Sumar trata de marcar perfil propio en el seno del Gobierno y eleva el tono para que el Ministerio de Vivienda, que controla el PSOE, ponga coto a los abusos contra los inquilinos con alquileres de renta antigua. La coalición que lidera Yolanda Díaz registró este viernes en el Congreso una pregunta instando a que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, tome "las medidas necesarias" para hacer frente a las subidas de estas cuotas de arrendamiento por encima del tope legal del 3%, una práctica que, según denuncia Sumar, está repuntando en los últimos meses y que afecta especialmente a "personas jubiladas y con pensiones modestas".
La iniciativa parte de la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, que denuncia que "en ciudades como Barcelona o Lleida, inquilinas e inquilinos que están sujetas a contratos indefinidos de renta antigua" están "viendo desde 2022 cómo sus administradores de fincas les están incrementando el precio del alquiler por encima del tope establecido". Según establece la ley de vivienda, ese tope es del 3% para este año, mientras que durante el año pasado las subidas estuvieron limitadas a un 2% gracias al decreto aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
Sumar pregunta a la ministra Rodríguez si "tiene constancia el Gobierno de que se está generando una práctica abusiva por parte de algunos arrendadores y administradores de fincas en cuanto a la contención de las subidas de los precios de los alquileres". Y cuestiona, además, si el Ejecutivo "va a tomar las medidas necesarias para que se aplique el tope del alquiler previsto en la ley a este colectivo", que está "en situación de vulnerabilidad", puesto que actualmente quedan ya pocos contratos de renta antigua (firmados como tarde en los años 80 del siglo pasado) y casi todos los arrendatarios son personas de edad elevada.
Sumar, asimismo, insta al Ministerio de Vivienda a "comunicar a los diferentes administradores de fincas, mediante los Colegios correspondientes, que las subidas que no cumplan con las condiciones y umbrales previstos en la ley están fuera de la legalidad vigente". Y plantea la posibilidad de "aplicar sanciones a los administradores de fincas que hayan incumplido la Ley 12/2023", es decir, la ley de vivienda que establece un tope del 3% para las subidas este año. "En caso de constatarse los abusos, ¿qué medidas piensa ejecutar el Gobierno para que los arrendatarios recuperen el margen adicional de renta cargado por algunos administradores?", pregunta por último Sumar.
En conversación con 20minutos, uno de los inquilinos afectados por estas subidas irregulares explica que su administrador de fincas lleva meses presionándole por escrito y de viva voz para poder subirle la cuota por encima del 3% que marca la ley de vivienda. "El problema es que la mayor parte de los contratos indefinidos de arrendamiento son de gente muy mayor, anciana", y a la que incluso se llega a amenazar de desahucio si no pagan lo que se les pide, denuncia este afectado, que sostiene que muchas de las personas a las que se ha subido el alquiler por encima del límite legal para 2024 no quiere protestar por miedo a represalias.
Sumar intenta elevar la presión al PSOE
La presión de Sumar al PSOE con este asunto se produce en un momento en el que la formación que lidera Yolanda Díaz busca ganar perfil propio en el seno del Gobierno después de unas semanas en segundo plano. Fuentes del partido explican que, en la reunión que mantuvo el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso hace unos días, uno de los asuntos que se discutieron fue la necesidad de que la coalición comience a mostrar con mayor claridad sus diferencias con el PSOE para presionar a los socialistas, y la dirección del grupo planteó que es necesario que la formación de Díaz se haga con tres o cuatro banderas netamente progresistas durante la legislatura.
Al igual que asuntos como la subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, el acceso a la vivienda se perfila como una de las materias en torno a las que Sumar quiere perfilar su discurso. De hecho, hace unos días Díaz y los suyos cargaron contra el PSOE por "priorizar" la puesta en marcha de una línea de avales del ICO para facilitar que jóvenes menores de 35 años puedan acceder a la compra de vivienda, una medida pactada entre los socialistas y Sumar en el programa de la coalición, pero que no gusta nada a Díaz, que incluso ha pronosticado que terminará provocando justo lo que intenta evitar: que los precios sigan subiendo.
La propia vicepresidenta, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó esta medida, dijo públicamente que "la prioridad son los millones de personas en España que no pueden pagar el alquiler". Sumar, además, se ha esforzado en recordar que el acuerdo de Gobierno con el PSOE incluía otra medida en materia de vivienda que aún no se ha cumplido y que pasaba por "publicar, con carácter inmediato, los índices de precios del alquiler en las zonas tensionadas", la herramienta base para que las comunidades que lo deseen puedan aplicar la limitación de precios que permite la ley de vivienda aprobada la legislatura pasada.
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