La permisividad que otorgó la Ley de Cambio Climático para los ayuntamientos que, estando obligados, no crearan zonas de bajas emisiones (ZBE) con restricciones del tráfico tiene visos de acabarse. El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha avanzado este jueves "penalizaciones" para los alcaldes que no avancen -o retrocedan- en movilidad sostenible, que previsiblemente irán más allá del perjuicio que supondrá que a finales de este año tengan que devolver los fondos europeos que recibieron para crear ZBE, carriles bicis o peatonalizar calles. A la inversa, habrá "premios" para las ciudades cumplidoras.
"Vamos a premiar a aquellos municipios que hagan un trabajo en pro [de la movilidad sostenible] y aquellos que no los vamos a penalizar, es la única manera de hacerlo", ha dicho durante un desayuno informativo en Madrid. De momento, no ha concretado la manera ni la vía para hacerlo, aunque no está previsto que sea en el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible que Consejo de Ministros aprobará en febrero, calcado del que decayó en la pasa legislatura para no trastocar el consenso alcanzado entonces en el Congreso, pero podría ir como enmienda posterior o en otra pieza legislativa. El ministro sí ha precisado que no solo se dirigirán a los alcaldes que no hayan creado las ZBE, también a ayuntamientos que las tengan pero que no multen o que limiten las zonas peatonales a los aledaños de la plaza mayor, por ejemplo.
"Eso no sirve. Es muy poco serio y en este país en que es ideología hasta el aire que respiramos, es un problema de salud y contaminación ambiental", ha advertido Puente, que ve una "actitud muy preocupante" en alcaldías que no solo no crean ZBE, sino que deshacen carriles bici o zonas peatonales que crearon alcaldes anteriores. Según ha dicho, en ciudades de otros países el debate sobre la movilidad sostenible gira en torno a si hay que ir más rápido o más despacio, pero "lo que no tiene equivalente es la resistencia de las ciudades a trasvasar personas de los coches al transporte público".
"Es un fenómeno único. Es un disparate", ha enfatizado sobre la vuelta atrás que están dando algunos ayuntamientos -muchos del PP y Vox- a reformas como la creación de carriles bici, peatonalización o carriles especiales para el transporte público.
Ayudas para seguir avanzando
Con respecto a los "premios" para las ciudades cumplidoras y que quieran ir más allá, Puente ha apuntado a la ayuda para ello por parte del Gobierno. Habrá una "política de incentivos" y ha apostado por "un rating de las ciudades que quieren seguir innovando" para conseguir, por ejemplo, que el autobús público sea una alternativa prioritaria de transporte. Estas ayudas podrían destinarse a la compra de material y hacer infraestructuras.
"Tenemos que poner el transporte público entre las prioridades de las ciudades y eso se hace apostando por las frecuencias, el confort, que cuando el ciudadano se plantee moverse en transporte público sea como primera opción", ha dicho el exalcalde de Valladolid.
A riesgo de devolver 1.500 millones
A su llegada al Ministerio el pasado mes de diciembre, uno de los dossieres que heredó Puente es la transformación del tráfico y del transporte público en las grandes ciudades, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático que obligó a las de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de tráfico restringido (las ZBE) para incentivar el transporte público, modernizando flotas y favoreciendo alternativas como la bicicleta o el paseo, con más carriles bici y zonas peatonales. Para financiar estas acciones, entre 2021 y 2022 el Ministerio de Transportes repartió 1.500 millones entre centenares de ayuntamientos que se han convertido en el segundo límite temporal y mucho más coercitivo, porque si las obras no están hechas a finales de 2024 deberán devolverse a Bruselas.
Tal y como h a recordado hoy Puente, esta ley -competencia del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera- no preveía ningún régimen sancionador para las ciudades que incumplieran la ley, algo que, han hecho de forma generaliza al final del plazo que se les dio -2023-, hasta hoy.
Puente ha considerado que se trató de una ley "bienintencionada" porque "no previó las consecuencias" de que no cumplieran. Hasta ahora, las más evidentes son la obligación de devolver las ayudas europeas a final de año, que el ministro ha avanzado que se complementará con otro tipo de "penalización", todavía por concretar.
Hasta entonces, ya advertido de que ya será bastante perniciosa la posibilidad de tener que devolver la parte de los 1.500 millones de fondos europeos que no hayan utilizado los alcaldes en actuaciones de movilidad sostenible. El ministro lo ha considerado un "problema" no solo para los ayuntamientos afectados, sino porque el no cumplimiento del hito en movilidad sostenible hará que no se reciban "más fondos" del Fondo de Recuperación de la UE.
"Tenemos una situación complicada porque no hay un sistema de penalización pero sí hay unos fondos europeos que han estado vinculados a determinadas operaciones que iban condicionadas a impulsar las ZBE", ha dicho Puente, que ha reiterado que "en este momento hay un riesgo real de que tengan que devolverse a la UE", algo que, ha dicho, "no es ninguna tontería".
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