Cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas escenificaron el pasado mes de enero, en la feria turística Fitur de Madrid, un frente común que va más allá de la estrategia de los partidos, ya que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, se unió a sus homólogos populares de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; de Andalucía, Juanma Moreno, y de Murcia, Fernando López Miras, para reclamar en total al Gobierno central de Pedro Sánchez algo más de 3.000 millones de euros para compensar su déficit de ingresos para la prestación de los servicios públicos que tienen transferidos.
En aquella minicumbre, bautizada como 'la conjura de Fitur', los cuatro barones territoriales pusieron sobre la mesa el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que fija una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones; para Comunitat Valenciana, de 1.148 millones; para la Región de Murcia, de 405 millones; y para Castilla-La Mancha, de 315 millones.
La estrategia de estas comunidades pasa por exigir la reforma del modelo de financiación autonómica para poner fin a esta situación. Sin embargo, como se antoja un asunto problemático que requiere un amplio acuerdo a nivel político y territorial, con intereses cruzados entre partidos y comunidades, estos dirigentes autonómicos han planteado la activación de un mecanismo de nivelación que iguale sus ingresos con la media del resto de regiones.
El citado informe de Fedea, un centro de estudios vinculado a las grandes empresas del Ibex, advertía del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, algo que, según destacaba, "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial". En el caso valenciano, la Generalitat cifra en 7.128 millones el fondo por la infrafinanciación hasta 2027.
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