El Gobierno hace un nuevo intento por modificar la forma de entender la movilidad, hacia un modelo mucho más sostenible, en el que el peatón gane espacio al coche y con más métodos alternativos de transporte al vehículo particular, como el colectivo o la bicicleta. El Consejo de Ministros volverá a aprobar a lo largo de este mes un proyecto de Ley de Movilidad Sostenible idéntico al que la pasada legislatura decayó cuando ya estaba tramitándose en el Congreso debido a las elecciones del 23 de julio. Una vez en vigor, ayuntamientos, polígonos industriales y grandes centros de trabajo públicos y privados deberán diseñar planes para favorecer el transporte público o colectivo, la movilidad a pie o en bicicleta y, en el ámbito laboral, el teletrabajo o las rutas, para reducir las emisiones contaminantes. La ley abre la puerta a que los alcaldes que lo deseen puedan crear tasas a la circulación de vehículos que, por ser altamente contaminantes, no pueden entrar en zonas de bajas emisiones (ZBE).
Al ministro de Transportes, Óscar Puente, le gustaría que esta futura ley fuera "más ambiciosa" para restar espacio en la ciudades al coche y ganárselo a los peatones, pero no ha introducido ninguna modificación en el proyecto de ley en aras del consenso que el elaborado por su antecesora, Raquel Sánchez, concitó entre los grupos políticos en el Congreso antes de que decayera como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales del año pasado. "Si tuviera que hacerla, la haría de otra manera, intentaría ser un poco más ambicioso. Pero la realidad se impone, nos dice que tenemos una composición parlamentaria muy compleja, es muy difícil hacer cambios, hay que ser prácticos", dijo el mes pasado durante un desayuno informativo en el que anunció que el Consejo de Ministros volvería a aprobar el anteproyecto de ley en su primera o segunda reunión de febrero. Pasada la primera cita, las más probables son la reunión de este mismo martes o la del martes de la semana que viene.
Nueva tasa de circulación
Tal y como se explica en la exposición de motivos, uno de los objetivos de la norma es "complementar" la Ley de Cambio Climático de la que parte la obligación -de momento, incumplida de forma generalizada- de que las ciudades de más de 50.000 habitantes delimiten ZBE con restricciones al tráfico, que ahora abre la puerta a ir más allá, al fijar obligaciones para ciudades más pequeñas y también contemplar la posibilidad de crear tasas por circular con determinados vehículos no permitidos en las ZBE.
Con el fin de "ampliar el catálogo de medidas que los municipios pueden adoptar" para reducir emisiones de CO2 de los coches y reducir la contaminación, el proyecto de ley que volverá a aprobar el Consejo de Ministros contempla una "habilitación legal" para que "los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones".
Con esta ley, el Gobierno quiere reforzar medidas contra la contaminación y contribuir a una mayor descarbonización del transporte urbano, con nuevos modos de movilidad que pongan a la persona "en el centro", más que los coches, entre los que se primará que sean de bajas emisiones y que ocupen el menor espacio público posible. Para ello, fijará pautas no solo dentro de las ciudades sino también para en grandes empresas y entidades públicas y polígonos industriales.
Se promocionarán transportes como la bicicleta y medios de transporte colectivos y, entre ellos, los de naturaleza "cooperativa", al estilo de los acuerdos que cierran propietarios de coches y pasajeros en plataformas como BlaBlaCar, sobre las que la ley también pone la mirada y anticipa la posibilidad de regularlos, para asegurar que el precio que pagan los pasajeros es una forma de "compartir gastos" y no se convierte en el pago por un transporte colectivo. "Con el fin de delimitar los supuestos en los que la contraprestación recibida por el conductor o conductora pueda implicar la realización de un transporte público, podrá establecerse reglamentariamente un baremo de costes para estos servicios de movilidad colaborativa", dice el proyecto de ley en uno de sus artículos.
Esta transformación del transporte urbano partirá de la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, al estilo del de Protección Civil, del Sistema Nacional de Saludo o de Dependencia, del que se descolgarán organismos que serán responsables de controlar que municipios y grandes centros de actividad cumplen con la nueva obligación de dotarse de "planes de movilidad sostenible" que también podrán diseñar las comunidades autónomas.
Carriles bici o aparcamientos disuasorios
En el caso de las ciudades, los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes -a partir de los que están obligadas por la Ley de Cambio Climático a crear ZBE- tendrán un año desde la entrada en vigor de esta ley para dotarse de planes de movilidad sostenible que deberán incluir elementos como zonas de bajas emisiones, distribución urbana de mercancías, aparcamientos disuasorios o vías para la "circulación segura" en bicicleta o ciclo. Las comunidades autónomas podrán decidir que también lo diseñen municipios fuera de esta categoría o mancomunidades que agrupen localidades más pequeñas.
Según la futura ley, la manera en que los ayuntamientos deberán favorecer la movilidad sostenible incluye "primer especialmente la movilidad a pie", incluida de personas con discapacidad en aparatos autorizados y en bicicleta o ciclo.
También el transporte colectivo y cuando se trate de vehículos privados "deberán primarse" los que tengan tecnologías que supongan menos emisiones contaminantes y "vehículos que supongan una menor ocupación del espacio público".
Transporte colectivo en las empresas y teletrabajo
En los grandes centros de actividad, los ministerios de Transportes y de Trabajo deberán identificar cuáles de ellos deben contar también con planes de movilidad sostenible y los objetivos que tienen que cumplir. La selección se hará en función de la superficie que ocupen, el número de empresas que alberguen, el número de personas que trabajen por turno o de visitantes en horas punta.
Cuando la lista y los criterios estén elaborados -las comunidades podrán añadir otros-, estos polígonos tendrán 18 meses para redactar un plan así como para designar "un gestor de movilidad".
Por su parte, las empresas y entidades públicas donde trabajen más de 500 personas -o 250 por turno- también deberán hacer su propio plan de movilidad, en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la futura ley. Deberá negociarse con el comité de empresa o, en su defecto, con los sindicatos más representativos y deberá incluir "soluciones de movilidad sostenible" como transporte colectivo, de cero emisiones, transporte compartido y colaborativo o "teletrabajo en los casos que sea posible". Estas soluciones deberán estar disponibles para los trabajadores y también para los visitantes o proveedores.
Los centros de trabajo más grandes, con más de 1.000 empleados y que estén en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las empresas deberán incluir también medidas para reducir la movilidad en las horas punta y para promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.
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