico o reducir el acceso a áreas más amplias de las que abarcan las zonas de bajas emisiones (ZBE) que las de mayor número de habitantes están obligadas a delimitar. Esta ausencia y esta presencia se incluye en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha vuelto a obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, después de que el año pasado decayera su tramitación parlamentaria por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.
Tal y como se esperaba, el proyecto de ley que de nuevo vuelve a salir del Consejo de Ministros es exactamente el mismo que el que decayó el año pasado, en un intento de recabar los apoyos entre los grupos parlamentarios que entonces se "atisbaba" en el Congreso para aprobar una norma que es uno de los 'hitos' acordados entre el Gobierno y la Comisión Europea en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y del que, por tanto, depende que Bruselas siga desembolsando nuevos tramos de fondos europeos. El objetivo del Gobierno es que pueda entrar en vigor a lo largo de este año.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, ha explicado que el proyecto de ley que se enviará de nuevo al Congreso no incluye ninguna mención al esquema de pago por uso de la carretera porque esta posibilidad ya se descartó el año pasado en negociaciones con la Comisión Europea. "Se eliminó cuando remitimos la norma al Parlamento [el año pasado] y, como se remite exactamente lo mismo, está fuera de la ley", ha dicho el ministro que ha añadido que en estos momentos la única manera de "llevarlo a cabo" sería mediante "otro mecanismo" o la "introducción de enmiendas" a esta norma durante el trámite parlamentario que ahora vuelve a empezar.
Peajes urbanos
Al margen de las vías interurbanas, lo que también sigue contemplando la futura ley es la posibilidad de que las ciudades cobren por acceder con el coche a determinadas zonas, creando "peajes urbanos" particularmente el centro, con "tasas" para traspasar un perímetro que sea superior al de las zonas en las que ya existan restricciones que marcan las ZBE.
"La ley es un marco que permite a los ayuntamientos establecer peajes en sus términos municipales", ha dicho Puente sobre una demanda que ha afirmado que alcaldes venían trasladando al Gobierno, el competente para dar "cobertura legal" a tal medida. "Habilita, no obliga", ha puntualizado el ministro. "Serán los municipios los que decidan si implantan o no un sistema de peajes".
En concreto, el proyecto de ley contempla una "habilitación legal" para que "los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones", que Puente ha vuelto a recalcar este martes que no se están creando en la medida en que obliga la Ley de Cambio Climático y que, al contrario, hay ciudades que están dando marcha atrás y, por ejemplo, "destruyendo" carriles bici para recuperarlos al tráfico. En concreto, ha citado a Valencia, Elche, Logroño o Valladolid, la ciudad de la que él fue alcalde hasta el año pasado y que como las anteriores ahora está gobernada por una coalición PP-Vox.
Puente observa "con un serio disgusto" una "cierta rebelión por parte de algunos municipios" que dan un paso más en las "reticencias" generales en toda la UE a reducir el tráfico para ampliar carriles bici o calles peatonales, que consiste en "dar marcha atrás", que "no sucede en ningún sitio de la UE" más que en España. A este respecto, Puente anunció hace unos meses que habría "penalizaciones" para los ayuntamientos que, estando obligados por ley, todavía no tengan ZBE o que las desactiven no multando. De momento, no figurarán tampoco en la Ley de Movilidad Sostenible que calca el intento del año pasado. "Estamos en ello", se han limitado a decir este martes fuentes del Ministerio de Transportes.
Mercancías por tren y soterramientos
Según ha dicho en otras ocasiones, Puente considera que el debate acerca de si las autovías deben pagarse con los impuestos de todos o por quienes las utilizan, como ocurre en otros países, deberá abrirse en el futuro pero que ahora está descartado y la posición del Gobierno es la de "liberalizar", es decir, dejar que expiren las concesiones. En esta línea, la Ley de Movilidad Sostenible no incluye los peajes a las autovías que el año pasado el Gobierno sí llego a contemplar en sus negociaciones con la Comisión Europea para recibir fondos europeos pero que finalmente se descartaron, a cambio de otro elemento que también contempla la Ley de Movilidad Sostenible, potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril para reducirlo por carretera.
Aunque la ley no fija un objetivo de "subir más las mercancías suban más al tren y bajarlas de la carretera", Puente ha indicado que el objetivo del Gobierno es que España deje de estar a la cola del transporte ferroviario de mercancías, con apenas el 4% del total, y se sitúe "como mínimo" en la media europea del 10%.
Para ello, a cambio de no introducir peajes en las autovías, se pactó con Bruselas incentivarlo mediante el desarrollo de autopistas ferroviarias donde exista demanda empresarial, bonificando el transporte de mercancías por tren al menos cinco años y apoyando e incentivando el cambio modal de carretera y al ferrocarril, aspecto que recoge la Ley de Movilidad Sostenible y en los que Puente ha asegurado que ya se está trabajando incluso antes de que termine su tramitación y entre en vigor. Por ejemplo, con la inversión que anunció hace unos días para desarrollar la conexión desde el puerto de Algeciras a Zaragoza ya en ejecución, con la conexión al tren que tendrán las tres terminales del puerto de Valencia después de su ampliación o con la construcción de los corredores Mediterráneo y Atlántico, para lo que Puente ha vuelto a reclamar este martes la colaboración del Gobierno de Francia para que las mercancías españolas puedan continuar viaje por Europa que en las últimas semanas también ha exigido a su embajador en Madrid y ha pedido a la Comisión Europea.
"Necesitamos mejorar las conexiones transfronterizas, en espacial con Francia, un país clave para nuestras mercancías porque para llegar con ellas al norte de Europa necesitamos una conexión con Francia mucho mejor", ha dicho Puente, que ha vuelto a "apelar a la colaboración del Gobierno francés para que aceleremos las conexiones de esta infraestructura y tener un tráfico de mercancías que responda a un pilar básico al Tratado de la UE", ha añadido en alusión a la libre circulación de personas y también de mercancías.
También en relación con el tren, la Ley de Movilidad Sostenible clarifica el reparto de costes entre distintas administraciones de los soterramientos de líneas a su paso por zonas urbanas, una cuestión que enfrenta a ayuntamientos con el Ministerio que "esta ley por fin afronta con valentía", ha dicho Puente.
Según el proyecto legislativo que ha salido del Consejo de Ministros, Adif, en tanto que administrador de las infraestructuras, financiará "íntegramente" la plataforma, la vía e instalaciones y un máximo del 30% del coste de retirar pilares, muros y losas pero "no asumirá la financiación de las obras de urbanización, conexiones locales o territoriales con la ciudad o territorio circundante" que no sea de su competencia y será necesario crear un convenio con las demás administraciones competentes para el mantenimiento de la losa y la correcta explotación del nuevo túnel resultado del soterramiento ferroviario generado. Los administradores de infraestructuras y de otras obligaciones urbanísticas para las que se les podrá pedir que asuman el 30% del coste.
Bici y paseos en las ciudades y rutas de empresa
En términos generales, Puente ha defendido la futura Ley de Movilidad Urbana como una norma que por primera vez reconoce el "derecho a la movilidad" de los ciudadanos, de contar con medios sostenibles o transporte público para ir a trabajar, para su ocio o, simplemente, para reducir la contaminación que genera un sector que, ha recordado, es responsable del 27% de las emisiones de efecto invernadero que expulsan los transportes.
La movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, crea cerca de 800.000 empleos, contribuye al cerca del 5% de PIB y genera 5.000 millones de viajes en transporte colectivo al año, ha dicho Puente sobre una ley que tiene razones de tipo social, de sostenibilidad y económica y que, según figura en el proyecto de ley, supone poner a la persona "en el centro", promoviendo el transporte el bicicleta o en transporte urbano y que primará que los coches ocupen el menor espacio público posible. Para ello, fijará pautas no solo dentro de las ciudades sino también para en grandes empresas y entidades públicas y polígonos industriales.
En las ciudades, los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes -a partir de los que están obligadas por la Ley de Cambio Climático a crear ZBE- tendrán un año desde la entrada en vigor de esta ley para dotarse de planes de movilidad sostenible que deberán incluir elementos como zonas de bajas emisiones, distribución urbana de mercancías, aparcamientos disuasorios o vías para la "circulación segura" en bicicleta o ciclo. Las comunidades autónomas podrán decidir que también lo diseñen municipios fuera de esta categoría o mancomunidades que agrupen localidades más pequeñas.
Deberán "primar especialmente la movilidad a pie", incluida de personas con discapacidad en aparatos autorizados y en bicicleta o ciclo y, cuando se trate de vehículos privados, los que tengan tecnologías que supongan menos emisiones contaminantes y "vehículos que supongan una menor ocupación del espacio público".
En el sector privado, la norma también contempla que las grandes empresas -de más de 500 empleados o de turnos de 250- elaboran también planes de movilidad sostenible que deberán negociar con sus comités de empresa para poner en pie "soluciones de movilidad sostenible" como transporte colectivo, de cero emisiones, transporte compartido y colaborativo o "teletrabajo en los casos que sea posible". Estas soluciones deberán estar disponibles para los trabajadores y también para los visitantes o proveedores.
Los centros de trabajo más grandes, con más de 1.000 empleados y que estén en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las empresas deberán incluir también medidas para reducir la movilidad en las horas punta y para promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.
Lejos de ser un perjuicio para estas compañías, Puente ha defendido que la inclusión de estas medidas en la norma no hace más que poner por ley algo que muchas hacen ya y por lo que obtienen ya cuantiosos beneficios fiscales por promover la movilidad sostenible de sus trabajadores. "Estos planes adquieren rango legal pero no es una novedad, las empresas ya están haciendo planes de movilidad sostenible hace mucho tiempo, también por conveniencia económica. Las obligaciones que se introducen en la ley son muy razonables y tremendamente beneficiosas para las empresas", ha dicho Puente.
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