El Ministerio de Transportes ya ha iniciado los trabajos técnicos para actualizar el mapa de concesiones de las líneas de autobús interurbano, para renovar la propuesta que la exministra Raquel Sánchez presentó en la legislatura pasada y que tuvo en contra a buena parte de los gobiernos autonómicos. Este lunes, los de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana han reiterado su oposición a que las autonomías tengan que asumir las rutas deficitarias, aunque sea a cambio de una compensación económica, en el nuevo intento del Ministerio de actualizar y redistribuir los recorridos.

La patronal de las empresas de autobús, Confebús, ha organizado este lunes en el Congreso una jornada sobre la Ley de Movilidad Sostenible que acaba de llegar a la Cámara para reintentar la tramitación que el año pasado quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales. La norma da un mandato claro al Gobierno para que actualice el mapa de concesión de las líneas de autobús, en un modelo que no parece peligrar en aras de una liberalización completa, a tenor de lo que han apuntado representantes del Ministerio de Transportes y de distintos grupos políticos, así como de los representantes autonómicos y Confebús. "Si se excluyen los tráficos con ratios de rentabilidad aceptables, el sistema se vendrá abajo, porque está diseñado como una red", en las que las compañías que tienen concesión de rutas rentables suplen así pérdidas de las deficitarias, ha advertido Jaime Rodríguez, director de una organización de un sector que agrupa a 2.700 empresas y 44.000 vehículos.

"El modelo que tenemos implantado facilita que la Administración en todo momento controle la situación del transporte en el territorio y garantice que el servicio que se presta es adecuado para cada entorno", ha dicho la directora general de Transporte por Carretera del Ministerio, Roser Obrer, sobre un sistema que en estos momentos ofrece transporte público en todos los municipios españoles con al menos 50 habitantes mediante un sistema de concesión, en el compañías compiten en licitaciones por hacer en exclusiva rutas que gestiona el Estado en el caso de las de larga distancia o las comunidades, en el caso de recorridos más cortos.

El problema que reconocen todas las partes es que este mapa está "obsoleto", con rutas que se operaban hace muchos años que ahora mismo no tienen apenas pasajeros, como la que une Ferrol-Algeciras o Madrid-Segovia. Melgar de Fernamental, por algunas que se han mencionado este lunes, y que responden más a rutas de la emigración del siglo pasado que a las necesidades actuales.

En este panorama, la exministra Sánchez intentó en 2022 modernizar el mapa de las concesiones con un primer borrador que levantó mucho revuelo autonómico, porque planteaba que el Estado conservara solo aquellas rutas de autobús rentables y que las comunidades asumieran aquellas que no lo fueran pero que dieran servicio en sus respectivos territorios, a cambio de una compensación económica que nunca llegó a concretarse, porque a las puertas entonces de elecciones en Andalucía el Gobierno detuvo un proceso que también estuvo rodeado de miedos de que también se fueran a eliminar paradas en algunos municipios, que el PSOE desmiente porque defiende que fue solo un primer intento de reordenar el mapa por la parte Estatal sin entrar aún a definir cómo quedarían las líneas con recorridos dentro de provincias o comunidades.

Coordinación Ministerio-comunidades

Ahora, el Ministerio de Transportes está haciendo de nuevo el trabajo técnico y que, aunque la base será el que ya hizo la ministra Sánchez, no tiene por qué mantener todos sus puntos, incluidos los más polémicos. Para evitar rechazos antes de tiempo, en el PSOE creen que lo mejor es que haya una reunión con todas las comunidades para explicar bien cualquier paso que se vaya a dar. "Tenemos la firme voluntad de desarrollarlo en colaboración con las comunidades nuevos mapas de concesiones. El nuestro [estatal] tiene que dar servicio a una movilidad de larga distancia", ha afirmado la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, que ha apostado porque el resultado sea que los ciudadanos no tengan que distinguir si una línea la gestiona el Ministerio o la comunidad autónoma. "No pueden percibir que son distintas administraciones, porque además les da igual, quieren coordinación y que el servicio público satisfaga sus necesidades".

Antes de que llegue este momento, este lunes Castilla-La Mancha y Castilla y León han dejado claro en el Congreso que no están de acuerdo con separar tan tajantemente líneas de autobús de gestión estatal y autonómica y menos aún de que recaiga en las comunidades las más deficitarias, particularmente en dos comunidades con graves problemas de despoblación en las que la existencia del autobús es un elemento de fijación de población. Ambos gobiernos autonómicos los prestan de todos modos a los habitantes de hasta las poblaciones más pequeñas, en muchos casos con servicios a demanda o integrándolos, por ejemplo, con rutas escolaras. 

Además, han reclamado que la Ley de Movilidad Sostenible contemple también la financiación para el transporte interurbano por autobús y no solo del transporte urbano. Lo que no contemple en este ámbito, Castilla-La Mancha que lo exigiría vía financiación autonómica, ha advertido su director general de Transportes, Rubén Sobrino. Según ha afirmado, en zonas tan despobladas el autobús interurbano es el "cuarto pilar" del Estado del bienestar, que permite que los ciudadanos puedan ir al médico, a estudiar o a ejercer su "derecho al trabajo". "No vale que tengamos un sistema muy rentable en una parte y muy deficitario en otro", ha dicho Sobrino, que cree que Gobierno y comunidades tienen todavía "mucho que trabajar" para evitar "situaciones como que en el nuevo mapa de concesiones las líneas estatales tengan paradas solo en sitios con mucha demanda y otras que vayan parando por todos los pueblos, que sean deficitarias y que tengamos que asumirlas las comunidades".

"Si fuera desde una perspectiva económica, prácticamente dejaríamos de prestar toda las líneas de autobús de nuestra comunidad", ha afirmado la directora general de Transportes de Castilla y León, Laura Paredes, que ha indicado que en 2023 la Junta invirtió 32 millones para financiar el transporte interurbano por autobús, 38 millones en 2022 y 40 en 2023. "Si seguimos apostando por el transporte es necesario dotarlo de suficiente financiación".

Lo que espera Castilla y León de la Ley de Movilidad Sostenible es que "tenga en cuenta la movilidad rural y que todos los territorios y población tienen derecho a ella, que haya una demanda coordinada de las líneas estatales y autonómicas para que no se dejen de prestar servicios" y "financiación para todos tipos de transporte", no solo para el urbano, también para el rural y el interurbano.

Por su parte, la jornada de este lunes ha dejado claro que la necesidad de poder financiar líneas de autobús que no coge apenas gente pero que es necesario para poblaciones y municipios no está solo en comunidades afectadas 'oficialmente' por la despoblación. También en la Comunitat Valenciana, de las más pobladas de España, pero con zonas donde los autobuses no se llenan y si se aplicara solo un criterio de rentabilidad había que dejar de operar. "Tenemos condiciones extraordinarias sobre el papel", ha dicho su director general de Transportes, Manuel Ríos, en una Comunidad que concentra el 90% d la población en la mitad del territorio. La otra mitad "está vaciada" y debe utilizar transporte a la demanda que con el actual mapa de concesiones requiere una inversión de 50 millones por parte de la Generalitat.