Barones del PP y del PSOE han mantenido este miércoles una "minicumbre" en Fitur en la que han coincidido en reclamar juntos al Gobierno mejoras en su financiación. El andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras, el valenciano Carlos Mazón -los tres del PP- y el castellano-manchego Emiliano García-Page -del PSOE- consideran que las comunidades que presiden están "infrafinanciadas" y van a exigir en total algo más de 3.000 millones de euros.

Esta "minicumbre", según ha comentado Moreno, ha tenido lugar después de conocerse el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que fija una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones; para Comunidad Valenciana, de 1.148 millones; para la Región de Murcia, de 405 millones; y para Castilla-La Mancha, de 315 millones. 

Los cuatro expresidentes autonómicos han coincidido en la inauguración de la Feria de Turismo, en Madrid, y han mantenido un "breve encuentro" de unos diez minutos que Mazón ha denominado "la conjura de Fitur" y que ha reunido a las autonomías "objetivamente peor tratadas", en palabras del presidente valenciano, pero que tienen que "seguir sosteniendo la sanidad, los servicios sociales".

Tal y como ha explicado Moreno, los cuatro han coincidido en la urgente necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica con consenso, pero antes reclaman que el Gobierno salde la "deuda anual pendiente" con ellos, que en suma llegaría a los 3.277 millones de euros.

"Los cuatro estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, antes y mientras viene un nuevo sistema de financiación, haya un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale a los que están mucho mejor que nosotros", ha subrayado Mazón.

García-Page, por su parte, ha indicado que las cuatro comunidades están "de acuerdo" en que son "objetivamente perjudicadas" con el modelo vigente de financiación, y ha manifestado que, aunque le hubiera gustado "estar entre las otras autonomías a las que el modelo le ha ido bien", el hecho de estar infrafinanciadas implica que el de Castilla-La Mancha "se tiene que ajustar y se tiene que compensar". "Es que, además, lo dice la ley, no es algo que nos estemos inventando", ha comentado, recordando que esta infrafinanciación ha sido demostrada por "todas las instituciones públicas y privadas de este país".

Ante el debate de la renovación de la financiación autonómica que "está por venir", en el que va a haber "diferencias" entre unas regiones y otras "más allá de cuestiones ideológicas", ha deseado "la mayor de las suertes" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para "conseguir un acuerdo dificilísimo, y más con la postura de los independentistas catalanes, que no se quieren sentar a la mesa a negociar".

Por su parte, López Miras ha relatado a los periodistas que ha conversado con los otros tres presidentes autonómicos de la "desigualdad que está suponiendo el sistema de financiación autonómica". "No es aceptable un sistema de financiación para Cataluña a la carta, ni una condonación de la deuda", ha señalado.

El citado informe de Fedea, publicado el pasado lunes, advertía del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, algo que, según destacaba, "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial".

El centro de estudios vinculado a las grandes empresas del Ibex apuesta por abordar la reforma del sistema de financiación autonómica "en varias fases" y empezar ya con los "trabajos preparatorios". En esa primera fase, dice Fedea, se podría hablar de un fondo complementario de nivelación "financiado por entero" con recursos del Estado, esos 3.200 millones de los que han hablado Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Para una segunda fase, Fedea propone que podrían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, como una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta, de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.

Y mientras se implementa la segunda fase, el centro de estudios cree conveniente que se abran negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego con las comunidades autónomas, "para buscar un consenso lo más amplio posible sobre las reformas que el sistema necesita". "Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales", apunta.