Una quincena de organizaciones sociales, ecologistas y sindicales está apurando los últimos días que le quedan al plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita en el Congreso para convencer a los diputados de complementen el proyecto de ley existente con medidas como la de incluir por primera vez el concepto de "pobreza en el transporte", para dar lugar después a una estrategia nacional que tenga en cuenta a las personas que no tienen recursos suficientes para pagarlo, o la creación de un "billete único" de transporte, que permita a sus usuarios desplazarse por cualquier ciudad o comunidad autónoma.

Greenpeace, CCOO, UGT, Ecodes, el Consejo de la Juventud o la Fundación Renovables firman 64 propuestas de enmiendas que han presentado a los distintos grupos políticos en el Congreso, con la esperanza de que las conviertan en enmiendas que, una vez aprobadas, sirvan para "superar las importantes carencias" que ven en la ley. Fuentes de una de estas organizaciones explica que están en conversaciones con los diputados de la comisión de Transporte y Movilidad Sostenible, donde hasta el 20 de marzo permanecerá abierto el periodo de enmiendas, que se muestran receptivos en lo que estas organizaciones esperan que sea aceptarla para "mejorar" la ley con el acuerdo de distintos partidos.

Quizá el objetivo más novedoso es el intento de que la Ley de Movilidad Sostenible contemple por primera vez el concepto de "pobreza en el transporte", algo a lo que se lleva dando vueltas en la UE desde hace dos años y que convertiría a España en país pionero. Un primer paso sería que en el capítulo de "definiciones" de la ley se incluyera una nueva letra relativa a "la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes asociados a los sistemas de transporte privado o público, su falta de acceso o su acceso limitado a aquellos necesarios para poder desplazarse en su vida cotidiana a los servicios y actividades socioeconómicos esenciales".

No sería una anomalía en una futura ley que sí es seguro que introducirá por primera vez una definición de "movilidad colaborativa" que normaliza servicios como los que ofrece la plataforma Bla,Bla,Car. Una vez que se definiera en la ley la "pobreza en el transporte", estas organizaciones persiguen que se incluya en la norma el compromiso por parte del Gobierno para crear una Estrategia Nacional, que establecería medidas concretas. "El Gobierno elaborará, en el plazo de un año tras la aprobación de esta Ley, una Estrategia Nacional para definir, prevenir, atender y evaluar situaciones de pobreza en el transporte en hogares o personas individuales", dice la propuesta de enmienda que han trasladado a los grupos.

Plantean también la creación de "un sistema de tarjeta única de transporte", que expediría una determinada comunidad autónoma, pero que permitiría a los usuarios "desplazarse por todo el territorio nacional" y "para todos los medios de transporte colectivo" que, incluso podría "facilitar" los desplazamientos por el resto de la UE. 

Bici, tren, avión

Por otra parte, defienden que se introduzca una disposición adicional en la ley relativa a crear una "Estrategia nacional estatal de impulso al uso de la bicicleta". "Las administraciones públicas, de forma colaborativa, diseñarán e implementarán una red básica ciclista, de alta calidad, separada del tráfico a motor que conecten ciudades, municipios de interés, principales estaciones de transporte público, y otros destinos atractores de viajes. Estas redes se adecuarán, según convenga, al uso ciclista como modo de transporte, al cicloturismo o al ciclismo deportivo", propone.

Con respecto a otros medios de transporte, las enmiendas que promueven estas organizaciones apuestan por el tren, incluso en trayectos muy poco demandados que la ley contempla poder suprimir. El proyecto de ley que se encuentra en el Congreso contempla que, ante una "propuesta de reducción o supresión" de una línea de tren se determinen sus impactos socioeconómicos y medioambientales. Estas organizaciones presionan a los partidos para que también se contemple la posibilidad de "nueva implantación" de servicios ferroviarios y se refuercen las propuestas de supresión con alternativa que igualen o mejoren la eficiencia energética y el impacto positivo social y medioambiental del servicio a suprimir".

Cree que la ley debería incluir la idea de eliminar vuelos cortos, tal y como defiende Sumar -la Fundación Renovables, una de las organizaciones firmantes de las enmiendas es su referente en descarbonización-, con una postura más amplia que la del PSOE. La postura que defienden en el Congreso sigue siendo la alternativa de cuatro horas que figura en el acuerdo de coalición.

Más zonas de bajas emisiones 

Tal y como indica el proyecto de ley que, de nuevo, acaba de llegar al Congreso, la Ley de Movilidad Sostenible viene a "complementar" la Ley de Cambio Climático que fijó la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones, porque rebaja el umbral para extender la obligación a las ciudades a partir de 20.000 habitantes. Al margen del escaso éxito que ha tenido esta disposición hasta ahora, estas organizaciones sociales, ecologistas y sindicales intentan dar otra vuelta de tuerca y ampliar la obligación de crear zonas de tráfico restringido, a ciudades de a partir 10.000 habitantes "así como las áreas formadas por municipios colindantes" que los sumen.

También son más restrictivas las enmiendas que pelean por introducir en la ley cuando se trata de las instrucciones que contempla el proyecto de ley por lo que respecta a la obligación que determinadas empresas de tener planes de movilidad sostenible para sus empleados y visitantes, por ejemplo, con rutas de transporte en el caso de las más grandes. En este caso, las enmiendas abogan por reducir el tamaño de las empresas que estarían obligadas a tomar medidas que deberían llegar antes, en año y medio en lugar de dos años desde que entre la ley en vigor. Así, si el proyecto de ley prevé que los centros de trabajo de entre 250 y 500 empleados deben tener planes de transporte sostenible, estas organizaciones promueven que sean de 50 a 100. Además, proponen incluir un calendario en el que las empresas deberán incorporar de forma progresiva flotas eléctricas. Para 2025 debería ser el 30% de sus vehículos, en 2027; el 60%, y en 2030, el 100%.