La tensión entre PSOE y Sumar sigue aumentando. En las últimas semanas, la relación entre los socios de la coalición del Gobierno se ha enfriado porque la formación que lidera Yolanda Díaz considera que los socialistas les han hecho varios desplantes. Y, este martes, se abrió un nuevo frente en el ya revuelto panorama con la decisión del Consejo de Ministros de aprobar una línea de avales del ICO para facilitar que jóvenes menores de 35 años puedan acceder a la compra de vivienda, una decisión que no ha gustado nada a Sumar, que ha llegado a asegurar que terminará provocando justo lo que intenta evitar: que los precios sigan subiendo.
Lo cierto es que la formación que lidera Díaz aceptó que esta medida se pusiera en marcha hace unos meses, cuando firmó el pacto de coalición con el PSOE. Ese documento establece que el Gobierno desarrollaría y aplicaría "la nueva línea de avales del ICO de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años", una herramienta mediante la cual el Estado respaldaría "el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes". Literalmente lo que se aprobó este martes en Consejo de Ministros.
Por ello, Díaz fue muy cuidadosa al elegir las palabras y criticó no que el Gobierno haya puesto en marcha esta medida a iniciativa del PSOE, sino que esa haya sido la "prioridad" de los socialistas. "La prioridad son los millones de personas en España que no pueden pagar el alquiler", denunció la vicepresidenta y líder de Sumar, que además recordó que el acuerdo de coalición incluía otra medida en materia de vivienda que aún no se ha cumplido y que pasaba por "publicar, con carácter inmediato, los índices de precios del alquiler en las zonas tensionadas", la herramienta base para que las comunidades que lo deseen puedan aplicar la limitación de precios que permite la ley de vivienda aprobada la legislatura pasada.
Díaz, además, fue muy crítica con una medida que calificó, incluso, de "política fallida". "Es evidente que tenemos una preocupación, porque el fomento de la compra de vivienda a través de avales de renta publica va a tener como consecuencia que siga subiendo el precio de la vivienda", espetó la vicepresidenta, que insistió en que "el principal problema de nuestro país" es que "es imposible vivir de alquiler en múltiples ciudades" y que "el 50% de las personas que viven de alquiler en España tienen el riesgo de entrar en exclusión social y en pobreza". "En un país con un salario mediano de 1.545 euros al mes es imposible pagar un alquiler", zanjó.
Más taxativo incluso fue el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, que aseguró que el "riesgo" de esta medida es que "puede acabar encareciendo el precio de la vivienda y, sobre todo, haciendo un trasvase de fondos públicos a los promotores y a los bancos en un contexto de tipos de interés ya muy altos", como ya ha ocurrido en otros países. "El mercado inmobiliario en España es un mercado profundamente oligopólico y marcado por el abuso, y para poner fin a esos abusos hace falta una política valiente, que pasa por limitar los precios de los alquileres, poner coto a los alquileres turísticos y de uso temporal y llegar hasta el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler social, que además ayuda a bajar el precio de la competencia".
"Nosotros esto lo tenemos claro: hay que intervenir el mercado, y esta vez, después de muchas décadas de intervenirlo a favor de los rentistas, hay que hacerlo a favor de las familias", denunció Errejón. Y en la misma línea se expresó el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, también diputado de Sumar, que criticó que los avales que se han aprobado este martes sean "incondicionados" y aseguró que, "si se hace tal como se ha planteado, eso es dinero regalado a los bancos".
Colectivos de consumidores critican la medida
Por otra parte, varios colectivos de consumidores y usuarios también han sido muy críticos con la medida aprobada este martes. "Esta medida va contra el interés general de los consumidores, ya que podría provocar un encarecimiento en el precio de compra en beneficio fundamentalmente de los bancos y de quienes especulan con los precios de la vivienda" denunció a este respecto Facua a través de un comunicado. En la misma línea se pronunció la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que denunció que estos préstamos pueden "convertirse en un subsidio encubierto para el promotor".
"Manifestamos, una vez más, la necesidad de promover un parque de vivienda pública para jóvenes y colectivos vulnerables sólido y de dimensiones adecuadas, como medida prioritaria frente a los préstamos ICO planteados hoy por el Gobierno. En determinadas poblaciones los precios de la vivienda están sumamente tensionados y ese coste desproporcionado no lo va a asumir el promotor de nueva vivienda, sino el joven adquiriente", espetó Asufin, que instó al Gobierno a que, si sigue adelante con la medida, al menos prohiba que los bancos suban "los tipos de interés con la contratación de otros productos, como seguros".
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